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En una nueva edición de esta obra, iniciada hace 21 años, participaron más de 180 alumnos de nuestra Facultad. Asimismo 40 estudiantes participaron en las misiones organizadas por la Pastoral UC.

La actividad contó con la participación del Gran Canciller de la UC, Fernando Chomalí, el profesor de nuestra Facultad, Pedro Irureta, y la investigadora CLAPES UC, Carmen Cifuentes, quienes resaltaron la importancia de propender a un sueldo ético y trabajo digno.

Durante la actividad de bienvenida e inducción, liderada por el decano Gabriel Bocksang, y por el director de la Escuela de Derecho, Cristóbal Izquierdo, se entregaron directrices y consejos sobre cómo se debe realizar la actividad docente alineada a los valores de la Facultad y Universidad, además de dar a conocer la estructura y organización de Derecho UC.

La actividad abordó los aspectos más importantes de la Ley 21.643, que entra en vigencia el próximo 1 de agosto, el dictamen de la Dirección del Trabajo para el sector privado y la circular de la Superintendencia de Seguridad Social con contenidos mínimos que deben tener los protocolos de prevención del acoso sexual, laboral y violencia en los lugares de trabajo.

El encuentro se produjo en el marco del convenio general de cooperación que tiene la UC con la casa de estudios sudafricana, firmado en abril. En la reunión se compartieron mejores prácticas y se exploraron otras posibilidades de colaboración entre ambas universidades.

En el encuentro se abordaron temas como liderazgo, cuotas, transformación demográfica y brechas.

La conferencia tuvo como objetivo fomentar la reflexión y el debate sobre las transformaciones que está experimentando el Derecho Público como consecuencia de los avances sociales.

El curso, titulado Gobernanza global: construyendo una nueva agenda, comenzará el próximo 6 de agosto con 15 estudiantes chilenos y 15 estudiantes argentinos. Las postulaciones se encuentran cerradas.

La obra busca ser una herramienta práctica para todos los funcionarios y servidores públicos dedicados a la probidad y transparencia y relacionados con el sistema de compras públicas.

La iniciativa incluye un informe sobre justicia en el que, cada dos meses, se analizarán distintos proyectos de ley, identificando los principales hallazgos y entregando propuestas.