Diario Financiero

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Conservador y de derecha, el académico de la UC pasó en un año de criticar un cambio constitucional global a estar por el "Apruebo", como una posible fórmula para salir de la crisis. Favorito de La Moneda y de Presidencia, tendría descartado ir de constituyente, pero es uno de los cerebros fundamentales del sector político que busca evitar que la nueva Constitución se transforme luego en un vehículo para el radicalismo, como suele explicar en privado. Ahora asesora al gobierno, que prepara su proyecto constitucional para presentar en abril a una posible convención.

En junio, cuando la pandemia estaba en su peor momento, el constitucionalista Sebastián Soto (42 años) junto a un experto de la oposición trabajó para proponer públicamente una alternativa, en caso de que el referéndum no pudiera realizarse en octubre, por la crisis sanitaria: saltarse el plebiscito de entrada y, directamente, elegir a los constituyentes en abril En otras palabras, algo parecido a dar por ganador al "Apruebo".

El académico de Derecho de la UC, director del Departamento de Derecho Público de la facultad, consejero del CDE y cercanísimo del jefe de asesores de Presidencia, Cristián Larroulet, Soto en el último año pasó de criticar un cambio constitucional global y total a estar por el "Apruebo", como ha comentado en privado (aunque medio mundo suponga que está por el "Rechazo"). Catalogado por expertos como conservador, dogmático y como el "último dique" de la Constitución de 1980 -conservadora en lo moral y liberal en lo económico-, tuvo una evolución que lo llevó a convencerse que una nueva Carta Fundamental podría transformarse en un vehículo descompresor de la crisis política y sociaL

Estos son los pasos del constitucionalista favorito de Piñera y de La Moneda, que se ha definido como un republicano preTrump, es decir, identificado con la cosmovisión religiosa y el libre mercado. Cercano a la Edmund Burke, padre del liberalismo conservador británico, pero no a Pinochet. Historia de una evolución Antes del acuerdo del 15 de noviembre, Soto defendía que la discusión constitucional debía atenderse, pero sin prisas: que la crisis de octubre era "mucho más social que constitucional; que no creía en una Constitución de Aladino que resolviera todos los sueños; que los plebiscitos polarizan; que las experiencias de países como Venezuela, Bolivia y Ecuador eran "fracasadas". Pero, sobre todo, empujaba una propuesta que no prosperó y que habría conversado varias veces tanto con Piñera como con constitucionalistas del sector: que 2020-2021 fuera un momento de participación constitucional y que el gobierno se comprometiera a que el próximo Congreso elegido en 2021 fuera constituyente y en sus primeros meses se dedicara a redactar una nueva Carta FundamentaL Las fuerzas políticas, sin embargo, acordaron otra fórmula.

Y su posición se fue decantando hacia el "Apruebo" porque, a diferencia del "Rechazo", incluye un evento descompresor que Soto consideraría fundamental, según ha explicado en diferentes instancias: el acto de participar en una elección que da inicio a una nueva Constitución (como la de abril próximo), que tiene una tremenda potencia institucionaL Pero Soto ha manifestado que tiene buenas razones para no declarar públicamente que está por el "Apruebo". Defensor de La prescindencia Jefe de la división jurídica de la SEGPRES en el primer gobierno de Piñera, con el ministro Larroulet al frente, Soto integra el grupo que ha defendido la necesidad de la prescindencia del Ejecutivo, en la misma línea en que se ha mantenido el mandatario. Como el presidente -que busca desdramatizar el resultado del plebiscito y centrarse en los contenidos-, está en el grupo de expertos y políticos de Chile Vamos que piensan que La Moneda debe mantenerse neutraL No piensa, como algunos en la propia derecha, que la neutralidad lo acerca al "Rechazo" -como lo cree la misma ciudadanía, de acuerdo a las encuestas-, y que podría pagar los costos políticos de una posible fuerte derrota de esta opción. La mirada de los que defienden la prescindencia está puesta en el día después, 26 de octubre, cuando Chile comience su tren de elecciones y la derecha se rearme, con la apuesta de mejor actuación conjunta que la oposición, capacidad de negociar los candidatos y buenos nombres.

De derecha por convicción y tradición familiar, Soto -master en Derecho por Columbia y doctor de la Universidad de Chile- se ha identificado como conservador no estático, pero que planifica los cambios, alejado de la mirada revolucionaria de la izquierda. No ha militado. Actualmente, forma parte del grupo transversal que se reúne cada miércoles por Zoom para discutir contenidos constitucionales, organizado por el abogado Gastón Gómez (cercano a RN, que fue el histórico asesor del senador Piñera en temas constitucionales). En una reunión reciente se abordó la libertad religiosa y se pronunció en la línea de constitucionalistas DC, (Patricio Zapata, Ignacio Walker y Tomás Jordán). Entre los que estaban por un Estado laico de separación entre Iglesia y Estado, se hallaban Agustín Squella y Francisco Zúñiga. Los centros de estudios de Chile Vamos trabajan hace semanas en contenidos constitucionales en la búsqueda de sus mínimos comunes. Lo mismo que Andrés Chadwick, en un grupo coordinado por Natalia González y Constanza Hube, de LyD. En la propuesta del ex ministro del Interior, por el momento, Soto no ha colaborado, aunque está al tanto de los avances. El constitucionalista, al menos por ahora, ha enfocado todo su trabajo sobre la nueva Constitución en su asesoría al gobierno, que -como anunció Piñera- trabaja en un proyecto de reforma a la Carta Fundamental que tendrá que ser presentado a la convención constituyente en abril, de ganar el "Apruebo". Soto, en cualquier caso, tendría descartado postular como constituyente, porque prefiere quedarse en la trastienda técnica. Cuando se lo preguntan, suele decir: "Si tienen que elegir entre Soto y Cathy Barriga para la convención, elijan a Cathy Barriga. Ella es la que saca votos".

Soto ha manifestado en diferentes instancias que no se trata de que una nueva Constitución sea más o menos chavista -hasta la cubana garantiza el derecho a la propiedad, por ejemplo-, sino si sirve posteriormente en un vehículo para la radicalidad. Es el peligro que ven algunos expertos de esta línea, en un momento en que lo político pasa por alto lo técnico, como en la discusión sobre el retiro del 10% de los ahorros previsionales.


Son al menos tres áreas los que podrían deteriorar la institucionalidad, de acuerdo a esta mirada:

1) Debilitamiento de la representación política y fortalecimiento del asambleismo. a través de mecanismos invasivos de democracia directa

2) Debilitamiento de la autoridad presidencial -Soto está por mantener el presidencialismo, con algunos cambios-. que podría perjudicar el poder del Estado y del gobierno, con una fórmula incapaz de entregar orden y estabilidad.

3) El relato de los derechos garantizados, que -temen en este sector- podría transformarse en un vehículo de tiempos en los que ciertos dogmas se acaben. como la disciplina fiscal de Chile o jueces más o menos constreñidos.