La Segunda
La emergencia sanitaria nos ha puesto en evidencia que, frente a determinados desafíos, debemos cambiar la forma como se han venido haciendo las cosas. La realidad no da margen ni tiempo. En materia de agua, las proyecciones muestran que la demanda continuará aumentando, y la disponibilidad natural decreciendo a ritmo vertiginoso (ej. en las regiones de Valparaíso y Metropolitana, las precipitaciones han bajado 33-38% en la última década). En este contexto, mientras el país se seca, parte del debate sigue anclada en discusiones ideológicas, desconectadas de la realidad y las necesidades.
De los diagnósticos debemos pasar a ejecutar acciones concretas, basadas en la técnica, que apunten a resolver los desafíos de la gravísima sequía y el cambio climático. Me parece pertinente enfocar el desafío bajo cuatro pilares.
El rol del agua en el saneamiento. Chile, en 1960, era uno de los países con más alta mortalidad infantil de América Latina provocada por enfermedades infecciosas a través del agua. Frente a este desafío se ejecutó un fuerte plan de inversión en agua potable y saneamiento, se implementó una nueva regulación de los servicios sanitarios (1988), y se introdujeron capitales privados en las empresas del sector (entre 1998 y 2004). Así, se logró una cobertura de agua potable urbana del 100%, y el tratamiento de aguas servidas subió del 8% (1989) al 99,8% (SISS, 2018), superando a Suecia (87%), Noruega (84%) y México (63%), entre otros. Gracias a ello se logró disminuir la mortalidad infantil, de 120 niños fallecidos antes del primer año de vites de primer año de vida en 1960 (por mil nacidos vivos), a siete en 2010. Así, sobre lo avanzado se deben resolver los desafíos aún pendientes, principalmente en sectores rurales.
El Estado como administrador y garante. Dado el carácter público del agua, no cabe duda que el Estado debe seguir siendo el ente regulador, y para ello requiere un fortalecimiento de sus atribuciones, capacidades y recursos. Bajo este entendido, el llamado a los políticos del eslogan falso de que el agua en Chile es un bien privado, es a trabajar responsablemente y construir soluciones. No podemos permitir que falsos conflictos sean instrumentalizados para amparar 'retroexcavadoras' y propuestas refundacionales.
Urgencia, inversión, y gestión. El complejo escenario actual no debe en-trabar las acciones y decisiones en la materia, más aún si están vinculadas con la vida y salud de las personas. Si bien es necesario modificar el Código de Aguas, muchos de los problemas más urgentes (acceso a agua potable sequía agua potable, sequía, fiscalización) se resuelven con gestión e inversión, pública y privada, y no mediante ley.
Acciones basadas en fundamentos técnicos. Propuestas de fortalecimiento de la institucionalidad pública, si la autoridad del agua debe estar en manos de un experto, con experiencia y elegido por concurso público, o en un/a ministro, subsecretario, u otro personero del Gobierno de turno, nos darán una clara señal al respecto.
De los diagnósticos debemos pasar a ejecutar acciones concretas, basadas en la técnica, que apunten a resolver los desafíos de la gravísima sequía y el cambio climático. Me parece pertinente enfocar el desafío bajo cuatro pilares.
El rol del agua en el saneamiento. Chile, en 1960, era uno de los países con más alta mortalidad infantil de América Latina provocada por enfermedades infecciosas a través del agua. Frente a este desafío se ejecutó un fuerte plan de inversión en agua potable y saneamiento, se implementó una nueva regulación de los servicios sanitarios (1988), y se introdujeron capitales privados en las empresas del sector (entre 1998 y 2004). Así, se logró una cobertura de agua potable urbana del 100%, y el tratamiento de aguas servidas subió del 8% (1989) al 99,8% (SISS, 2018), superando a Suecia (87%), Noruega (84%) y México (63%), entre otros. Gracias a ello se logró disminuir la mortalidad infantil, de 120 niños fallecidos antes del primer año de vites de primer año de vida en 1960 (por mil nacidos vivos), a siete en 2010. Así, sobre lo avanzado se deben resolver los desafíos aún pendientes, principalmente en sectores rurales.
El Estado como administrador y garante. Dado el carácter público del agua, no cabe duda que el Estado debe seguir siendo el ente regulador, y para ello requiere un fortalecimiento de sus atribuciones, capacidades y recursos. Bajo este entendido, el llamado a los políticos del eslogan falso de que el agua en Chile es un bien privado, es a trabajar responsablemente y construir soluciones. No podemos permitir que falsos conflictos sean instrumentalizados para amparar 'retroexcavadoras' y propuestas refundacionales.
Urgencia, inversión, y gestión. El complejo escenario actual no debe en-trabar las acciones y decisiones en la materia, más aún si están vinculadas con la vida y salud de las personas. Si bien es necesario modificar el Código de Aguas, muchos de los problemas más urgentes (acceso a agua potable sequía agua potable, sequía, fiscalización) se resuelven con gestión e inversión, pública y privada, y no mediante ley.
Acciones basadas en fundamentos técnicos. Propuestas de fortalecimiento de la institucionalidad pública, si la autoridad del agua debe estar en manos de un experto, con experiencia y elegido por concurso público, o en un/a ministro, subsecretario, u otro personero del Gobierno de turno, nos darán una clara señal al respecto.
'Muchos de los problemas más urgentes se resuelven con gestión e inversión, pública y privada, y no mediante ley'.
