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A casi ocho años del fatídico 27F, la pesadilla judicial de 74 familiares de 20 víctimas del tsunami en Juan Fernández, San Antonio, Constitución, Talcahuano y Tomé, parece haber llegado a su fin.
La Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de casación presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra la resolución que condena al Estado de Chile a pagar 1.840 millones de pesos a las víctimas, y confirmó la sentencia del juez del 22° Juzgado Civil de Santiago, Pedro García, quien estableció la responsabilidad de Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) y del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) por falta de servicio durante la emergencia.
La resolución dice que 'si bien es efectivo que, en general, cualquiera persona, atendido al sismo previo al tsunami, pudiera no haber reaccionado en la forma que correspondía frente a la eventualidad de un maremoto, no es menos cierto que, al contrario de lo que señala la parte demandada, ello no resulta aplicable a las autoridades que ostentaban cargos que les imponían precisamente la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar o, al menos, paliar las consecuencias de este tipo de fenómenos naturales'.
La profesora de Derecho Administrativo y directora de la Clínica Jurídica de la UC Sandra Ponce de León, explica que 'la falta de servicios por parte del Estado es un concepto jurídico indeterminado, establecido por ley, pero interpretado por el tribunal'. Pese a este cierto grado de ambigüedad, aclara que no es llegar y aplicar. 'Para que el juez lo considere debe cumplirse al menos una de estas tres condiciones: la primera es que debiendo actuar el Estado, no lo haga; la segunda es que actúe, pero tardíamente, lo que obviamente afectará a las personas; y la tercera, es que el Estado actúe, pero no de acuerdo a los estándares que se le exigen'.
Así también lo cree el abogado Alfredo Morgado quien, como representante de 20 familiares de víctimas, llamó a no impresionarse con el monto indemnizatorio. 'No olvidemos que no hay cifra en el mundo que compense la pérdida de un hijo, padre o esposo, sobre todo cuando durante la investigación se sugirió que muchos habían muerto por refugiarse en los cerros', alega el penalista, quien recuerda que muchas familias salieron de sus refugios luego de que las autoridades aseguraron que el peligro había pasado, 'o simplemente nunca se les informó de nada'.
Eso le ocurrió a Hellen Fajardo, madre de Joaquín Ortiz, más conocido como Puntito, el niño robado por el mar en la isla de Juan Fernández. 'Nunca nos dijeron nada y más encima durante el juicio el CDE sugirió que mi hijo se perdió porque no lo cuidé bien, lo que es una total mentira'.
La resolución ordena al Estado a pagar entre 7.500.000 pesos y 30.000.000 de pesos a cada uno de los familiares.
