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En un mercado de personas informadas y responsables, no sería necesario tener leyes que nos obliguen a certificar nuestros recursos comunes, como los ascensores. Sería tan absurdo como una ley que nos obligue a regar el jardín del condominio. Pero siendo realistas, ¿cuántos de nosotros revisamos el detalle de los gastos comunes o participamos en las juntas de copropietarios o vecinos?
La realidad es que cuando existen recursos comunes es difícil que alguien se haga cargo de ellos, porque siempre esperamos que el vecino lo haga. Pero además, se agrega la dificultad de notar cuando están a punto de fallar. Aunque las fallas en los ascensores son bajas en relación a los millones de viajes que se hacen diariamente en ellos en Chile, cuando ocurre un accidente, la tragedia puede ser de proporciones.
La obligación de sello vertical a los ascensores es positiva porque nos obliga a ser conscientes que los bienes comunes tienen costos que debemos soportar todos y que el principal interesado en que el dinero de los gastos comunes se ocupe eficientemente somos nosotros y no el administrador. Si existen más de 100 empresas certificadoras de ascensores en Chile, que deben cumplir requisitos para operar que no parecen imposibles de satisfacer, ¿será que el precio de las mantenciones es alto por falta de competencia o por nuestra indiferencia de exigir eficiencia en los gastos de nuestro edificio?
