El Mercurio
En una casa amarilla de dos pisos en la calle Golán, en La Florida, hay un cartel que dice "consulta a la vuelta por Grecia". Desde afuera parece una residencia, pero es un centro médico que se anuncia como especializado en salud mental.
De lunes a viernes, de 12:30 a 17 horas atiende, desde hace casi 20 años, la doctora Nelly Nieto Vidal (67). Se presenta como psiquiatra, pero según el Registro Nacional de Profesionales de la Salud, Nieto no figura con esa especialidad.
La doctora Nieto ha debido pagar al menos $15 millones en multas cursadas por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), tras haber sido sancionada en siete ocasiones, entre 2012 y 2016, por emitir "licencias médicas sin fundamento" o por incumplir la prohibición de emitir licencias.
Si bien su primera multa fue en 2012, ya en 2009 tres isapres presentaron una querella en su contra por "infracción en el otorgamiento de prestaciones". Sin embargo, el Ministerio Público decidió no proseguir con la investigación.
Las resoluciones en su contra emitidas por la Suseso indican que incluso entre 2013 y 2015, cuando su permiso para emitir licencias había sido revocado, la doctora Nieto entregó a lo menos 595 licencias.
Para Nieto, todas sus licencias están justificadas. "Tengo la ficha clínica de cada paciente que veo y según mi criterio médico emito una licencia cuando es necesario. Pero a la isapre no le gusta que la gente haga uso del reposo prolongado porque tienen que pagar su reposo", dice a "El Mercurio".
En 2012, a raíz del sostenido aumento de entregas de permisos médicos y diversas denuncias en contra de profesionales de la salud, entró en vigencia la Ley 20.585, que estableció multas a beneficio fiscal entre los $350 mil y $3,7 millones y suspensiones de hasta un año por emitir licencias sin fundamentos. Además, se anunciaron más facultades fiscalizadoras para la Suseso y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin).
Sin embargo, las denuncias se mantienen. Más aún, una parte importante de los médicos sancionados perseveran en estas conductas, sin tener una sanción legal.
Así lo demuestra un análisis de "El Mercurio", que con información obtenida a través de la Ley de Transparencia, revisó las multas cursadas por la Suseso por emisión de licencias falsas -o con "evidente ausencia de fundamento médico", nombre oficial de esta falta- entre 2012 y 2017.
El resultado del análisis revela que 230 profesionales han sido sancionados en los últimos 5 años. De ellos, 56 son "reincidentes", es decir, han repetido esta falta en dos o más ocasiones.
Poco más de la mitad de los doctores que insisten en emitir licencias sin fundamento también tienen querellas y demandas civiles por emitir documentación falsa y multas por otorgar permisos cuando su facultad para hacerlo estaba suspendida.
El análisis revela que incluso hay médicos que han sido multados al menos una vez por año desde 2013 hasta hoy.
Los más multados
De los 56 médicos reincidentes, 20 han tenido cuatro o más multas en los últimos cinco años.
Después de Nelly Nieto, quien encabeza la lista con siete sanciones, figura René Panozo (68), con seis sanciones.
Panozo es médico cirujano de la Universidad de Chile y tiene su consulta en Maipú. Entre 2000 y 2008 fue concejal en esa comuna representando al PPD y en 2008 postuló a la alcaldía, representando al pacto Por un Chile Limpio (PRI, Partido Ecologista y ChilePrimero), obteniendo el último lugar.
En octubre de 2012 recibió su primera sanción, por cerca de $600 mil, por emisión de licencias sin fundamento. En mayo de 2014, cuando ya tenía dos multas en su historial, la Suseso lo sancionó nuevamente con una multa de $3,3 millones, por emitir 104 licencias cuando estaba suspendido para hacerlo.
Fonasa lo demandó en 2016, solicitando un reembolso de $1,3 millones por los subsidios de incapacidad laboral que se generaron sobre la base de las licencias suspendidas que otorgó, y que la aseguradora pagó. La demanda sigue en curso, en el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, a la espera de una audiencia.
Panozo asegura a "El Mercurio" que no ha cometido faltas y que el problema radica en las exigencias de informes de la Superintendencia. Y agrega que no pagará las multas. "Yo no tengo nada. ¿Con qué las voy a pagar? Si los colegas de la Superintendencia de Seguridad Social creen que no hago bien las cosas y amerito más castigos, bueno es su conciencia. Cuando sé que soy culpable de algo, pago. Pero cuando sé que no, ¿por qué voy a pagar por algo que sé que no es así?", dice.
Casos similares presentan Jorge Merino Morales (Santiago), Rina Aldas Zambrano (Recoleta) y Patricio Lemp Miranda (Quinta Normal). Mientras que los dos primeros fueron sancionados entre 2013 y 2016, Lemp recibió multas en los años 2012, 2013, 2015 y 2016. Todos han sido multados seis veces.
Según una querella presentada en 2013 por el Consejo de Defensa del Estado, Lemp fue denunciado por la Subsecretaría de Salud Pública por emitir "6.907 licencias en 2011, y en 2012 sobre 3 mil, siendo el diagnóstico en la mayoría de los casos: personalidad melancólica mixta".
La querella no presenta formalizaciones ni sentencias en el Poder Judicial. Hoy, la consulta de Lemp se encuentra cerrada.
Jorge Merino atiende en el tercer piso de un caracol ubicado entre la Alameda y la calle Maipú en Santiago, rodeado por tiendas que venden ropa y peluquerías. La consulta tiene un valor de $25 mil, y $5 mil para pacientes con Fonasa. En 2007 un reportaje de Chilevisión planteó que daba licencias sin siquiera hacer un chequeo previo de sus pacientes. Tiene seis multas, una en 2013, dos en 2014, una en 2015 y dos en 2016. La Superintendencia de Seguridad Social lo ha multado por un total de $10,1 millones, y registra al menos 120 licencias emitidas mientras se encontraba sancionado.
Consultado por "El Mercurio", asegura que el alto número de licencias se debe a que atendía a una gran cantidad de personas: "Yo tenía mucha clientela en ese tiempo, daba muchas licencias en realidad, veía a muchos pacientes. Cifras realmente fuertes, y la Superintendencia me investigó por la cantidad de licencias obviamente y me pidieron un informe de muchos pacientes". Sin embargo, dice que todas ellas fueron de acuerdo a los diagnósticos. "Licencias falsas no, jamás. Siempre en base a un diagnóstico médico".
Rina Aldas es ecuatoriana y registró su título en Chile en 2010. Seis años antes de registrar su título, constituyó la sociedad médica "Ecuamed y Cía.", la que mantiene hasta hoy en Recoleta, donde cobra $15 mil.
Ha sido multada en seis ocasiones entre 2013 y 2016. En 2016, fue demandada por Fonasa, que reclamó el cobro de $74 mil por la emisión de 45 licencias médicas cuando estaban vigentes dos sanciones de suspensión en su contra.
Aldas fue consultada para este reportaje, pero optó por no hablar.
Consultas compartidas
Rodrigo Fernández Sánchez (49), médico cirujano, es investigado por la Fiscalía Sur por el delito de falsificación de licencias médicas. En enero de este año, su abogado presentó una justificación para explicar la inasistencia a una de las audiencias del caso. El documento fue timbrado por Jorge Atala (73), médico cirujano.
Fernández y Atala trabajan en el mismo edificio de la calle Concha y Toro, en Puente Alto, y han sido multados siete veces por emitir licencias sin fundamento.
Fernández obtuvo el título de médico cirujano en 1995 en la Universidad de Chile. Ha sido sancionado tres veces en 2013, 2015 y 2016. Una querella por falsificación de licencias de la Suseso en su contra dice que entre 2006 y 2015 emitió cerca de 38 mil permisos. Fue formalizado por falsificación de licencias en julio 2016, pero su caso no ha presentado avances desde enero 2017.
En noviembre de 2016, Fernández fue notificado de nueva sanción por otorgar cinco permisos con ausencia de fundamentos.
Atala, cuyo título de médico cirujano fue otorgado por la Universidad de Guayaquil, tiene cuatro resoluciones de multas, una por año desde 2013 a 2016. Es dueño de su consulta en Concha y Toro, dirección donde también trabaja Fernández y en la que compartió consulta junto con el ecuatoriano Juan Jaramillo (45) hasta finales del 2015.
El doctor Jaramillo recibió multas entre 2013 y 2015, con sanciones de suspensión e incumplimiento en la emisión de licencias médicas. En 2016 Fonasa lo demandó por $2,6 millones, por 69 permisos que otorgó estando suspendido. Finalmente, el proceso no siguió adelante.
Ángela Vivanco: "Es defraudar a un sistema de salud que ya tiene muchos problemas"
Ángela Vivanco, abogada experta en Derecho Constitucional y profesora de la Universidad Católica, considera que el fenómeno de las licencias médicas falsas es "una usanza muy desgraciada, porque es defraudar a un sistema de salud que ya tiene muchos problemas. Hay gente que ni siquiera encuentra coberturas en temas de salud, es indignante, es muy inmoral que se hagan estas cosas".
Respecto de la baja cantidad de procesos penales, que en la mayoría de las ocasiones no han prosperado, explica que "la parte penal exige mucho más estándar de prueba, porque no solamente se habla de dar las licencias sin fundamento, sino que de hacer un falseamiento (...) Muchas veces por eso las querellas no prosperan, o directamente no hay tanto interés en mantenerlas".
Plantea además que en cuanto a las sanciones, "cuando no son tan severas siempre te sale más conveniente seguir cometiendo las infracciones, pagar las multas y dejarlo de hacer (...) En Chile no hay colegiatura obligatoria de los profesionales; en países en los que sí la hay, a una persona que da a cada rato licencias falsas se le quita la colegiatura y no puede ejercer la profesión".
Claudio Reyes, superintendente de Seguridad Social: "Con tres licencias, ya pagaste la multa"
La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) son los organismos encargados de fiscalizar la emisión de permisos médicos.
Claudio Reyes, superintendente de Seguridad Social, asegura que los procesos de fiscalización en torno a esta materia son difíciles de realizar. "Obviamente las licencias se pueden emitir a lo largo del país, nosotros no tenemos funcionarios a lo largo de todo el país para poder fiscalizar. Significa trasladarse, viáticos. Tampoco tenemos una dotación enorme de funcionarios dedicado a esto, tenemos un equipo con médicos, con abogados, con personas dedicadas al tema tecnológico que hacen la pesquisa. Ocho en total".
Añade que el proceso mediante el cual investigan a los médicos "es igual que un juicio, la persona es investigada, se le permite efectuar descargos, se reúnen pruebas y una vez que tenemos la certeza de que hay una culpabilidad, se produce la sanción", lo que puede durar de tres a cuatro meses.
Sobre las demandas que ha presentado la Suseso, explica que "nosotros hemos buscado la vía penal más que nada para producir un ejemplo de que esto también te puede llevar a la cárcel. (...) pero no nos ha ido bien en lo penal, es muy lento".
Y añade sobre las sanciones que "ni el Colegio Médico ni nosotros podemos suspender el ejercicio de la profesión. Hay una limitación importante, porque podemos aplicar el máximo de 40 UTM, pero 40 UTM más o menos son como tres licencias; con tres licencias ya pagaste la multa".
César Olivares, coordinador nacional de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), considera que la ley "después de pocos años de aplicación requiere de algunos perfeccionamientos, requiere quizás ampliar mayores facultades a las Compin, mayores facultades a la Superintendencia de Seguridad Social y aumentar las penas y las sanciones. En eso, en todos los sectores donde estamos involucrados, hay acuerdo, y tenemos consenso de que debemos aumentar las penas".
