El Mercurio
Joaquín García-Huidobro no ve mayores problemas en el texto del proyecto de ley que pretende castigar la incitación a la violencia física ("El Mercurio", 15 de septiembre). Ofrezco algunas consideraciones contrarias a tan asombrosa apología a dicha ley.
Por una parte, no basta considerar solamente el texto del artículo. La conciencia hermenéutica del jurista debe estar alerta al contexto, tanto legal como histórico y político. Toda una corriente represora recorre Occidente para castigar la "discriminación" y la "incitación al odio", y ha llevado a severas restricciones de la libertad de pensamiento y de expresión en otras partes del mundo. Algunos grupos "anti-odio" han incurrido en violencia física (¡oh, paradoja!) contra los que se han atrevido a desafiar lo "políticamente correcto". No es una cuestión de redacciones más o menos felices, porque hasta las acciones más pacíficas son calificadas como "discurso de odio" e "incitaciones a la violencia".
Por otra parte, incluso el simple texto consagra una discriminación arbitraria a favor de "categorías protegidas". Las pequeñas correcciones que propone García-Huidobro no se hacen cargo del fondo del asunto. No se intenta proteger contra la violencia; para ello ya hay tipos penales y el castigo de la inducción. Aquí se trata de contar con un instrumento más para promover determinadas concepciones sobre el discurso tolerable. Estoy seguro de que, aunque el autor propone ampliar las categorías, quizás hasta incluir a los wanderinos, no puede estar de acuerdo con algunas de ellas, aun cuando nada diga al respecto. La "orientación sexual" y la "identidad de género" chocan frontalmente con la antropología cristiana que él mismo enseña. ¿Por qué proceder, entonces, a la "pronta aprobación" de una iniciativa más en la larga serie que normaliza estos modos de pensar? Tanto los ha normalizado, en efecto, que ni siquiera un pensador cristiano lúcido lo advierte.
Hay más. García-Huidobro escribe de tal manera que confirma la ambigüedad peligrosa del proyecto. Primero afirma que se busca "reprimir la incitación al odio", lo cual es un concepto amplísimo; pero luego reduce el objetivo a la literalidad que proscribe "incitar directamente a la violencia física". ¿Por qué no se habría de ampliar la interpretación hacia cualquier "incitación al odio", si ya en esta etapa se usan las dos expresiones como equivalentes? ¿Qué es "directamente"? ¿Qué es la "violencia física"? ¿Qué es "incitar"? ¿Qué significa "públicamente o a través de cualquier medio apto para su difusión pública"? En un campo semántico confuso y abierto a la arbitrariedad ideológica, el uso de la ley penal es una forma de tiranía.
Y porque aquí se trata del castigo penal, sorprende también la analogía con el antiguo artículo 8º de la Constitución. Se nos dice que "las ideas", por su capacidad de traducirse en actos de violencia, "deben ser reprimidas". Hay un "tipo de ideas" respecto del cual "no parece sensato" esperar "a que se produzcan conductas violentas para que recién entonces pueda ejercerse la fuerza estatal". A pesar de que el proyecto de ley parece restrictivo, ya su primer intérprete entusiasta propone que se debe reprimir todavía más: ¡hasta las ideas! Dejo de lado que, por lo demás, la esencia represora del derogado artículo 8º permanece en el actual artículo 19, n. 15, de la Constitución. En 1980 y en 1989 se establecieron, con todo, sanciones políticas para defender la democracia. Jamás se pensó en la persecución mediante cárcel y multas, que ahora se aplaude.
Joaquín García-Huidobro estima que "la idea misma de la Presidenta no puede ser impugnada" y que, al parecer, nadie podría "estar en desacuerdo con el texto que se propone". Si alguien que pasa por conservador, y que suele ver debajo del agua, adhiere así a Michelle Bachelet, algunos despistados podrían creer como él que se debe "reconocer hidalgamente que en este caso el Gobierno tenía razón, no buscarle más patas al gato, y proceder a una pronta aprobación de esta iniciativa". Me permito sugerir, por lo expuesto, que se trató de un juicio apresurado en un asunto tan cargado de consecuencias. Abrigo la esperanza de que nuestros parlamentarios -conservadores, liberales y cristianos unidos- voten contra este proyecto que encubre la tiranía bajo el ropaje de la paz y del amor.
