Pulso
Compras de tierras como respuesta a hechos de violencia o medidas de presión por parte de comunidades indígenas; existencia de graves irregularidades en los procesos de compra; crecimiento sostenido de los precios por hectárea y consecuente distorsión del mercado de compra de tierras, y falta de sustentabilidad de los criterios de elegibilidad de los postulantes a la adquisición de tierras.
Esas son las críticas que constata un artículo del Centro de Estudios Públicos (CEP) respecto del mecanismo de entrega de tierras a comunidades indígenas y su impacto en el deterioro de la convivencia en la zona sur del país. El análisis desarrollado por el abogado y profesor de derecho de la Pontificia Universidad Católica (PUC), Sebastián Donoso, se inscribe dentro del capítulo "Compra de predios en conflicto. Análisis crítico y una propuesta", que está en el libro "El Pueblo Mapuche en el siglo XXI" del CEP.
El artículo realiza un diagnóstico de la forma en que opera el mecanismo, los resultados que ha tenido y sus implicancias tanto jurídicas como de política pública, en el marco de las obligaciones asumidas por el Estado de Chile en los tratados internacionales y legislación interna sobre reconocimiento y ampliación de las tierras indígenas. Donoso sostiene la tesis que la compra de predios en conflicto -el más conocido y polémico mecanismo de restitución de las tierras indígenas con recursos del Estado-tiene una responsabilidad directa y principal en el grave deterioro de la convivencia en la zona sur del país, lo que se refleja en múltiples formas de violencia que cobran víctimas en todos los sectores. "La mera constatación de lo anterior debiera alentar 'una vuelca de tuerca' a muchos análisis contingentes que hacen de la política de entrega de tierras en Chile y de su pariente más connotado: el mal llamado conflicto mapuche", señala el autor en el texto.
MECANISMO EN CIFRAS.
El principal cuestionamiento del artículo apunta especialmente al mecanismo de ampliación de tierras consagrado en la Ley Indígena, que se financia en el Fondo para Tierras y Aguas Indígenas que administra la Conadi. La regulación sectorial señala que la Ley de Presupuestos dispondrá anualmente de una suma destinada exclusivamente al citado fondo. Entre los años 1994 y 2017, el presupuesto para el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas se multiplicó casi cuarenta veces, lo que corregido por IPC arroja un crecimiento real de 16,5 veces.
Sólo en dos ocasiones 2004 y 2017- el presupuesto de este fondo disminuyó, mientras en 2016 los recursos aprobados por el Congreso ($83 mil millones) casi doblaron el presupuesto autorizado dos años antes ($44 mil millones). En el análisis se distinguen ciertos períodos en que el presupuesto registró una clara presión al alza, como ocurre entre 1998 y 2001, en 20062007, en 2009-2010 y en 20152016. Estos períodos coinciden con etapas en que se registraron fuertes tensiones e incrementos en la violencia asociada a demandas territoriales. "En el período 1998-2001 el alza en el presupuesto parece ser una respuesta a los primeros hechos de violencia registrados a fines de 1997. Igualmente ilustrativa es el alza en el período 2009-2010, que coincide con la etapa de mayor actividad de la organización Coordinadora Arauco Malleco", plantea el autor.
También se constata una presión política significativa para lograr una ejecución presupuestaria del 100% del Fondo, porque de lo contrario los recursos asignados se pierden. Sebastián Donoso cuestiona, asimismo, la discrecionalidad y falta de reglamentación clara del mecanismo de compra de tierras consagrado en la Ley Indígena, que no sólo lo hace muy vulnerable a irregularidades administrativas, "sino que además constituye un incentivo a la violencia asociada a reivindicaciones o solicitudes de tierras, precisamente para presionar a la autoridad para que haga uso de esa discrecionalidad y ceda a las pretensiones de quienes recurren a la violencia", precisa.
PROPUESTA DE REEMPLAZO.
Donoso sostiene que la tesis de ineptitud o fracaso plantea que el mecanismo de compra de predios debe ser reemplazado, no eliminado, dado que el Estado tiene un mandato legal de ampliación de las tierras indígenas. "(Hay que) generar mecanismos que sean compatibles con la mantención de la paz social y el respeto de los derechos de todos los involucrados", dice en el texto. En esa línea, se proponen principios de no violencia, participación, paridad, sustentabilidad y respeto a los derechos de todos los involucrados.
Ello implica la generación de una instancia colegiada de calificación, de integración paritaria entre indígenas y no indígenas, que cuente con un parámetro preestablecido para realizar dicha calificación, cuya labor principal es realizar un análisis del mérito de los antecedentes de cada solicitud y recomendar al Estado -si así se estima- una o más acciones de reparación escogidas entre diversas fórmulas que incluyen la compra de tierras, cuando ello es viable, y compensaciones monetarias.
"El trabajo de esta instancia colegiada de calificación debe enmarcarse en procedimientos que aseguren la exclusión de vías de hecho o violencia y la no discrecionalidad", añade el experto. En el artículo se precisa que por lo anterior es que se plantea que el sistema o mecanismo que reemplace el artículo 20 letra b) -que regula la compra de predios en conflicto- debe ser fruto de un proceso de diálogo con participación de todos los actores, "y desde luego con los propios pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas". Agrega que si bien el Congreso deberá tener un rol clave en la etapa de discusión legislativa del nuevo mecanismo, la existencia y calidad del diálogo previo entre los actores será indispensable para generar una solución sustentable.
Los cambios culturales y socieconómicos, la confianza en las instituciones, la evaluación de las políticas públicas aplicadas, la legitimidad en el uso de la violencia para satisfacer sus demandas, fueron los aspectos recogidos en la encuesta "Los mapuches rurales y urbanos hoy, Marzo-Mayo 2016", dada a conocer por el Centro de Estudios Públicos.
Entre los principales cambios observados se pueden advertir: el 82% de los mapuche se siente plenamente integrado a Chile, esto es 9% más que en 2006; el 67% no habla ni entiende la lengua mapuche versus un 56% que lo hacía hace 10 años; el 62% no habla nunca o casi nunca su lengua y el 85% de ellos le habla a sus niños en castellano; el 51% de la muestra de mapuche rurales piensa que los jóvenes que viven en las comunidades tarde o temprano van a dejar de vivir en ellas, en comparación con un 32% de los mapuche urbanos que piensa lo mismo; la restitución de tierras es la medida que apoya el 52% de los mapuche urbanos y el 64% de los mapuche rurales considera que no debieran poder venderse a no mapuche.
¿Qué ha pasado?
Un artículo del CEP concluye que el mecanismo de ampliación de tierras a pueblos indígenas es el principal responsable de la violencia en el sur del país.
¿Por qué ha pasado?
En el texto se señala que el mecanismo que está regulado en la Ley Indígena opera con discrecionalidad y es un incentivo perverso a la violencia como medida de presión hacia la autoridad.
¿Qué consecuencias tiene?
El autor del análisis, Sebastián Donoso, plantea la creación de una instancia colegiada, integrada por indígenas y no indígenas, que estudie un nuevo mecanismo de compra de predios en conflicto, que considere criterios compatibles con la mantención de la paz social y el respeto de los derechos de todos.
CIFRAS
49% de los mapuches cree que la alternativa para reparar al pueblo es restituyéndoles tierras, según encuesta CEP.
$80.819 millones. Ese es el presupuesto anual de 2017 aprobado para un fondo especial de compra de predios.
16,5 veces en términos reales (ajustado por IPC) ha crecido entre los años 1994 y 2017 el presupuesto para el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas.
