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Nadie está a favor del abuso contra los consumidores que estacionan en clínicas, malls o supermercados. Pero la buena intención de una ley no es suficiente para producir el efecto deseado. Antes de la ley, por estacionar 5 minutos el usuario pagaba media hora. Ahora paga exactos 5 minutos. ¿Qué hicieron los estacionamientos? Subir el precios y así, al cobrar por minuto, ganan lo mismo que cobrando por tramos de 30 o 60 minutos.
¿Era posible prever este desenlace? Sí. ¿Estaban interesados en evitarlo? No, y la razón es sencilla: las leyes, lamentablemente, no se diseñan basadas en la evidencia, sino solo en buenas intenciones. Así terminan siendo un ejercicio político y más aún cerca de las elecciones. Hay innumerables ejemplos en leyes aprobadas recientemente y en proyectos en tramitación, como el que regula a Uber. ¿Alguien cree que está realmente enfocado en el bienestar de los consumidores?
Existe la ilusión de creer que la ley es como un bisturí en manos de cirujanos especialistas, que son nuestros legisladores: normas técnicas creadas por expertos, sin complicaciones, costos y efectos imprevistos. Pero la gratuidad en los estacionamientos sí tiene costos sociales: fomenta el mayor uso del auto en una ciudad congestionada y contaminada, y reduce los incentivos para el uso del transporte público y para invertir en crear nuevos estacionamientos, entre otros.
En resumen, una ley bien hecha trata de intervenir de manera precisa y evitar que se produzcan costos o efectos peores que el beneficio que busca. Una ley mal hecha, en cambio, busca producir un efecto, sin que le importen los otros efectos. Es como querer abrir algo con un bisturí y, en cambio, ocupar un martillo.
