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"Para que difundir mensajes odiosos, sembrando división entre los miembros de nuestra sociedad, tenga la sanción que corresponda". Esa es la intencionalidad que tiene el proyecto de ley que penaliza discursos públicos de odio que inciten la violencia, y que firmó ayer la Presidenta Michelle Bachelet.
La iniciativa incorporará como un nuevo delito al Código Penal el que una persona, institución o empresa emita un discurso que explícitamente convoque a la violencia contra otra persona o comunidad, sobre una causal de discriminación por raza, género, clase, religión u orientación sexual. Será penalizado cuando se divulgue en un medio público y masivo, lo que incluirá las redes sociales.
En el desarrollo del proyecto de ley participó Justicia, la subsecretaría de Derechos Humanos, el Movilh y la Comunidad de Judíos de Chile (CjCh), entre otros.
"El odio, violencia, fanatismo, dogmatismo son males que le causan mucho daño a la sociedad y nos impiden vivir de una manera civilizada", expresó en la ocasión el ministro de Justicia, Jaime Campos.
El proyecto plantea presidio menor en su grado mínimo (hasta 541 días de cárcel) y multas de 30 a 50 UTM ($1.400.790 a $2.334.650). En el caso de los funcionarios públicos, puede subir hasta a tres años de prisión.
El Movilh dijo haber denunciado "más de 700 discursos y campañas de odio contra las personas LGBTI que han quedado impunes por falta de una ley que sancione la violencia", por lo que celebró la iniciativa.
CjCh, por su parte, hizo un llamado a aprobar esta ley, ya que "todos conformamos este maravilloso país, y en nuestras diferencias está nuestro mayor valor", dijo.
Lorena Fries, subsecretaria de DD.HH., explicó que la ley abarca "discursos, no acciones, que llamen directamente a ejercer violencia sobre cierto grupo o sujeto".
Agregó que será el juez quien decidirá si una denuncia de este tipo califica como incitación al odio. Por ejemplo, si se hace por red social dijo que una variable a considerar será la cantidad de seguidores que tiene el convocante.
La directora del Departamento de Derecho Procesal de la UC, María Elena Santibáñez, expresó su preocupación por la "redacción muy amplia" que tiene el proyecto y por la dificultad de probar si hay o no una intención de violencia en cada discurso.
