La Segunda
Contemplando una pena de cárcel de 540 días a 3 años, esta mañana la Presidenta Bachelet firmó un proyecto de ley que busca sancionar la «incitación al odio». Para ello, dijo, se creará un nuevo artículo del Código Penal que tipifica esta conducta como delito, "para que difundir mensajes odiosos y sembrar la división de los miembros de nuestra sociedad tenga la sanción que corresponde", explicó la Mandataria.
El texto —que es complementario de la Ley Zamudio, promulgada en 2012—también contempla multas de $1.400.790 a $2.334.650 "a quienes inciten de forma pública o a través de los medios, la violencia física en contra de una persona o un grupo de personas, en base a su raza, origen nacional o étnico, sexo, orientación sexual identidad de género, religión o creencias".
Las penas suben si quien realiza el acto es un funcionario público, dijo Bachelet. Según detalló la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, el objetivo es castigar "la incitación a la violencia física". En el caso de los medios de comunicación —que según esta iniciativa también pueden ser sancionados— serán los Tribunales de Justicia quienes definan cuándo un medio está promoviendo acciones violentas contra una persona o una minoría. "Esto no debe verse como una limitación a la libertad de expresión, puesto que en los tratados internacionales se establece que la libertad de expresión debe darse dentro de un marco de respeto a los derechos humanos", dijo Fries.
¿Y Yerko Copuchento?
El diputado Leonardo Soto (PS), explicó que el proyecto no busca penalizar "opiniones ni creencias, sino conductas. El que pueda ser castigado por este delito tiene que tener conductas comprobadas en las que promueve la violencia en contra de minorías. Puede ser a través de redes sociales, rayados de muros o grafitis".
En esa línea aseguró que un personaje como Yerko Puchento —que alude al hijo de la Presidenta, Sebastián Dávalos, o a la ex vocera de gobierno Cecilia Pérez quedaría afecto a esta ley, porque su utina se realiza en un contexto de humor 'que permea el diálogo. Ahora, si es granito y solamente busca llamar a ejercer violencia contra personas, podría serlo. Es un límite delgado, lo reconozco, pero en el debate legislativo vamos a establecer una línea que garantice la libertad de opinión".
Un caso que sí podría ser objeto de esa ley, dijo el parlamentario, es el del pasor Soto "toda vez que él expresa mensajes le odio gratuitos y sin ninguna justificación, y los emite a través de los medios de comunicación social. Ahora la gente ya no le cree ni le interesa, pero de todas maneras puede ser candidato a caer dentro esta ley".
Convivencia pacífica
El proyecto ingresará por la Cámara de Diputados a través de la comisión de Derechos Humanos, y se espera que su tramitación finalice durante este gobierno.
La iniciativa fue valorada por el vocero del Movilh, Rolando Jiménez: "Los discursos de odio engendran víctimas de carne y hueso todos los días en Chile. Los discursos de odio no tienen relación con la libertad de expresión, hay un límite que no se puede sobrepasar cuando se enarbola la libertad de expresión como posibilidad de decir lo que se te ocurra. En Chile hay un grupo de carácter ideológico y religioso que están permanentemente invocando el odio respecto a distintos grupos".
Benjamin Pupkin, vicepresidente de la comunidad judía en Chile agregó que "estamos muy contentos, hoy es un día importante para el país, para la democracia y para la convivencia, porque este proyecto no sólo busca fijar un marco mínimo de comportamiento en la sociedad sino que persigue que en Chile no haya discursos de odio que inciten a la violencia".
En tanto, desde Iguales, sostuvieron que "el Estado debe garantizar la convivencia pacífica entre los ciudadanos, y este proyecto va en esa línea, de establecer un piso mínimo cómo es no llamar a la violencia contra ciertos grupos de la sociedad".
Penalistas y Proyecto: Correcto y de tendencia mundial
Para la abogada penalista y académica UC, María Elena Santibáñez, este tipo penal "debe estar bastante acotado para que no se produzca inseguridad jurídica y las personas sepan qué está prohibido. El límite estaría dado con la promoción al odio asociada a la comisión de ilícito y también al carácter injurioso que puedan tener ciertas declaraciones, pero siempre y cuando signifique que se promueva cierta violencia contra la persona en acciones concretas".
Explica que "se podría prevenir un porcentaje de los delitos que se cometen con este proyecto, sobre todo evitando las manifestaciones públicas que tiendan a incitar el odio en las persona".
El director de Derecho Penal de la Universidad Andrés Bello, Gustavo Balmaceda Hoyos, dijo que "este proyecto va en la dirección correcta y sigue la tendencia mundial de tipificar penalmente estas conductas". Y ejemplifica qué podría ser castigado: No se aplicaría a llamados abstractos como «que mueran todos los negros», sino que es necesario un mínimo de determinación, como decir, «juntémonos hoy a las 10 de la am en Plaza Baquedano para matar negros»".
