La Segunda
Ya existen cuatro recursos en contra de la modificación del Decreto 142 que está tramitando el gobierno ante la Contraloría y que obliga a las empresas telefónicas a guardar por dos años todas las comunicaciones que sus clientes hayan tenido durante ese tiempo (llamadas, mensajes de texto, WhatsApp y correos electrónicos).
A la presentación que el lunes realizó la ONG Derechos Digitales, se sumaron hoy acciones del senador y candidato presidencial Alejandro Navarro y del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías. La próxima semana lo hará la Fundación Datos Protegidos.
La medida establece que las compañías deberán tener los datos del titular de la línea, las llamadas realizadas y recibidas e incluso sitios de navegación. Todo, para cautelar el interés público en investigaciones policiales.
Esta mañana Pablo Viollier, de Derechos Digitales, calificó la medida de "inconstitucional" en el fondo y en la forma. "En la forma porque este tema ya está regulado en un artículo del Código de Procedimiento Penal y un decreto no puede ir más allá de la ley. Y en el fondo porque intenta colocar cosas que no se pueden hacer, como interceptar las comunicaciones entre un abogado y un cliente, o entre un periodista y su fuente". El abogado dijo que si no prospera su acción en la Contraloría, irán al Tribunal Constitucional.
Datos protegidos
En tanto, el presidente del Instituto Chileno de Derecho y Tecnología (ICDT), Raúl Arrieta, argumentó que "debería haber un equilibrio entre las necesidades de seguridad y la tutela de los derechos fundamentales. Uno debería esperar que sea una ley la que establezca el período por el cual deben conservarse estos datos y un reglamento que establezca las medidas de seguridad asociadas a dichos tratos, para evitar que sean utilizados fuera del marco de una investigación judicial", dijo.
Arrieta añadió que "no nos oponemos a la conservación de datos per se, pero tiene que estar regulado y establecer quién podrá acceder a la información, por qué y por cuánto tiempo. Hay técnicas de disociación de la información, como la criptografía, que permiten custodiar la información y que sólo pueda ser revisada por orden de un tribunal".
Romina Garrido, directora ejecutiva de Datos Protegidos, sostuvo que "el decreto excede las facultades del Ejecutivo. Los plazos considerados para guardar los metadatos son excesivos. Acá se está afectando una garantía constitucional, se hace de espaldas de la ciudadanía y no se considera la protección de datos personales", dijo.
El profesor de la UC Francisco Leturia no le auguró futuro a la modificación. "Hay un adagio jurídico: ‘no todo es asunto de todos'. Si bien las empresas podrían tener muchos datos útiles, su labor no es ser espías ni hacer las tareas de la PDI. Lo suyo es resguardar a sus clientes" y recordó el caso de Apple en Estados Unidos, que se negó a entregar los datos de un cliente involucrado en un incidente en San Bernardino.
