La Segunda
Ante la opción de cerrar el recinto carcelario de Punta Peuco en septiembre, y comenzar el traslado de los 130 internos que cumplen condenas por delitos contra los derechos humanos, expertos plantean las medidas de seguridad que se deben tomar luego que los ex militares sean trasladados, lo más probable, al penal de Colina l.
Para el ex ministro de Justicia, Teodoro Ribera, "Colina 1 recibe a población común. Sin embargo, no está habilitado para recibir una población condenada que por por su edad exige un régimen de cuidado especial. Tiene solo una enfermería y carece de un hospital penal, y la comuna de Colina también carece del mismo".
Ribera añade que "por edad de los condenados (muchos entre 80 y 90 años), se requiere una segregación total que incluye incluso que las personas por razones de seguridad deban dormir en camas y no literas, que cuenten con alimentación adecuada y un régimen de cuidado especial".
Daniel Martorell, académico de la facultad de Derecho de la Universidad Católica, explica que en Gendarmería existen distintos criterios para la segregación. Entre ellos están la reincidencia delictual, la edad y determinadas características de salud que están vinculadas exclusivamente a enfermedades contagiosas.
"El tema de salud en abstracto, temas diferentes a las enfermedades contagiosas, no cae en la segregación, pues lo correcto es que a cada uno de los internos Gendarmería proporcione una adecuada atención. En estos casos (Punta Peuco) sería el compromiso delictual y la edad los factores que debieran estar presentes en la segregación que debiera hacer Gendarmería".
El compromiso delictual Gendarmería lo determina a partir de instrumentos de carácter sociológico, como encuestas e informes de asistentes sociales. Ahí se fija un puntaje, explica.
—¿A los condenados por derechos humanos les correspondería una sección de bajo compromiso delictual?
—Lo que correspondería en base a la ciencia penitenciaria es determinar caso a caso. No se pueden aplicar recetas comunes a todos.
Recurso judicial
El abogado Raúl Meza, quien defiendo a ex uniformados por casos de violaciones a los derechos humanos, anunció hoy que presentará un recurso ante la Corte de Apelaciones para evitar el traslado de Punta Peuco a una cárcel común.
"Queremos manifestarle al gobierno que estamos preparando una orden de no innovar para impedir el cierre del penal sobre la base de sendos informes médicos, sicológicos, siquiátricos y geriátricos que concluyen por unanimidad que el traslado de reos adultos mayores con enfermedades crónicas y terminales que podrán en riesgo la vida, la salud y la integridad física y psíquica de los internos de Punta Peuco", señaló.
Meza añadió que según información que —dijo— le entregó Gendarmería, "en Colina 1 no existe la capacidad física ni las instalaciones para recibir a 130 reos, considerando que actualmente ya existen 32 internos en dicho penal y solo tiene capacidad para 120 reos".
