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La pelea partió en diciembre. Desde entonces, los usuarios de los estacionamientos callejeros de Patronato, La Vega y Bellavista, en Recoleta, no saben muy bien si tienen o no que pagar parquímetro.
En esa oportunidad, el concejo municipal de la comuna declaró nulo el contrato con la Concesionaria Recoleta S.A., alegando que la empresa no cumplió con sus obligaciones, entre ellas, la construcción de dos estacionamientos subterráneos.
Durante seis meses y medio los parquímetros cobraban un par de semanas y después se iban, todo eso en medio de recursos y demandas de un lado y otro. Ahora, la Corte de Apelaciones de Santiago accedió a decretar una orden de no innovar solicitada por la empresa, lo que según la abogada Marcela Achurra, que representa a la concesionaria, significa que el contrato vuelve a estar vigente. Por eso cobrarán de nuevo a partir de este viernes.
Pese a esta orden de la Corte, el alcalde Daniel Jadue insiste en que el contrato no existe y que los usuarios pueden seguir utilizando los estacionamientos libremente.
¿Qué hacer, entonces?
Alejandro Cárcamo, académico de Derecho Administrativo de la Universidad Diego Portales, responde: 'Los cobradores no tienen la facultad para accionar frente al no pago de las personas. La única alternativa que tiene la empresa es ejercer acciones judiciales en contra de los particulares que no paguen el derecho de estacionamiento'.
Los que sí pueden sacar un parte, aclara el académico, son los organismos públicos facultados para aquello, por ejemplo, los inspectores municipales. Pero ante esta situación, el alcalde Jadue anunció que 'no va a haber inspectores porque no hay ningún contrato que fiscalizar'.
La abogada de la concesionaria detalló que la empresa tiene que informar a la municipalidad las patentes que no hayan pagado. Posteriormente, el municipio debe enviar esos datos al juzgado de policía local, que cursa los partes correspondientes.
Todo parece indicar que la controversia seguirá. De hecho, la directora de la Clínica Jurídica de Derecho de la UC, Sandra Ponce de León, dice que 'la municipalidad puede pedirle a la Corte que aclare (qué quiso decir con) la orden de no innovar, ya que no innovar significa no hacer nada, es decir, no se puede cobrar ni dejar nulo el contrato'.
