El Mercurio
Más de 6.000 personas firmaron el año pasado una carta enviada a "El Mercurio" que hacía un llamado urgente a dar prioridad a los temas de infancia en la agenda pública. Ayer, en la columna "Chile sangra por la herida del Sename", 18 personalidades, de distintos ámbitos, reiteraron el mismo planteamiento: "No podemos seguir con propuestas del tipo hagamos una mesa técnica o proyecto de ley".
Enumeran un listado de medidas urgentes, desde garantizar que las residencias dispongan de infraestructura adecuada hasta la redifinición del perfil del educador de trato directo de residencia, entre otras. Sin perjuicio, aclaran, de la necesidad de consensuar a la brevedad "iniciativas legales que permitan una atención integral del niño y adolescente que supere los sistemas asistencialistas".
Para materializar las medidas, proponen la designación de un ministro coordinador y de "un fondo que opere transitoriamente" mientras se supera la crisis.
La suscriben Miguel Cillero; Carolina Corthorn; Xavier Oriol; Pablo González; Mario Waissbluth; Harald Beyer; Paula Bedregal; Soledad Arellano; Benito Baranda; Mauricio Duce; Nicolás Espejo; Leonardo Moreno; Carolina Muñoz; José Andrés Murillo; Andrea Repetto; Juan Pablo Valenzuela; Juan Carlos Oyanedel, y Felipe Berríos.
"Diría que estoy de acuerdo prácticamente con todo lo que ellos dicen. Y ese es el espíritu que hemos estado promoviendo como gobierno", dice el ministro de Justicia, Jaime Campos, aunque cuando aborda el eventual nombramiento de un ministro especial, advierte: "todo puede ser, pero creo que desde el punto de vista de liderazgo sobre el tema, ya tenemos más que suficientes autoridades y ministerios para abocarse sobre el particular". Cree, además, que "la cosa no pasa por ahí", sino "por avanzar ahora en la discusión y aprobación de los ocho proyectos de ley que están en el Parlamento, que abordan todas las materias planteadas en el artículo de los expertos".
Al ex titular de la cartera José Antonio Gómez, hoy a la cabeza de Defensa, en tanto, no le parece, sin embargo, "una mala idea", porque "hay coordinaciones con Salud y otros ministerios que requieren a lo mejor de una figura o una decisión de esa magnitud". "Cualquier fórmula que nos permita mayor coordinación -dice Gómez- y mayor eficacia sería muy importante".
Mientras que para Teodoro Ribera, ministro de Justicia de la administración de Sebastián Piñera, lo clave es "una fuerte decisión política. La ley para dividir el Sename lleva cuatro años en tramitación". "Lo urgente -agrega- no son solo más recursos, sino también un modelo que permita un mejor resguardo de los menores que se encuentran en protección y, a su vez, uno que posibilite una adecuada corrección de conducta y reinserción de los niños y adolescentes que son infractores de ley".
No personalizar
La reiteración de la carta se da a pocos días de que la Cámara rechazara el informe de la comisión Sename II y su presidente, el diputado Ramón Farías, acusara lobby del Gobierno para ello.
Sobre el rol de la ex ministra de Justicia Javiera Blanco, Ribera dice "yo no sé cuál es su responsabilidad política, pero transformarla a ella en la representación de todos los males no contribuye a mejorar en nada la situación de los niños y niñas del Sename". También deben los parlamentarios asumir su responsabilidad en este tema, dice, al no haber ejercido, por ejemplo, su labor fiscalizadora o aún tener en trámite la ley.
Tampoco personaliza el problema María Elena Santibáñez, abogada especialista en temas de infancia y querellante en el caso Sename, pero ve el rechazo del informe como "absolutamente impresentable".
Plantea, además, la académica UC que a la fecha, "solo se han adoptado soluciones parches (...) estoy bien golpeada por lo que pasó la semana pasada y siento que tiene que designarse a una persona, a un ministro, que tome medidas urgentes. Eso me parece una muy buena idea", coincide Santibáñez con la propuesta de la carta. "Acá hay un diagnóstico que me parece transversal", puntualizó.
Ayer, en el programa de TVN "Estado Nacional", el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Nicolás Eyzaguirre, salió a defender la votación de la instancia parlamentaria: "(El informe) se arroga una facultad jurisdiccional que no le corresponde (...) y se reviste de un ropaje jurídico para exceder sus atribuciones".
