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Este miércoles, en el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, se conocerá finalmente qué pasará con los nueve ciudadanos bolivianos detenidos el pasado 19 de marzo en Colchane, cerca de la frontera con Bolivia. Los funcionarios aduaneros y militares del vecino país afirman que participaban en un procedimiento para frenar el contrabando, mientras la Fiscalía asegura que los agentes altiplánicos realizaron un robo con violencia a un camión de origen chileno.
El veredicto de la jueza Isabel Peña se dará a conocer luego de que este martes, la totalidad de los imputados aceptara someterse a un procedimiento abreviado, tras presentar el Ministerio Público cargos en su contra por robo con violencia, porte ilegal de armas de fuego y contrabando
¿Qué significa esto? María Elena Santibáñez, experta en Derecho Procesal y docente de la UC, explica que el procedimiento abreviado 'es una salida negociada que supone un acuerdo entre fiscal e imputados. Por un lado hay una oferta que hace el fiscal, que es solicitar una pena no mayor de cinco años -o diez años en delitos de robo- y el imputado acepta los hechos y los antecedentes de la carpeta investigativa'. Explica que es posible aceptar los hechos, sin asumir culpabilidad. 'Si yo mato a una persona, puedo alegar defensa propia', señala como ejemplo.
Esto es precisamente el plan de la defensa. Evitar lo extenso de un juicio oral, pero sin aceptar culpabilidad. El fiscal Hardy Torres explicó las tres pruebas con que busca inclinar la balanza a su favor:
1. Falta de detenidos. La defensa de los bolivianos afirma que, tras un informe de inteligencia, detuvieron a un camión chileno que traía especies de contrabando. Sin embargo, no tomaron detenidos a sus ocupantes, sino que sólo se llevaron el vehículo. Ante esto, la defensa retrucó que, según la ley boliviana, 'cuando los tributos omitidos por el contrabando son iguales o menores a 200 mil UFV ($ 42 millones) la conducta se considera contravención tributaria y no delito flagrante, que es cuando procede la detención'.
2. La carga. Estrechamente relacionado con el punto anterior, el fiscal Torres afirmó que, en base a testigos, 'no hay ningún momento en que revisen o siquiera consulten el contenido de la carga'. '¿Debemos entender que este megaoperativo es para luchar con contravenciones y no con delitos? ¿Los funcionarios tienen tanta experiencia que sin siquiera abrir la carga pudieron estimar su valor?', se cuestionó.
3. El territorio. La defensa sostiene que los bolivianos pensaban que estaban en su país al momento de los hechos. 'No hay dudas donde sucede la dinámica de estos hechos, si bien es cierto la detención sucede a escasos metros del limite, la sustracción del camión se produjo a casi dos kilómetros de la frontera', dijo el fiscal.
¿Qué puede suceder ahora?
El fiscal Torres afirmó que ahora sólo queda la deliberación de la magistrada. Puede acoger las penas solicitadas por la Fiscalía (3 años y un día por el robo y el porte de armamento y $32.176.272 por el contrabando de dos vehículos); absolver a los imputados, o rebajar las penas.
'Si el tribunal condena podrá decretar el cumplimiento efectivo, una pena sustitutiva en Chile o el extranjero, en el caso de acoger la petición de la defensa de decretar la expulsión de los involucrados', afirmó el persecutor.
