Diario Pulso
Hablar de "pelea" entre la Contraloría y Codelco genera la impresión de grave crisis. La pugna, incluidos tribunales, entre ambas entidades significa en efecto un problema, pero conviene distinguir qué tiene de real y qué de aparente, cuáles son pretensiones y cuáles situaciones concretas. La normativa que rige a Codelco resulta un híbrido entre el estatuto propio de empresas privadas y el de entes públicos. La cohabitación público-privada no es fácil y surgen situaciones que deberían ser materia de autorregulación. Es posible que ello genere una demanda de cambio radical, lo cual no se resuelve por la fiscalización, pues esta sólo busca cautelar cómo la ley se cumple, en lo formal y sustantivo. Tal cambio los colegisladores habrán de determinarlo y, por cierto, reflexionar acerca del impacto que podría tener en la provisión de su personal, competitividad, posicionamiento exterior, etcétera; corregir la dualidad normativa sólo puede hacerse en sede normativa. Muy distinta es la ocurrencia de actos de corrupción o delictuales que puedan haberse cometido con ocasión de la gestión de Codelco, lo cual no sólo corresponde fiscalizar sino derivar al Ministerio Público. Si tales hechos son efectivos, habremos de escru tar porqué llegaron a suceder sin que operara el Estado de Derecho y los controles, frenos y contrapesos de la libertad concedida, lo cual no debe confundirse con la demonización de tales espacios. En síntesis, más que "peleas" o "protagonismo", necesitamos develar si la gran minería del cobre está operando como debe y, de no ser así, qué razones hay, dado que los incumbentes llevan tiempo en funciones y no ignoran sus espacios de responsabilidad.
