El Mercurio
Reinaldo Díaz llegó una hora antes de lo pactado. El agricultor de Chimbarongo, en la Sexta Región, tomó un bus a San Fernando y pudo elegir un puesto en el gimnasio municipal de esa ciudad. Quienes llegaron poco antes de las siete de la tarde del pasado jueves, tuvieron que quedarse en pie por casi dos horas.
A medida que se aproximaba la hora del inicio, grupos de agricultores fueron llenando las graderías. Así, en el momento de empezar, el recinto con capacidad para mil personas no daba abasto. Productores de todo O'Higgins se asomaron a la convocatoria de la Federación de Juntas de Vigilancia de la Sexta Región, que preside Patricio Crespo. Jóvenes con aros y parcas para soportar el duro frío del gimnasio, ancianos con chupallas y ponchos se sentaban juntos. Todos vinieron a escuchar el análisis de los efectos que tendrá la reforma al Código de Aguas que el Gobierno impulsa en el Congreso.
Díaz tiene claro por qué llegó tan temprano. Desde los ocho años que labora en el campo. Hoy tiene 4 hectáreas, que trabaja con su esposa y su hijo. Siembra maíz y alfalfa, además tiene un huerto de frambuesas. Él mismo se encarga del riego. El dinero no le alcanza para contratar a gente externa.
"Me preocupa lo que pueda pasar con el agua. Si no la tenemos, no hay agricultura, y si se daña el derecho de propiedad respecto de ella, va a caer el valor de la tierra", afirma Díaz.
Llilean Fuentes tiene un campo en que engorda ganado en el sector de cuesta Lo González y derechos de agua sobre el río Tinguiririca. Explica que llegó hasta el gimnasio de San Fernando "porque me preocupa que a los agricultores nos puedan quitar nuestros derechos".
Manifestaciones, debates y análisis sobre la reforma al Código de Aguas se han multiplicado en los últimos meses. Patricio Crespo explica que ha realizado varias charlas a nivel regional. Otro tanto han hecho los agricultores del Maule.
El 10 marzo, un debate organizado por las juntas de vigilancia del Maule, Teno, Lontué, Diguillín, Ñuble, Longaví y Ancoa reunió a más de 1.200 agricultores en Linares. Las actividades por la reforma suman y siguen. En marzo, Chillán también fue testigo de otra reunión masiva de los agricultores. "La gente está preocupada. Con este proyecto el valor de la tierra cae a la mitad, por la incerteza jurídica", lanza Patricio Crespo, a pocos minutos de iniciar la presentación en San Fernando.
Las razones de la preocupación
En el núcleo de las preocupaciones de los agricultores sobre la reforma al Código de Aguas, que se debate en el Congreso, están las dudas que genera el proyecto respecto de cómo afectará la propiedad de los derechos de aprovechamiento de aguas. En todos los artículos del Código que actualmente mencionan la palabra "dueño", el proyecto de reforma la reemplaza por "titular".
Esa modificación, junto con eliminar el concepto de "libre disposición" asociado al uso y goce del derecho, implica efectos prácticos importantes, sostienen los agricultores y diversos abogados y especialistas. Se critica que con esa modificación se despoja de la propiedad a quien le fue concedido ese derecho y que, en cambio, se le entrega una concesión administrativa, que es distinto del derecho de propiedad que establece la Constitución.
"Esta norma, a través de una ley, cambia la naturaleza jurídica del derecho. Lo que hace es una expropiación regulatoria, dejándolo transformado en una concesión temporal de uso y goce. Deja de mencionarse el dominio, la disposición es de uso y goce y la perpetuidad pasa a ser temporal", argumenta Patricio Crespo.
El proyecto de reforma sostiene que los derechos de aprovechamiento se extinguirán si su titular no hace un uso efectivo del recurso. En el caso de los derechos de aprovechamiento consuntivos -es decir aquellos que pueden ser consumidos en su uso-, el plazo de extinción, considerado a partir del otorgamiento, sería de cuatro años, mientras que para los de carácter no consuntivos -en los que el agua puede ser usada, pero no consumida- sería de ocho años.
En el Ministerio de Agricultura, en todo caso, se argumenta que la reforma al Código de Aguas es acotada, que solo limita el derecho a propiedad sobre un bien nacional de uso público que es el agua, por lo tanto, no tiene ningún carácter expropiatorio.
"Es un eufemismo. (En la Constitución) se señala que los bienes nacionales de uso público por norma general no son apropiables, salvo que en la Constitución más adelante se establezca lo contrario. Eso hace con los derechos de aprovechamiento otorgados conforme a la ley son propiedad de sus titulares. Es el único bien nacional de uso público, el derecho de aprovechamiento de agua, al que se le reconoce la posibilidad de ser apropiado. Por eso es que la Constitución lo establece como propiedad de sus titulares", señaló Crespo ante los más de mil asistentes.
El dirigente de los regantes abundó en su crítica a la reforma en su presentación en San Fernando. Manifestó el peligro de que se establezca que los derechos de aprovechamiento de aguas pasarían a ser indefinidos, si se aprueba el proyecto tal como hoy está en el Senado.
"¿Qué dice la Academia de la Lengua cuando se refiere a indefinidos? Que no tienen término señalado o conocido; o sea, es un derecho temporal. No es perpetuo, es temporal indefinido, y ¿hasta cuándo es la definición? Hasta que se produce la contravención que te permite que los puedan extinguir o caducar", afirmó el presidente de los regantes de la VI Región.
Aunque Crespo fue el principal orador en el evento, otros gremios en torno al agua también mostraron sus posiciones. Fernando Peralta, el presidente de la Confederación de Canalistas, afirmó que los impulsores de la reforma ignoran la inversión que realizan los privados. Son los regantes, con el pago de sus cuotas por el uso del agua, los que pagan la mantención de los 150 mil kilómetros de canales de riego que hay en el país, recalcó.
"Quizás nuestro problema es que, precisamente, no generamos problemas. Nadie conoce el trabajo que hacemos, porque funcionamos bien. Somos como los bomberos. Le costamos cero peso al resto de la sociedad. ¿Qué pasaría si el Estado tuviera que pagar por toda la limpieza de canales, reparaciones de bocatomas, el trabajo de los celadores? Sería un costo enorme para el Estado".
En tanto, Diego Castro, secretario ejecutivo de la Federación de Juntas de Vigilancia de la Provincia de Curicó, se refirió al dominio, posesión, perfeccionamiento y regularización del derecho de agua en la modificación del código. Recomendó que los agricultores regularicen a la brevedad posible sus derechos de acuerdo con las actuales disposiciones, a fin de no ser afectados en caso de futuras modificaciones.
Las palabras finales fueron para Crespo, que anunció que si la reforma prospera en el Congreso, recurrirán al Tribunal Constitucional.
Ministro Furche insiste en que es una reforma acotada
En el Gobierno se siguen con atención las diversas movilizaciones de los agricultores. El ministro Carlos Furche se ha reunido varias veces con dirigentes para hacerles ver su posición.
Respecto del proyecto, señaló que el que el Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados en septiembre de 2014 es una reforma acotada, "que solo limita el derecho de propiedad sobre un bien nacional de uso público que es el agua, por lo tanto, no tiene carácter expropiatorio. La iniciativa legal no es retroactiva, por lo que solo concierne al 10% del agua respecto de la cual aún no se han otorgado derechos y sobre la cual se entregarán 'concesiones' a 30 años plazo. No afecta los intereses de quienes ya detentan derechos por el 90% del agua, ni la gratuidad ni perpetuidad con las que fueron otorgados".
Agrega que "el proyecto busca generar un marco regulatorio apropiado para nuevas circunstancias.Primero, establece prioridades y le otorga prioridad al consumo humano. Aquí hay gente que ya tiene derechos de agua. Esos derechos no se tocan...".
"Hay el deseo de fondo de volver a un sistema de planificación centralizada en la dirección General de Aguas"
Alejandro Vergara, director del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Universidad Católica y socio de Vergara y Cía, tiene aprensiones sobre si las indicaciones hechas recientemente en el Senado al proyecto de reforma al Código de Aguas, disminuyen la incertidumbre respecto del derecho de propiedad de los derechos de aprovechamiento de aguas de los agricultores.
"Las indicaciones de abril solo moderan algunas propuestas específicas, pero globalmente el proyecto sigue siendo un contraste con el sistema de protección de los derechos de aguas, que permite inversión y mercado de aguas; hay el deseo de fondo de volver a un sistema de planificación centralizada en la Dirección General de Aguas, a la que se le desean entregar amplias atribuciones", sostiene Vergara.
Frente a la propuesta en la reforma de que sea ese organismo, perteneciente al Ministerio de Obras Públicas, el encargado de determinar si no se hace uso efectivo de los derechos de aprovechamiento de aguas, sostiene que "existen sistemas centralizados y descentralizados para obtener el uso social óptimo de las aguas, atendida su escasez y sequías periódicas; el sistema descentralizado, de mercado, en cuanto al uso o no uso de las aguas, se basa en la decisión atomizada de los titulares de derechos; eso es lo que existe. Con los cambios que se desea hacer, se quiere entregar esa decisión al órgano burocrático".
Una de las grandes dudas de los agricultores en la actualidad es qué sucederá, teniendo en cuenta la actual situación del proyecto de reforma del Código de Aguas, con los derechos de agua de carácter indefinido cuando son vendidos, arrendados o heredados. Al respecto, Vergara sostiene que "esos derechos debieran mantener su calidad de indefinidos".
