La Segunda
Las sociedades de inversión constituyen el principal instrumento que utilizan los senadores al momento de desarrollar una actividad económica. Así se desprende del análisis de las declaraciones de patrimonio de los 36 miembros en ejercicio de la Cámara Alta (se exceptuó a los desaforados Iván Moreira y Jaime Orpis).
Del universo de legisladores hay 6 que no reportaron ningún tipo de sociedad, 22 que sí lo hicieron y 8 que sólo informaron "comunidad de bienes", que por lo general corresponde a un sistema de copropiedad, pero que no necesariamente tiene un RUT asociado como una empresa.
De los 22 parlamentarios que indican sociedades, 14 mencionaron que eran de inversiones, 10 en el área inmobiliaria y 9 en el rubro agrícola (incluido cultivo de árboles). En menor número se detallaron inversiones dedicadas a compra, venta y alquiler; asesorías, vitivinícola, cría de caballos, elaboración y conservación de frutas, comercio al por menor y una constructora (ver gráfico). Los 6 senadores que no declararon sociedades son Alfonso de Urresti, Carlos Montes, Alejandro Navarro, Lily Pérez, Jaime Quintana y Fulvio Rossi.
44% co-propietarios
De la treintena restante, hay 16 (44% de los senadores en ejercicio) que informaron tener 23 "comunidades de bienes", una instancia que se crea para ser co-propietarios y no corresponde al régimen que establece la ley de unión civil de 2015. De hecho, todas las comunidades informadas se constituyeron con anterioridad a ese año. Quien lidera este ítem es Manuel José Ossandón, con cuatro, seguido por Alejandro García-Huidobro, José García Ruminot, Guido Girardi y Alejandro Guillier (todos con dos).
Una de las declaradas por Guillier corresponde a una sucesión, tal como las que declaran Juan Antonio Coloma, Carolina Goic y Rabindranath Quinteros. También declaran una Isabel Allende, Pedro Araya, Francisco Chahuán, Felipe Harboe, Hernán Larraín, Eugenio Tuma, Andrés Allamand y Adriana Muñoz.
El ranking
Los 22 senadores que reconocen tener sociedades declaran en conjunto 44 de estos instrumentos societales. Quien encabeza este ranking es Juan Antonio Coloma (6), seguido por Ignacio y Patricio Walker, Andrés Allamand, Alejandro García Huidobro, Baldo Prokurica y Andrés Zaldívar (todos con tres). Luego, con dos aparecen Francisco Chahuán, Alberto Espina, Antonio Horvath, Jacqueline van Rysselberghe y Ena von Baer, mientras que con una figuran Carlos Bianchi, Carolina Goic, Felipe Harboe, Hernán Larraín, Manuel Antonio Matta, Manuel José Ossandón, Víctor Pérez, Jorge Pizarro, Eugenio Tuma y Ricardo Lagos Weber. Este último caso corresponde a una sucesión de bienes de su madre de la cual posee el 25%.
Recuadro :
En clubes y clínicas
Juan Antonio Coloma (UDI)
3 acciones en el Club Lomas (por $10 millones), una en el Club Hípico (por $10 millones) y mil en la Clínica Indisa (propiedad de su señora, por $2.700.000).
Alejandro García-Huidobro (UDI)
2 acciones en el Club de Golf Los Lirios (por $360 mil) y una del Club de Polo Las Mercedes (por $100 mil).
Patricio Walker (DC)
10 acciones en Deportes Cachagua (por $6 millones 614 mil).
Ignacio Walker (DC)
10 acciones en Deportes Colchagua (por $6 millones 614 mil) y 7 acciones del Country Club (por $1 millón 260 mil).
Francisco Chahuán (RN)
1 acción del Valparaíso Sporting Club (por $7 millones 500 mil).
Jorge Sahd, experto en políticas públicas
'En el Congreso hay herramientas menos efectivas para perseguir los conflictos de interés'
Como un importante avance en materia de transparencia considera la actual Ley de Probidad Jorge Sahd, director del Centro de Estudios Internacionales de la UC y experto en políticas públicas. Dice que unificar las declaraciones en un solo lugar (infoprobidad) facilita el control social "y hace más visibles los potenciales conflictos de interés".
—¿Dónde hay que mejorar?
—Sin duda, en el Congreso, donde hay herramientas menos efectivas para perseguir conflictos de interés como los que hay en la administración central. Allí queda supeditado a las comisiones de ética y transparencia de ambas cámaras que están compuestas por los propios parlamentarios. Debiera ser un organismo externo —como el comité de auditoría— que se preocupara del correcto cumplimiento de la ley. También sería deseable tener una guía, más clara y detallada, que establezca cuándo un parlamentario debiera abstenerse en la discusión de un proyecto.
—En el caso de sociedades, ¿hasta qué nivel de operaciones bursátiles e inversiones se debiera declarar?
—Eso se está discutiendo a nivel mundial, especialmente en la Alianza de Gobierno Abierto. Esto es lo que se llama Beneficial Ownership Transparency (transparencia sobre los beneficiarios reales). Llegar hasta la inversión final puede ser poco practicable, porque las inversiones en el mercado son dinámicas y las participaciones que uno pueda tener en el mercado de valores o en acciones cambian día a día o periódicamente. Creo que esta materia se resuelve de mejor forma en el fideicomiso.
