El Mercurio
"La justicia no nos ayuda mucho", fue la expresión con que una mujer resumió su sentimiento de impotencia, tras sufrir un brutal asalto de madrugada en su hogar en Las Condes en enero de este año.
Dos delincuentes, un adulto y un menor, ingresaron a las 4:30 de la madrugada a su hogar, donde la maniataron a ella y a su hijo adolescente, con el fin de robar sus bienes.
El robo en lugar habitado, al igual que los frecuentes "portonazos" en que quitan al conductor el vehículo por la fuerza, lesiones en la vía pública, secuestros, violaciones o asaltos a pensionados en la calle, forman parte del amplio abanico de delitos violentos que dejan huellas traumáticas en los afectados.
A lograr que el Estado ayude en forma activa a las víctimas de este tipo de hechos se dirige el foco de una campaña de recolección de firmas y de difusión de derechos que inicia hoy el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN). Una iniciativa que se desplegará en las redes sociales (www.victimas.cl), en pantallas led y en las calles, con stands para obtener respaldo ciudadano.
Luego de unas semanas, las firmas acompañarán una presentación ante La Moneda para exigir al Gobierno que cumpla con enviar el proyecto de ley que crea una "Defensoría de Víctimas de Delitos Violentos", para que pueda ser aprobado en este período o en el próximo. Es un servicio público cuya creación está comprometida en el programa presidencial para 2014-2018.
"La idea es que ninguna víctima en Chile que sufre un delito violento y hace la denuncia no sea contactada por el Estado. Se le debe ofrecer apoyo psicológico y un abogado que la represente en el caso de si hay detenidos a disposición de la fiscalía", explica el parlamentario.
La oferta sería gratuita para todos, sin distinción de estratos socioeconómicos, dice.
Espera, además, conseguir apoyo político transversal, pues es un tema que surgió a fines de la anterior administración de Michelle Bachelet, con una reforma constitucional que se aprobó en el gobierno pasado y reconoció el derecho de las víctimas a la defensa.
De programa a servicio
Fuenzalida asegura que no ha dejado de trabajar en este tema desde que sufrió junto a su familia un violento asalto en su hogar en 2006. Primero en una fundación que creó para dar apoyo a víctimas, y en la anterior administración, como jefe del programa que depende de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior.
Tal como en el tema drogas Conace se convirtió en el Senda, según explica, lo que se pretende es transformar el Programa de Apoyo a Víctimas de Delitos -que actualmente atiende a unas 60 mil personas al año en unos 50 centros-, en un Servicio Nacional de Asistencia a Víctimas del Delito.
Los centros de apoyo cuentan con un presupuesto de $5.429 millones este año y se estima que crear la Defensoría de Víctimas como servicio público significaría otros $4 mil millones adicionales.
Sobre el tema, el programa presidencial de Michelle Bachelet señala textualmente: "Crearemos un Servicio Público Descentralizado de Apoyo a Víctimas", que "asuma la dirección de los centros de atención de víctimas y lidere la red". Se indica que "aumentaremos la oferta programática estatal de la red de atención a víctimas, respecto de la atención médica, psicológica de apoyo a víctimas de delitos violentos y de otra naturaleza que generen consecuencias graves".
Al respecto, existe una propuesta de anteproyecto que se empezó a preparar en 2012 y estuvo en análisis en los primeros años de este gobierno, pero no figura actualmente en la agenda legislativa.
Para que se materialice, la iniciativa de ley radica en el Ejecutivo.
En la Subsecretaría de Prevención del Delito confirman que efectivamente hay un proyecto que está listo, en ajustes finales, y se espera que una vez que avancen los proyectos priorizados pueda ser enviado al Congreso antes del término del Gobierno.
Insatisfacción ciudadana
Según remarca el diputado Fuenzalida, la gente está "insatisfecha" con el trabajo que realiza el Ministerio Público a través de las fiscalías y cita la encuesta Paz Ciudadana-GfK Adimark, que refleja un rechazo de 67% y donde los fiscales obtienen nota 2,7.
En ese sentido, argumenta que la fiscalía no representa bien el interés de las víctimas, ya que solo las atiende en cuanto le sirven de testigos para una causa cuando hay detenidos. Pero, en 2016, el 52,5% de los delitos registrados no tuvo autor conocido ni identificado.
"Una de las crisis que tiene la fiscalía es que no investiga cuando no hay detenidos. La gente no sabe qué pasa con su proceso y recibe una carta de archivo", sostiene el parlamentario. En la mayoría de los casos, asegura Fuenzalida, las víctimas de un delito violento que han hecho una denuncia no son contactadas por la fiscalía para ratificar su denuncia, a menos que haya detenidos.
Plantea que, incluso cuando hay imputados, la labor de la Unidad de Víctimas y Testigos de la fiscalía es insuficiente y se requiere que haya una atención integral a todas las personas afectadas, con apoyo psicológico para superar el trauma y un abogado con costo cero para actuar ante los tribunales.
En el ámbito académico hay matices respecto de la relevancia de crear un servicio estatal con este fin, ya que se podrían duplicar funciones de la fiscalía o crearse expectativas que no se cumplirán (ver recuadro).
No obstante, el diputado Fuenzalida está convencido de que, tal como el autor de un delito cuenta con la Defensoría Penal Pública (que atendió a 325.285 imputados en 2016), la víctima debe contar con un servicio estatal que la ampare y le permita presentar querellas para buscar justicia en su caso, que es también una forma de reparación.
Opinan académicos de la UC y la UDP
¿Cómo impactaría este servicio en la persecución penal de los delitos que realiza la fiscalía?
La necesidad de que la víctima de un delito violento tenga resguardados sus derechos es un consenso entre expertos en el sistema procesal penal. Sin embargo, existen matices respecto del efecto que pudiera tener crear un servicio público para asistir y representar a las víctimas, similar a la Defensoría Penal Pública que ofrece atención a los imputados.
Daniel Martorell, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, plantea que "siempre es favorable el mayor ejercicio de los derechos de las víctimas" y cree que con un servicio que asista a las personas afectadas por delitos violentos "podrían estar mejor resguardados esos derechos". No obstante, observa que no se deben crear expectativas sobredimensionadas respecto de la posibilidad de que automáticamente habrá más condenas de imputados, porque eso no será así.
En la estructura del sistema procesal penal, "la labor de un abogado querellante, que sería el abogado de la víctima frente a delitos violentos, tiene ciertos límites respecto de la investigación que hace un fiscal del Ministerio Público", afirma. Y destaca que uno de esos elementos centrales es la formalización de la investigación: "Si el fiscal de la causa que está investigando no formaliza la investigación, y decide no formular cargos, la posibilidad de que un querellante logre revertir una decisión de no llevar a juicio es prácticamente cero", enfatiza.
"Se puede crear una institución, las víctimas pueden estar mejor resguardadas en sus derechos, puede haber abogados que las atiendan gratuitamente, pero no debe entenderse que por hacer un esfuerzo económico de generar una institución de esta naturaleza, las víctimas van a poder, a través de un querellante activo, cambiar el sistema como está estructurado", explica Martorell.
Aun con limitaciones, cree que una víctima bien representada respecto de una que no lo está enfrenta un escenario más favorable. "Un querellante podría interferir positivamente, porque si bien es cierto hay muchas cosas que le corresponden al Ministerio Público, también es cierto que un querellante activo puede lograr mucho".
"Que sea focalizado"
El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP) Cristián Riego plantea que ya existen programas para consagrar el derecho de las víctimas a su defensa. Destaca que el programa del Ministerio del Interior está muy bien organizado, "atiende a víctimas de delitos graves, y entre otras prestaciones les da asesoría legal".
Frente a la opción de expandir esa oferta, opina que "debe seguir siendo un servicio muy focalizado para pocos casos especiales, en los que exista una discrepancia importante entre la víctima (del delito) y el Ministerio Público, o en que la víctima necesite de un apoyo específico para acudir a tribunales".
No es partidario de masificar este tipo de programas, porque cree que "se duplicarían funciones con el Ministerio Público, con menos facultades que este, y por lo tanto dificultaría la tarea de persecución penal".
A su juicio, para mejorar la respuesta a las víctimas se requiere una supervisión y control respecto del tratamiento que el Ministerio Público y las policías les dan, con el fin de identificar malas prácticas y promover cambios para mejorarlas.
