Diario Hoy por Hoy
El miércoles 3 de mayo se aprobó en el Congreso la ley conocida como Ley Cholito, que establece los derechos y las obligaciones que se aplican a todos quienes mantengan animales de compañía o mascotas, incluyendo las reglas sobre responsabilidad civil y penal que les cabe asumir por los daños que esos animales causen a las personas y a la propiedad, como también las sanciones que se aplican a quienes ejecuten acciones que impliquen maltrato animal.
El Gobierno, además de ordenar la promulgación y la publicación del texto legal, para que entre en vigencia la ley, deberá dictar en el corto plazo el respectivo reglamento que defina la forma y condiciones en que se aplicarán las normas.
Se está frente a un esfuerzo legislativo por mejorar los estándares de bienestar animal para las mascotas, exigiendo a la autoridad el diseño, implementación y ejecución de políticas públicas de control de población animal y de tenencia responsable.
Entre las obligaciones que impone la nueva ley destacan: el registro del animal ante la autoridad competente, proporcionarle alimento, albergue y buen trato, brindarle los cuidados veterinarios indispensables para su bienestar y no someterlo a sufrimientos a lo largo de su vida, además de respetar las normas de salud y seguridad pública que sean aplicables.
A su vez, la ley considera la intervención de distintos órganos de la Administración del Estado en la promoción de la tenencia responsable de mascotas, incluyendo la aplicación de medidas de control y sanción, a fin de asegurar su bienestar, la salud de las personas y la protección del medio ambiente. Se trata de los ministerios del Interior y Seguridad Pública, de Salud y de Educación y de las municipalidades. En el ámbito de la resolución de conflictos, actuarán los juzgados de policía local.
Nos interesa destacar en esta oportunidad que esta iniciativa legal viene a hacerse cargo de una temática de innegable interés social. Sin embargo, cabe plantearnos la legítima duda acerca de si el Estado estará dispuesto a aportar todos los recursos que son necesarios para ejecutar los objetivos e ideas matrices que dieron origen a esta ley. Basta reconocer que si se le entregan nuevas facultades a las municipalidades y a los juzgados de policía local para el control de las actuaciones contrarias a la normativa, sin que ello se haga con el suficiente traspaso de recursos, es probable que la ley que acaba de aprobar el Congreso quede en un simple "buen propósito" o en un conjunto "de buenas intenciones".
Recuadro :
"Es legítima la duda acerca de si el Estado estará dispuesto a aportar los recursos para ejecutar los objetivos de la ley."
