El Mercurio
José Luis Cea dice que ha estudiado detenidamente el proyecto que envió la Presidenta Bachelet al Parlamento. Es precisamente la reforma al Capítulo XV de la Constitución y que propone la creación de una Convención Constitucional, que se encargará de la creación de una nueva Carta Fundamental.
Al analizar el mensaje que precede al proyecto, Cea afirma que "tiene ideas ya conocidas y no muy novedosas como fundamentación".
"Abunda en raciocinios que han sido repetidamente discutidos, como que se busca hacer una Constitución generada en democracia o que se quiere incorporar una disposición que permita reemplazar la Constitución cuando fuese necesario", afirma Cea.
Ante todo, deja en claro que no duda de la buena fe de quienes impulsan esta iniciativa y enfatiza que no es contrario a los cambios, pero que estos deben ser "discernidos".
El abogado, académico, ex presidente del Tribunal Constitucional y líder del grupo de constitucionalistas del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC), dice, sin embargo, que este proyecto es "innecesario e inconveniente".
-¿Qué le llamó la atención del proyecto?
-El proyecto es, en cierto sentido, inesperado, por cuanto se agrega un artículo y una disposición transitoria. El artículo señala que el Congreso Nacional podrá convocar, lo que es curioso, a una Convención Constitucional para redactar una nueva Constitución. Y dice que se aprobará por dos tercios de los miembros en ejercicio de cada una de las cámaras. Mientras que la disposición transitoria remite a una Ley Orgánica Constitucional, que tendrá que ser dictada antes de que el Congreso Nacional convoque a la elección de una Convención Constitucional.
-¿Qué incidencia puede tener, a su juicio, que exista esta disposición transitoria?
-Esto es curioso, porque se remite a una ley orgánica que es la que va a señalar la pormenorización de cuándo se convoca, cómo se convoca, cómo se elige, qué funciones específicas va a tener esta Convención.
-¿Considera entonces que no hay claridad respecto de las funciones de esta Convención?
-No se dice nada respecto del número de integrantes de esta Convención Constitucional. Eso queda completamente abierto a lo que señale la ley orgánica. No se dice nada sobre las funciones o atribuciones. Por ejemplo, dentro de qué plazo se van a ejercer esas funciones. Si van a haber informes de mayoría y minoría. Quiénes la van a integrar y conforme a qué sistema electoral.
-Hay senadores que plantean que la potestad constituyente está en el Parlamento. ¿Esa potestad quedaría en segundo plano con la convención?
-El rol que se le asigna al Congreso en esta iniciativa es únicamente aprobar por dos tercios una Convención, que será la facultada para estudiar, debatir y elaborar un proyecto de reemplazo de la Carta Fundamental, que será sometida a referéndum.
-Desde esa perspectiva, ¿no va a ser el Parlamento el que tenga la potestad constituyente?
-No. Solo va a actuar para habilitar a la Convención Constitucional. Y esta Convención va a desplazar o sustituir al Congreso en su potestad constituyente.
-La Mandataria en su mensaje da a entender que no hay un mecanismo para crear una nueva Constitución, por lo que esta instancia sería necesaria.
-La Presidenta insiste, en dos oportunidades, que no existe un sistema en la Constitución del 80 destinado a sustituir la Constitución y que lo único que está previsto es un régimen destinado a modificar, reformar o enmendar ciertas disposiciones. Yo creo que eso es un error.
-¿Por qué sería un error?
-Lo he sostenido en ensayos, que la palabra reforma significa la modificación de algo que se necesita mejorar. Pero ese algo que se necesita mejorar puede ser la Constitución completa. La reforma puede ser el reemplazo de la Constitución.
-Es decir, bajo su mirada, ¿la Convención sería innecesaria?
-Absolutamente. No tiene ningún sentido. Es una interpretación equivocada de quienes han estudiado este tema en la Presidencia de la República. Es innecesaria e inconveniente.
-El constitucionalista Francisco Zúñiga señaló que la Convención liberaría al Congreso de la tarea de elaborar una Constitución, ya que debe cumplir con tareas legislativas y fiscalizadoras. ¿Tiene sentido para usted esta afirmación?
-Ninguno. Yo discrepo por completo. Los órganos del Estado deben asumir su labor de acuerdo a la Constitución y las leyes, y no buscarse salidas o escapatorias. Menos aún tratándose de una tarea de esta relevancia, que es configurar un nuevo ordenamiento político y social aplicable a gobernantes y gobernados.
