El Mercurio
El sábado, a las 12:35 horas, el director de Personal de Carabineros, general inspector Julio Pineda, envió un correo a 14 coroneles para citarlos -por orden del general director Bruno Villalobos- a una reunión de carácter urgente que se realizaría el lunes en la Dirección General.
A las 10:15 horas de ayer, en el auditórium ubicado en el segundo piso del edificio de Zenteno, el general Villalobos informó a tres oficiales que asumirán en el Alto Mando de la institución.
Ellos eran Andrés Gallegos Durán, quien pasará a ser jefe de la Zona Metropolitana Oeste; Ignacio Villarrubia Goycoolea, encargado de la II Zona Antofagasta, y René Ureta Toledo, nuevo jefe de Finanzas de la institución.
Este último cambio es el más relevante de los tres, debido a que su antecesor, el general Flavio Echeverría, fue separado del servicio hace una semana -junto a nueve oficiales más- por su responsabilidad de mando en el millonario fraude que afecta a la institución, el cual se habría originado desde esa unidad de Carabineros. Y marca un duro revés para ese escalafón, que sale de la línea de mando de las finanzas institucionales a raíz del escándalo, que involucra a varios oficiales de esa especialidad.
Estuvo en inteligencia
Ingeniero comercial de 48 años, Ureta -quien desde la semana pasada asumió como director de Finanzas subrogante- es egresado de la Academia de Ciencias Policiales, tiene un magíster en Recursos Humanos y posmagíster en pedagogía universitaria.
Además, realizó funciones operativas en distintas unidades de la Región Metropolitana y estuvo en la Dirección de Inteligencia Policial. Antes de asumir la subrogancia, era jefe de gabinete del Departamento de Compras Públicas.
El hecho de que haya pertenecido al área de inteligencia, según comentan al interior de Carabineros, hace que Ureta sea considerado como un cercano al general director, quien fue jefe de esa unidad.
Esto habría incidido para tener un mayor control sobre esta unidad, lo que había adelantado el sábado "El Mercurio".
Tanto Ureta como los otros dos ascendidos son del escalafón Orden y Seguridad, quienes se desempeñan en las labores operativas de la policía uniformada.
Desde el interior de la institución trascendió el duro impacto que generó la decisión entre el escalafón de intendencia, una de las dos mallas curriculares que tiene la Escuela de Carabineros y la cual está, justamente, destinada a las tareas financieras.
El general Villalobos -luego de reunirse con el ministro del Interior, Mario Fernández, quien le comunicó que la Presidenta había aceptado su propuesta de ascensos- dijo que esa responsabilidad "después de largos años va a estar a cargo de un oficial de Orden y Seguridad". El general Echeverría estuvo más de cinco años en ese puesto.
Colaboración de la Contraloría
El fiscal nacional, Jorge Abbott, anunció ayer que -tras una reunión con Jorge Bermúdez, contralor general de la República- este organismo aportará a dos funcionarios para que "apoyen al equipo que está investigando este fraude en Carabineros, puesto que tanto la Contraloría General de la República como el Ministerio Público tienen como interés común que este tipo de fraudes no ocurran dentro de la administración del Estado".
Desde la Contraloría comentaron que fue el Ministerio Público el que solicitó la incorporación de los auditores por su expertise en la detección de este tipo de irregularidades. Esta labor es complementaria a la auditoría especial que el contralor Bermúdez ya había ordenado luego de conocerse el supuesto fraude.
El otro organismo que podría intervenir en este caso, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), informó que organizó un equipo para analizar los antecedentes recibidos de la fiscalía el viernes pasado por parte del Ministerio Público para analizar si existen antecedentes para presentar una querella por el perjuicio que significaría el posible fraude para el fisco.
El grupo está compuesto por el abogado consejero del comité penal, Daniel Martorell, y el abogado procurador fiscal de Punta Arenas del organismo, Dagoberto Reinuava.
Comunicaciones
En el actual alto mando habrá dos ex jefes de comunicaciones de la institución: Gallegos y Ureta.
Gobierno y Ministerio Público se enfrentan por órdenes de detención que derivaron en ilegalidad
Uno de los fundamentos que usó la jueza Irene Rodríguez para declarar la ilegalidad de la detención de los 17 efectivos que habrían participado en el fraude fue que no se informó correctamente en las órdenes de captura los delitos que se les imputarían y por qué razón se los aprehendía.
Ante esto, si bien el ministro del Interior, Mario Fernández, dijo que no podía pronunciarse sobre los procedimientos que utiliza la fiscalía, sí comentó que "las órdenes de detención que son evacuadas por el Ministerio Público a la policía que el mismo fiscal le ha encargado la investigación, a Carabineros en este caso (...), se trata de una responsabilidad directa y exclusiva del Ministerio Público".
Esta declaración no fue pasada por alto por la fiscalía y fue respondida tanto por el persecutor regional de Magallanes, Eugenio Campos, como por el fiscal nacional, Jorge Abbott.
El primero dijo que "no es un error de la fiscalía" y que "lo más probable es que el ministro del Interior nunca haya tenido en sus manos una orden de detención judicial". Agregó que "en definitiva, ese tipo de comentarios no es el apropiado y todos deberíamos estar colaborando y sumando para seguir esclareciendo los hechos".
En tanto, Jorge Abbott dijo que "el ministro Fernández es un gran constitucionalista, y como decía nuestro fiscal (Campos), pareciera que en materia penal no tiene mucho conocimiento en cómo son las órdenes de detención. Pensamos que su opinión se basa en un error respecto de una materia técnica que no tiene por qué conocerla".
Mientras, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, defendió lo obrado por el personal a cargo de las diligencias y dijo que las órdenes de detención "se cumplieron por parte de carabineros, como correspondía". Esta postura fue respaldada por el fiscal Campos, quien señaló: "yo también entiendo que lo hicieron correctamente".
Fiscalía dice que resolución es un "error" y "desconoce normas básicas de la ley"
"Estamos frente a una organización y es una investigación de lavado de activos que se rige por un estatuto especial respecto a las órdenes de detención. Es eso lo cual no fue comprendido y no entendemos cómo el tribunal no compartió". Fueron las primeras declaraciones del fiscal de Magallanes, Eugenio Campos, a pocas horas de que el 8° Juzgado de Garantía decretara ilegalidad en la detención de los 17 ex carabineros involucrados en el presunto fraude al interior de la institución. Lo anterior, pues, según la jueza Irene Rodríguez, en algunos casos el tribunal era incompetente.
"Lamentamos la resolución dictada y pensamos que ha sido un error puesto que la magistrado no ha tomado en cuenta la legislación que aplica en este tipo de investigación", dijo el jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott.
Según la resolución, además, se habría infringido los artículos 93 A y 94 A del Código Penal, que se refieren al derecho del detenido a ser informado del motivo de su detención y a que se le exhiba la orden respectiva. Un duro revés para el fiscal Campos, que dijo estar molesto con la decisión "que desconoce normas tan básicas indicadas en la ley", por lo cual evalúa recurrir de queja contra la decisión ante la Corte Suprema.
La resolución no pasó inadvertida. Hugo Dolmestch, presidente del máximo tribunal, dijo que "todos estamos protegidos en nuestros derechos constitucionales, y cuando faltan estos derechos, sencillamente el juez declara que hay nulidad de la detención y todo el mundo queda libre, es un derecho".
Para el académico de la UDP Mauricio Duce, "en principio las razones por las cuales la jueza decretó ilegalidad son razones que el sistema legal lo permite". Una visión que comparte el abogado de la UC Cristóbal Bonacic, para quien "lo resuelto no veo que vaya a tener alguna incidencia en el resultado final de la misma", es decir, no significaría que la fiscalía no pueda continuar con la investigación y posterior formalización de los imputados.
