Diario Financiero
Bajo el lema "Estados Unidos primero", el presidente Donald Trump en los primeros días de su mandato, ha ido implementado medidas, que van delineando su política exterior en el marco de lo prometido en su campaña presidencial. En ellas, se ha ido esbozando en qué consiste este lema de su mandato "Estados Unidos primero", que nos indica la voluntad de privilegiar el interés nacional por sobre toda otra consideración.
Interés nacional que si bien constituye un objetivo legítimo y deseable de toda administración estatal, encuentra límites en el respeto de los derechos humanos y del Derecho Internacional. Y es aquí donde surgen las preocupaciones e inconsistencias de las primeras medidas tomadas por el gobierno de Trump. Una de estas constituye la decisión del presidente de construir el muro en la frontera con México con el objetivo de frenar la inmigración desde ese país hacia los Estados Unidos y la voluntad de que México pague por dicho muro a través de la aplicación de una sobretasa arancelaria.
Esta decisión violaría el Tratado de Libre Comercio entre ambos países y las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Por otra parte, el gobierno de Trump ha suspendido temporalmente el otorgamiento de visas a nacionales de siete estados mayoritariamente musulmanes. De esta manera, discriminatoriamente, ha decretado la prohibición de ingreso a los Estados Unidos, a personas por razones exclusivamente basadas en la nacionalidad y pertenencia a una religión. Si bien esta orden ha sido derogada por decisión de un juez federal y confirmada por un Tribunal de Apelación, el gobierno norteamericano ha manifestado su decisión de obtener su revocación ante la Corte Suprema.
Si bien Estados Unidos, como todo estado de la comunidad internacional, tiene el legítimo derecho de restringir la inmigración en orden a prevenir el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico, entre otros delitos, con el objetivo de proteger la seguridad de su población y territorio, ello no puede ser realizado en contravención del respeto de los derechos humanos y del Derecho Internacional. Lo expuesto, legítimamente ha suscitado preocupación en la comunidad internacional como asimismo un amplio movimiento de protesta y decisiones judiciales contrarias en los Estados Unidos. También ello está generando un creciente sentimiento de solidaridad con México, miembro de la comunidad de estados americanos y socio de nuestro país en la Alianza del Pacífico.
A ello, se suma como preocupación la voluntad de Trump de embarcarse en una política proteccionista en materia comercial, ya insinuada con su decisión de no ratificar el Acuerdo Transpacífico, su voluntad de renegociar los tratados de libre comercio y, en particular, el Nafta, como su decisión de aplicar una política restrictiva en materia de importaciones y, en especial, de China. Asimismo, se agrega la ambigüedad que ha manifestado respecto de su relación con Europa y, en particular, de su compromiso en materia de defensa colectiva en el marco de la OTAN.
