El Mercurio
Señor Director:
"Todo lo nuevo es malo, salvo el Nuevo Testamento", proclamaba uno de mis profesores de pregrado. Claro, uno se reía entonces. Después de unas semanas de entrada en vigencia de la Ley de tramitación electrónica (LTE), estoy por hacer propia esta máxima, ya que parece haber tantas interpretaciones de esta como tribunales.
Partamos por lo básico. Cada abogado debe destinar alrededor de 10 minutos por escrito en lo siguiente: entrar a la oficina judicial virtual (OJV), ingresar al portal de escritos, llenar los datos de la causa, adjuntar el escrito, luego cambiarse de ventana para ir a la "bandeja de escritos" (recomiendo juntar varios para hacerlo más corto), y enviarlo.
Súmele que hay distintas "plataformas" para adjuntar escritos. En la civil se admite un "escrito principal", y los documentos se suben separadamente. En otras se admite un único escrito, en el que se "pegan" todos los documentos (laboral). Si su collage judicial le quedó muy pesado (sobre 10 MB), busque un plan B. Vaya usted a pegar juntos documentos con firma electrónica avanzada, porque no va a poder. Así surgen las soluciones como "imprime y vuelve a escanear". Si usted pensaba prescindir de su secretaria, replantéeselo.
Hay causas "electrónicas" donde solo puede ingresar escritos por la OJV, y otras "medio electrónicas", en que se puede, pero no. En estas, "Si bien la LTE da la opción de ingresar sus escritos por la OJV, sin embargo, el Tribunal carece de los recursos necesarios para imprimir todas sus presentaciones y ser agregadas a los autos, por lo que no serán proveídas sino hasta que la parte comparezca al tribunal con la impresión de éstas" (resolución judicial real).
Los actuarios, a quienes su acceso estaba cada vez más restringido, ahora tienen un verdadero firewall judicial: un coordinador de causas electrónicas. Podría alargarme en estas aventuras tecnológicas, pero es Santiago, no Silicon Valley.
Todo cambio exige sacrificio y compromiso de la comunidad jurídica. No solo debe exigirse comprensión a los usuarios finales (abogados y justiciables), sino que también jueces y funcionarios deben ser más colaborativos, uniformando criterios. Ello llevará al objetivo final de un sistema de justicia independiente, imparcial y eficiente.
