Diario Pulso
Hace unos días, la Presidenta Michelle Bachelet anunció que en marzo presentará un proyecto de ley para que Conaf, corporación privada que opera como servicio público, sea un organismo público, provocando un debate respecto de la naturaleza de esta entidad.
En una columna de opinión en PULSO, el ex subsecretario del Medio Ambiente Ricardo Irarrázabal, vicedecano de Derecho UC, llamó la atención sobre un aspecto poco relevado en estos días de crisis: que en 2008 el Tribunal Constitucional instruyó a la Presidenta, en su primer mandato, la urgencia de regular el estatuto jurídico de Conaf.
Este antecedente es clave porque apunta a una desidia de la autoridad en su momento, pero además muestra el error de los senadores de la Concertación que en 2012 rechazaron la idea de legislar sobre Conaf amarrando el proyecto a la creación del Servicio de Áreas Protegidas.
Es comprensible que la administración Piñera no haya perseverado, tras el obstruccionismo que enfrentó (la Cámara es probable que tampoco hubiese aprobado la idea de legislar). Lo que no se entiende es que hoy la Nueva Mayoría no establezca el condicionamiento de 2012 y que en sus tres años de Gobierno no haya avances en una legislación modernizadora forestal y ambiental cuya inexistencia hoy todos lamentan.
