Diario Financiero
Primero fue con las Isapres, pero ahora es la "nueva" ley de quiebras la que está abriendo un nuevo negocio en torno a la judicialización, el que se ha puesto en el foco de preocupación de la autoridad y la industria.
Avisos publicitarios en diarios, páginas web y otras plataformas, llamando a que las personas no paguen deudas están tomando protagonismo. "Declárate en quiebra y no sufras más por deudas que no puedas seguir pagando", dice un llamado.
"Estoy en condiciones de ayudar a profesionales, técnicos, estudiantes universitarios, jubilados, montepiados, pensionados, dueñas de casa, feriantes, artesanos, funcionarios públicos, asesoras del hogar, empresarios, etc. a lograr que un Juzgado Civil, les perdone hasta el 100% de sus deudas", establece otro. La nueva Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, que funciona hace dos años, establece que las personas naturales que no estén en condiciones de pagar deudas, pueden renegociarlas ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento o, como segunda opción, ir a un Juzgado para liquidar sus bienes y cancelar parte de esas obligaciones.
El cuestionamiento surge a raíz de que -dicen en la industria- se está formando un nuevo mercado que promueve llegar al segundo paso, a veces sin intentar renegociar la deuda.
Era previsible que en el rubro legal vieran una oportunidad, dice el profesor de Derecho de la UC, Juan Luis Goldenberg, dado que antes los procesos eran lentos y costos, por lo que no muchos se declaraban en quiebra. Con la reforma se abrió un potencial de clientes para algunos abogados, dice.
Según cifras de la Superintendencia, desde que entró en vigencia, hay más de 1.700 trámites para renegociar deudas, mientras que unas 1.000 optaron por liquidar sus bienes. Mientras en el primer trámite no es necesario tener un abogado, para el segundo sí es requisito y es ahí donde están floreciendo estos anuncios. El proceso ante un tribunal toman cerca de 10 meses y los honorarios rondan el $ 1,2 millón, aunque es variable según la oficina que preste el servicio.
"Lucrar con el drama de las personas no es muy distinto al ultraje de tumbas. Un mínimo imperativo ético impone el término de estas prácticas; el Colegio de Ahogados debe realizar una investigación", dice el ahogado Nelson Contador, dado que muchas de las personas son de bajos recursos y aunque eliminan una deuda, deben cancelar -incluso en cuotas- los honorarios de los abogados.
El vicepresidente ejecutivo del Retail Financiero, Claudio Ortiz, agrega que se ha empezado "a generar una industria" con promesas que no se pueden cumplir respecto de la extinción de la deuda. Goldenberg dice que el mensaje de "no pagar", es además contradictorio al espíritu de la ley.
Reiniciar es una de las empresas que otorga estas asesorías. José Tomás Méndez, uno de sus ahogados, señala que si bien han surgido nuevos actores, la mayoría funcionaba con la antigua legislación, por lo que no ve un nacimiento de una nueva industria.
Consejo mira el problema
Esta nueva industria de la judicialización no ha dejado indiferente al consejo consultivo relacionado a la Superintendencia, organismo independiente que agrupa a distintas organizaciones relacionadas con el retail, la banca y los consumidores, entre otros. Según Ortiz, ha estado mirado esta situación. El regulador es consciente de la situación, pero sólo puede orientar a la gente. "Invitamos a las personas a acercarse a nuestras dependencias, para orientarlas a qué procedimiento pueden optar", dicen, para lo cual han logrado convenios de cooperación con organismo como la Fundación Pro Bono y la Corporación de Asistencia Judicial.
En tribunales también están atentos. El profesor de la UC dice que ellos se han dado cuenta del problema, por lo cual están retrasando el inicio de cada juicio de liquidación, con el fin de verificar si en cada caso se pudo o no haber renegociado antes.
Según los últimos datos disponibles, los créditos reconocidos en 1.499 audiencias de renegociación que se han realizado, ascienden a $ 39.530 millones. Mientras, en 93 procedimientos finalizados de liquidación de bienes, se desprende una deuda de $ 2.361 millones.
