Diario Pulso
No hay duda que el objetivo de reducir la desigualdad en nuestro país es compartido por la mayoría. Distintas políticas públicas que se han propuesto en el último tiempo -como las reformas tributaria y laboral- se han justificado en conseguir dicho objetivo. Como plantea el profesor Anthony Atkinson en su reciente libro sobre desigualdad, toda propuesta de acción para mejorar la igualdad tiene costos. Lo importante es explicitarlos y ponderar si la tensión entre pérdidas y beneficios sociales justifica la intervención estatal. Es más valioso sincerar los costos de las políticas públicas en su etapa de diseño que pretender que toda intervención regulatoria es gratuita y siempre beneficiosa. Lo positivo del crecimiento económico no purga la existencia de una alta desigualdad social, pero tampoco políticas públicas que, sacrificando crecimiento, terminan entregando igualdad en la escasez y no en la abundancia.
