El Diario Financiero
En un paso histórico, 15 Estados miembros de la OEA (Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay) han emitido una carta conjunta en que por primera vez se vislumbra y deduce, dada la grave situación en Venezuela, una eventual aplicación de la Carta Democrática Interamericana respecto del gobierno del Presidente Maduro, reflejando una clara voluntad internacional de garantizar la vigencia de la democracia representativa y de los derechos humanos en dicho país.
En efecto, en una constatación del fracaso de la misión de UNASUR encabezada por ex jefe de Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, los referidos 15 Estados han exigido al gobierno de Maduro que garantice la realización sin demoras, de un referéndum revocatorio de su mandato "lo que contribuiría a la resolución efectiva y rápida de las dificultades sociales, económicas y políticas en el país".
Esta declaración constituye una respuesta a la medida dilatoria y obstructora del Consejo Nacional Electoral controlado por el chavismo en orden a que la oposición deberá recolectar firmas a fines de octubre para iniciar el proceso revocatorio, lo que forzaría a realizar la consulta en 2017, cuando ya no se puedan adelantar las elecciones presidenciales. De esta manera, se impide que el gobierno de Maduro pueda ser reemplazado e implica que en caso que Maduro fuera destituido, asumiría el actual vicepresidente hasta el término de su mandato.
A ello, se agregan los recursos iniciados por el partido gobernante en orden a anular el proceso revocatorio ante el Tribunal Supremo de Justicia controlado asimismo por el gobierno. La crisis institucional, económica y social que afecta a Venezuela no se hace esperar y exige la acción oportuna de la comunidad internacional. El propio secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha señalado la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela donde "las necesidades básicas no pueden ser cubiertas".
La declaración de los 15 miembros de la OEA no debe quedar en un mero ejercicio retórico. Ello debe implicar, en caso que el gobierno
de Maduro continúe con su acción obstruccionista del proceso conducente al referéndum revocatorio, la activación como ha solicitado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de dicho instrumento. En ello, el apoyo de Chile es fundamental de conformidad con su política exterior de Estado de defensa de la democracia representativa y de los derechos humanos.
En efecto, la grave vulneración del Estado de Derecho y del principio de la separación de los poderes, el control y falta de independencia del Poder Judicial, las limitaciones de las facultades de la Asamblea Nacional y acumulación de poderes en el Ejecutivo, la represión de la oposición política y las restricciones a las libertades de expresión y de prensa en Venezuela, constituyen una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en ese país.
