El Mercurio
Más de 150 mil manifestantes en Santiago según los organizadores y 50 mil según Carabineros. Cualquiera que sea la cifra, se trata de una convocatoria importante la del domingo pasado, sobre todo si se considera que el ímpetu de las marchas convocadas por otros actores sociales -los estudiantes- venía perdiendo fuelle y que la voz de la calle parecía que comenzaba a apagarse.
El llamado a marchar por la Alameda en Santiago y por las principales calles en regiones contra el sistema de AFP remeció una vez más al sistema político, al punto que la propia Presidenta Michelle Bachelet salió rápidamente a referirse a la movilización: "La ciudadanía nos ha recordado una vez más que tenemos un desafío enorme en relación a las pensiones. (Tenemos que) asegurar que las pensiones sean justas y reconozcan la dignidad y el esfuerzo laboral de las personas", afirmó.
Una marcha y una declaración de la Mandataria que hicieron que un nuevo problema de platas se instalara en el país. De platas, puesto que cualquier modificación para mejorar ostensiblemente las pensiones pasa por introducir cambios que, en lo grueso, implicarían aumentar el gasto en pensiones en grandes sumas, independientemente de que los recursos vengan del fisco, de los empleadores o de los trabajadores.
Se trata de un problema de muy difícil solución, lo que quedó de manifiesto en que, una vez más, no todos los ministros tocaron la misma nota: mientras el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, aclaró que el fisco no tiene recursos para hacer un aporte sustancial al sistema, la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, matizó las cosas y aseguró que el Gobierno no ha renunciado a nada.
Como sea, ¿de cuántos recursos estamos hablando? Carlos Ríos, director del área económica social de la Fundación Avanza Chile -plataforma vinculada al ex Presidente Sebastián Piñera-, realizó una estimación que indica que para que todos los cotizantes del sistema alcanzaran una tasa de reemplazo de 70% de su remuneración promedio -tasa de reemplazo es cuánto se recibe de pensión en relación al sueldo- haría falta sumar US$ 12.222 millones adicionales cada año al sistema, cifra que equivale a financiar tres veces la gratuidad universitaria universal.
El costo sería una reforma tributaria y media
¿Cómo se llega a esta cifra? El investigador de Avanza Chile consideró que si el sueldo imponible promedio del sistema de AFP es de $698 mil mensuales, entonces una pensión equivalente al 70% de ese sueldo (tasa de reemplazo ideal) sería de $489 mil mensuales. Pero hoy la tasa de reemplazo efectiva bordea los $233 mil mensuales, por lo que harían falta US$ 12.222 millones adicionales para cerrar esa brecha. Este cálculo incluye a los 2,3 millones de personas en edad de jubilar, independientemente de que hayan cotizado una vez o lo hayan hecho durante toda la vida laboral.
"Tendríamos que hacer una reforma tributaria y media más para financiar a los que hoy están pensionados... los recursos no se generan de forma espontánea, y la pregunta es qué hacemos con las otras múltiples necesidades del país", señala Carlos Ríos.
Estas cifras solo representan una foto del momento, pero si los números se proyectan en el tiempo, se vislumbran desafíos financieros de magnitudes más grandes todavía.
Expertos de la industria de las AFP indican que el flujo de dineros requeridos para responder a la demanda de mayores pensiones sería creciente, dado el rápido envejecimiento que experimenta la población chilena. Cifras elaboradas sobre la base de los datos de la Superintendencia de Pensiones, Dipres y proyecciones de población del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) indican que en 2026 habrá 3,5 millones de hombres y mujeres mayores de 60 y 65 años.
Para ofrecerles pensiones equivalentes a $489 mil mensuales -corregidas en el tiempo solo por el IPC y asumiendo muy conservadoramente que en toda la década las pensiones y los sueldos no registrarán aumentos reales-, el flujo de dinero requerido sería de US$ 17.480 millones al año hacia 2026.
Al año 2036, el número de pensionados será de 4,5 millones y el flujo de dineros requerido será de US$ 22.381 millones. Al año 2046 serán 5 millones de pensionados y se necesitará un flujo de US$ 25.471 millones, y en 2056 serán 5,7 millones de jubilados y el costo de US$ 29.531 millones al año.
"Cada vez tendremos menos trabajadores que cotizan en relación al número de personas cuyos beneficios se financiarían con esas cotizaciones. En esas condiciones, el déficit que se proyecta crecería rápidamente en el tiempo. Un esquema de este tipo impondrá una carga creciente de cotizaciones a quienes trabajen, o de aportes fiscales", afirma el ex subsecretario de previsión social Augusto Iglesias.
Sin embargo, los críticos al modelo de AFP han señalado de manera explícita que la expropiación del stock de recursos acumulados en las cuentas individuales de cada cotizante permitirían mejorar ostensiblemente las pensiones.
Consultado sobre el costo que tendría para el país ir hacia un esquema que garantice una tasa de reemplazo de 70% a todo evento, el gerente de estudios de la Asociación de AFP, Roberto Fuentes, advierte que cualquier política que se emprenda para mejorar las pensiones tiene que tomar en cuenta la sustentabilidad financiera del sistema en el largo plazo, y no lo que se puede hacer con el stock de recursos en lo inmediato.
Los ingresos del sistema superan 2,5 veces los pagos
El Movimiento No + AFP busca terminar con el sistema de cuentas individuales e ir hacia uno público de reparto, en que los trabajadores activos financien con su cotización las pensiones de los que engrosen el sector pasivo. El problema de este esquema es el envejecimiento de la población, señala el director del Centro de Estudios Públicos, Harald Beyer: Si en 1980 había 6,6 ocupados por cada persona mayor de 65 años, hoy esa cifra llega aproximadamente a 4,4 y en 2050 van a existir menos de dos ocupados por cada persona mayor de 65 años, asegura el investigador: "Tendrían que cotizar al menos un 35% para pagar una pensión con una tasa de reemplazo de 60%, y eso, suponiendo que todos cotizan", afirma.
Prueba de que avanzar hacia mayores pensiones bajo un esquema de reparto tendría un alto costo para el país es que los sistemas que ofrecen las mayores pensiones en el mundo tienen dos características bien claras: una alta tasa de cotización o un alto gasto público en esta materia.
Italia, por ejemplo, tiene una tasa de reemplazo de 79,7%, según cifras de la OCDE, pero a la vez destina 15,8 puntos porcentuales del PIB al sistema de pensiones y la tasa de cotización es de 33%.
¿Y en Chile? La tasa de reemplazo informada por la OCDE es de 37,7%, pero, a la vez, la cotización es de solo 12,3% (10% va directo al fondo y el resto es seguro de invalidez y comisiones de administración) y el gasto público en esta materia es de 3,2 puntos del PIB, uno de los más bajos del mundo.
La forma de calcular las tasas de reemplazo por parte de la OCDE han sido objeto reiterado de debate en Chile, puesto que incluyen indistintamente a personas que han cotizado solo por una vez -por ejemplo, las mujeres que cotizaron una vez a partir de 2009 para acceder al bono estatal por cada hijo-, como a aquellos que lo han hecho durante toda la vida laboral.
Un estudio realizado por el economista Ricardo Paredes para la Asociación de AFP, sobre la base de 26 mil casos, arrojó que los hombres alcanzan una tasa de reemplazo de 87% y las mujeres de 58% en relación con el sueldo promedio de los últimos diez años.
Ese mismo estudio revela que los hombres cotizan en promedio 19,8 años y las mujeres 15,7 años.
Fundación SOL: Si existiera un sistema de reparto, esto no tiene costo
El economista de la Fundación SOL Marco Kremerman cree que sí es posible construir un sistema de reparto sin que ello implique aumentar el gasto fiscal. ¿Cómo? Utilizando los fondos acumulados en las cuentas individuales: "Si existiera un sistema de reparto, esto no tiene costo, los ingresos superan 2,5 veces a los pagos en pensiones y casi llegan al triple si consideran los aportes actuales del Estado para mejorar pensiones", indica.
Las cifras de esta fundación construidas sobre la base de los datos de la Superintendencia de Pensiones dan cuenta de que en los últimos 25 años, el sistema de AFP captó ahorros por $90 billones y pagó pensiones por $28 billones. ¿Dónde está la diferencia? Invertida en el mercado de capitales.
Pese al tamaño relativamente pequeño de la economía local, el sistema de pensiones administra un fondo que se encuentra entre los diez más abultados de la OCDE (US$ 162 mil millones), cifra que sitúa a Chile con un nivel de capitalización que está por encima de 24 países de la OCDE, incluyendo a Israel, Dinamarca, Finlandia, Italia y España.
De ese total de fondos, el 36% corresponde al ahorro neto de los trabajadores y el 64% restante es resultado de retornos financieros de los dineros invertidos. Entre 1981 y 2014, la rentabilidad real de los fondos fue de 8,58%.
En un sistema de reparto, dinero de los fondos se acabaría en 25 años
Pero incluso en el caso de que esos fondos fueran expropiados para construir un sistema de reparto, hay antecedentes que muestran que los recursos no alcanzarían para mucho tiempo. Un informe de los economistas Gonzalo Edwards y Mónica Titze realizado en 2014 indica que si se decidiera expropiar los fondos y utilizarlos para duplicar las pensiones, estos se agotarían en un plazo de entre 23 y 25 años.
Otro informe de la Unidad de Estudios Especiales de la Cepal señala que en los años 70 el sistema de reparto chileno ya evidenciaba problemas de financiamiento que lo hacían inviable. "La relación entre afiliados activos y pasivos del sistema previsional se ubicaba por debajo de la que hubiera permitido garantizar el pago de pensiones razonables en el largo plazo", advierte ese estudio publicado en 2002 por el ex ministro de Hacienda Alberto Arenas.
En lo único que parece haber acuerdo entre los distintos sectores es en que será necesario aumentar el ahorro si se quiere mejorar las pensiones. Kremerman cree en los próximos años debería subir gradualmente la tasa de cotización, para llegar a un 18% hacia el 2025: "Esto permite cumplir con una tasa de reemplazo de entre 67 y 70% hasta el año 2065", afirma.
Sistema antiguo: a quien no reunía 15,4 años de cotización no se le pagaba
El sistema de reparto chileno estaba construido por unas 35 cajas previsionales distintas, con tasas de cotización y niveles de pensiones diferentes para cada sector de la economía: el Servicio de Seguro Social, Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, Caja de Previsión de Empleados Particulares, Caja Bancaria de Pensiones, Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado, Caja de Previsión Social de los Empleados Municipales de Valparaíso, Caja de Previsión y Estímulo de los Empleados del Banco del Estado de Chile y Caja de Previsión de la Marina Mercante, entre otras.
Claramente, cada una de estas cajas ofrecían beneficios directamente relacionados al tonelaje político de cada gremio: "Muy posiblemente, (un sistema como ese) terminaría siendo presa de las presiones de grupos que buscan beneficios privilegiados y que no encontrarían la resistencia a sus demandas, que es propia de un esquema de pensiones de ahorro individual. Al respecto, baste ver la experiencia del antiguo sistema de reparto en Chile", afirma Augusto Iglesias, ex subsecretario de Previsión.
Este mecanismo tenía otras debilidades respecto del sistema de cuentas individuales: como los trabajadores no eran dueños de los fondos -estos eran de propiedad colectiva-, si al momento de jubilar no cumplían con los años mínimos de cotización que exigía cada caja, se quedaban sin pensión. Por ejemplo, a quien no reunía 15,4 años de cotización en la Caja del Seguro Social, no se le pagaba nada.
El vocero de No + AFP, Luis Mesina, en tanto, reconoce que el antiguo sistema tenía esas debilidades, pero explica que el propósito del Movimiento no apunta a reconstruir el sistema de múltiples cajas previsionales, sino a diseñar un solo sistema público de reparto, al que irían todos los trabajadores.
Kremerman agrega otro elemento: un sistema de reparto no significaría un desincentivo al ahorro. Esto, porque los sistemas de reparto en el mundo también incentivan a los trabajadores que más ahorran. Si una persona cotiza durante veinte años, por ejemplo, accedería a una tasa de reemplazo de 70%, pero aquellos que cotizan menos, acceden a una pensión menor.
Ir hacia un sistema de reparto supone la expropiación de los fondos de los trabajadores, lo que sería inconstitucional
Aunque se evite hablar de expropiación, ir hacia un sistema de reparto implicaría necesariamente que los trabajadores pierdan la propiedad de los fondos acumulados en sus cuentas individuales, tal como ocurrió en Argentina, cuando en noviembre de 2008, la Presidenta Cristina Fernández presentó un proyecto de ley para eliminar las AFJP (símil de las AFP chilenas) y volver a un régimen de reparto estatal, lo que generó la expropiación de recursos privados por unos US$ 24 mil millones.
El secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y vocero del movimiento NO + AFP, Luis Mesina, confirma que la idea es que los recursos que hoy están en cuentas individuales migren al nuevo modelo público: "El 85% de los trabajadores no tiene en sus cuentas más de 10 millones de pesos. Si hacemos un plebiscito, el 90% va a apoyar esto... La minoría que tenga sobre $100 millones, si quiere seguir con su AFP que siga con su AFP", afirma.
La misma posición defiende el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), dirigido por el economista Manuel Riesco: "Se asume que los afiliados al sistema de AFP, junto con sus cotizaciones y fondos de pensiones, se transfieren al nuevo sistema público", señala un informe de esa entidad.
Pese a esto, la Constitución protege la propiedad de los fondos acumulados en las cuentas de cada trabajador, lo que haría impracticable su expropiación. Tal como indica el abogado constitucionalista Arturo Fermandois, los fondos previsionales están protegidos constitucionalmente por el artículo 19, números 18 y 24, de la Constitución, los que regulan el ejercicio del derecho a la seguridad social y el derecho de propiedad.
El 21 de agosto de 2001, el Tribunal Constitucional (TC) ya se pronunció sobre esta materia, en el denominado caso Rentas Vitalicias. En esa oportunidad, el TC falló contra un proyecto de ley que impedía a los afiliados que querían pensionarse bajo la modalidad de renta vitalicia elegir la alternativa que quisieran, lo que -según el TC- afectaba el derecho de propiedad.
La abogada Olga Feliú agrega otro antecedente: el cotizante no puede ser privado de su propiedad, sino solo a través de una ley general o especial de expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional. Además, el afectado puede reclamar la legalidad de la expropiación ante los tribunales y tiene derecho a una indemnización igual al daño patrimonial causado.
