El Mercurio de Valparaíso
Un intenso debate en torno a l proceso constituyente encabezado por el Gobierno y a la necesidad o no de una nueva Carta Fundamental se realizó ayer en el marco del seminario "Constitución y Desarrollo: un desafío para Chile", organizado por la Asociación de Empresas de la V Región (Asiva) y Sofofa.
"Es interesante conocer dos posturas absolutamente opuestas que en el fondo originan un debate que contribuye a esclarecer las cosas y ver cómo eso puede afectar el tema económico", dijo el presidente de Asiva Hans Wesser, agregando que el tema "provoca incertidumbre lo que no es bueno para la inversión porque uno espera saber lo que vendrá para decidir y cómo han existido tantos cambios el proceso se ha hecho más lento y por eso la inversión en Chile ha bajado mucho", dijo.
"La economía es muy sensible a la incertidumbre y lo podemos ver en el Brexit", manifestó la subdirectora del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo quien se refirió a los alcances económicos y derechos que debe preservar la Carta Fundamental. "Lo importante es que no hay que debilitar la institucionalidad en este ámbito y los pilares para tener una macroeconomía sana en el país", dijo la ingeniera comercial y economista.
El abogado de la Universidad de Chile y experto en materia constitucional, Francisco Zúñiga, manifestó que "la constitución del 80 tiene falencias de legitimidad, es anticuada y no apta para la gobernabilidad de un sistema democrático moderno", enfatizando que ha sido objeto de 39 leyes de reforma constitucional desde 1989.
Uno de los temas que se puso en discusión fue la gravitación del derecho de propiedad en el actual documento, ante lo cual el experto señala que una nueva Constitución un catálogo equilibrado de derechos.
Pero lo clave, a su juicio, es un acuerdo nacional. "Eso es más relevante que los mecanismos técnicos", recalcó Zúñiga añadiendo que no es bueno que el proceso y la decisión constituyente se desarrollen en un ambiente de desconfianza. "Es difícil porque hay crisis de confianza y de las élites, de la cual es muestra la que viven los partidos políticos.
Para el abogado, entre otras materias, la que surja de este proceso debe tener un compromiso en la protección de los derechos humanos, un reparto simétrico y no girar sólo en torno al derecho de propiedad o patrimonial, debe resguardar los derechos colectivos y contemplar un reconocimiento de los pueblos indígenas.
"Creo que estamos en un proceso político más que un proceso constituyente donde el Gobierno mantiene una consigna más que una propuesta", comentó el abogado de la PUC y director del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán.
"Creemos que Chile no necesita una nueva Constitución, pero sí consideramos que el perfeccionamiento debe ser constante", recordando que se han reformado prácticamente todos los capítulos con más de 300 modificaciones al texto original. Además recalcó que "todas las reformas se han podido llevar adelante en el orden institucional vigente (...) ahora no conocemos los contenidos de fondo que el Gobierno quiere tratar", concluyó.
