El Mercurio
El Tribunal Constitucional (TC) declaró ayer inadmisibles los requerimientos que fueron presentados por Chile Vamos contra la reforma laboral del Gobierno. El órgano decidió que las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas fuera del plazo legal. La votación terminó en empate de cinco votos contra cinco, por lo que el voto dirimente del presidente del TC, Carlos Carmona, decidió la contienda a favor de que los requerimientos no prosperaran. Desde que Carmona es presidente de este organismo, desde el 5 de agosto de 2014, ha hecho valer su voto dirimente en 14 ocasiones.
El profesor de Derecho Constitucional de Universidad Católica, Miguel Ángel Fernández, representante de la oposición, enfocó su alegato en que un requerimiento de inconstitucionalidad, en el marco de un proceso legislativo, puede presentarse en distintas oportunidades. "Sería imposible establecer todas las hipótesis de eventual inconstitucionalidad", defendió. Además, afirmó en la audiencia que "es la promulgación la que fija el momento terminal para que los colegisladores -el Ejecutivo y el Legislativo- puedan requerir la intervención del TC. El principio es extender el control de constitucionalidad hasta el máximo posible".
Dura réplica
El jefe de la División Jurídica de la Segpres, William García, manifestó que "nunca antes se había formulado una controversia en estos términos y nunca antes se han indicado afirmaciones que contienen declaraciones infundadas y de mala fe". Agregó que "de lo resuelto podrá depender un cambio de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y entre ellos y el TC". Alegó que la legislación chilena no permite presentar requerimientos después del quinto día desde el despacho, que, para el abogado, es entendido como la última manifestación de voluntad del Congreso. Además, dijo que el procedimiento legislativo es una sucesión de etapas ordenadas. "De lo contrario, como pretenden los requirentes, se abre un procedimiento arbitrario y desordenado del proceso". Cerró acusando que "los requirentes están actuando de manera arbitraria, son víctimas de un error y pretenden que el TC se rebaje a la altura de ese error".
Más judicialización
Tras conocer el resultado del fallo, el senador Hernán Larraín (UDI) aseguró que "es incomprensible el fallo del TC, pero respetamos y acatamos la decisión". Agregó que "lo que viene es la judicialización del fallo laboral, lo que es de todos modos inconveniente y es lo que hemos tratado de evitar".
En tanto, el presidente de la Cámara Nacional del Comercio (CNC), Ricardo Mewes, afirmó que "los trabajadores y los empresarios son los que terminan perdiendo al término de este proyecto, ya que estamos previendo un alto nivel de judicialización en las negociaciones".
El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, destacó el fallo y llamó a la oposición a acatarlo.
