La Tercera
Yo era una de esas personas que no quería participar en los encuentros locales, para evitar "legitimar" un proceso constituyente que en mi opinión se ha convertido en un verdadero proceso de promoción para una Nueva Constitución. Sin embargo, llegué a la convicción de que involucrarse en este proceso era parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos, por lo que junto a un grupo de profesionales participé de un "encuentro local autoconvocado". Trece integrantes, tres horas de conversación y un acta subida exitosamente en el sistema son los titulares de nuestro encuentro.
El debate se inició guiado por el moderador -elegido por el grupo- en base a las instrucciones proporcionadas por el gobierno, en las que se pedía a los integrantes del grupo elegir y jerarquizar una serie de conceptos listados en cuatro apartados (valores, derechos, deberes e instituciones). El producto final del debate consistía en un acta en la que se indicaron los siete conceptos "preferidos" por el grupo, para cada uno de los apartados.
La primera conclusión que pude sacar de esta experiencia es positiva, ya que los trece integrantes pudimos conversar y reflexionar sobre temas que como sociedad no discutimos frecuentemente. Entre ellos, el rol que cumple o debiera cumplir una Constitución y los principios o valores más relevantes que debieran inspirar y dar sustento a esa Constitución.
Sin perjuicio de eso, existen otros aspectos -al menos en esta etapa de encuentros locales- que me parecen negativos y preocupantes. Uno dice relación con el apartado correspondiente a los "deberes y responsabilidades". Resulta al menos curioso que el listado de "deberes" sea significativamente menor que la lista de "derechos". Sin embargo, lo más complejo se relaciona con la pregunta que debe ser respondida en la llamada "acta de referencia" que señala lo siguiente: ¿Cuáles son los deberes y responsabilidades más importantes que la Constitución debiera establecer para todas las personas? Esta pregunta supone que los deberes y responsabilidades sólo recaen en las personas, y no en el Estado. Mal podría ser así, si es que es el Estado el primer llamado a asumir responsabilidades frente a los ciudadanos. Lo anterior se manifiesta en el principio de servicialidad del Estado y en el de subsidiaridad reconocido en nuestra Carta Fundamental actual. Es el Estado el que está al servicio de la persona humana, y no al revés.
A ello se suma la distorsión y arbitrariedad de las opciones proporcionadas en los apartados de los derechos y de las instituciones. Se incluyen muchos sinónimos y conceptos genéricos que condicionan la jerarquización exigida en las instrucciones del proceso. Por otra parte, no se incluyen instituciones como el Banco Central dentro de las que debieran tener reconocimiento constitucional.
Ahora bien, dónde más claramente se advierte un sesgo y arbitrariedad es que en ningún momento se sugiere discutir sobre el contenido de la Constitución que hoy nos rige y la evolución que ha tenido hasta hoy. Hay una cantidad importante de elementos que forman parte de la Carta Fundamental que no provienen de la actual Constitución, sino que de una larga tradición constitucional chilena. Con esto se valida la "consigna" de que la Constitución tiene que partir de cero, borrón y cuenta nueva, sin reconocimiento alguno a aquellos principios e instituciones que han colaborado con mantener una estabilidad institucional admirada internacionalmente.
Como conclusión: el encuentro local en el que participé no fue tiempo perdido. Fue una instancia de conversación siempre positiva para reflexionar sobre temas relevantes para nuestro país. Sin embargo, el aspecto que más rescato es que este tipo de reuniones no sean vinculantes, ya que ciertamente las actas no transmitirán necesariamente la verdadera "opinión de la ciudadanía".
