El Mercurio
Mientras el oficialismo se reunía ayer en La Moneda para destrabar los puntos más polémicos de la reforma a la educación superior, en la sede del Tribunal Constitucional, en calle Apoquindo, se congregaban los parlamentarios de Chile Vamos para presentar un nuevo requerimiento contra la reforma laboral.
Era pasado el mediodía, cuando los senadores Andrés Allamand (RN) y Hernán Larraín (UDI), junto a los diputados Nicolás Monckeberg (RN) y Patricio Melero (UDI), entraron a las dependencias de la entidad para entregarle al secretario del tribunal, Rodrigo Pica, el documento de 30 páginas que contiene los fundamentos de la solicitud de inconstitucionalidad.
El texto -elaborado por los abogados Gastón Gómez, Miguel Ángel Fernández y Sebastián Soto, entre otros- plantea la necesidad de eliminar una serie de artículos de la iniciativa que emanó del Congreso que, a juicio de la oposición, insisten en establecer la Titularidad Sindical, que fue impugnada por el TC en su fallo del pasado 27 de abril.
"El proyecto persiste en atribuir a los sindicatos dicha titularidad en franco desconocimiento de los derechos de los trabajadores a agruparse para negociar colectivamente. De esta manera, contraviene el sentido explícito de la sentencia del Alto Tribunal e infringe, nuevamente, los derechos fundamentales que el tribunal consideró atropellados en esa oportunidad", dice el texto.
Responsabilidad de la Presidenta
El requerimiento apunta directamente, y en varias ocasiones, a la responsabilidad de la Presidenta Michelle Bachelet en el supuesto incumplimiento del fallo. "La Presidenta de la República debió proponer que se modificara, eliminara y/o agregara una serie de disposiciones al proyecto, con el objeto de adecuarlo a lo resuelto por el Tribunal Constitucional, cuestión que no hizo", se señala.
De esa manera, se asegura que, tal como quedó la iniciativa, dos de las disposiciones más importantes en una negociación colectiva -el fuero y la huelga- serán de exclusividad del sindicato, a pesar de que el TC haya declarado dicha situación inconstitucional. "El derecho de los trabajadores -se afirma-a negociar colectivamente queda desmedrado en su esencia o sencillamente desaparece en la medida en que no existirán ni modalidades ni procedimiento para llevarla a cabo, si no es organizándose como sindicato". Lo anterior es catalogado en el requerimiento como "toda una ironía y un desacato".
Maniobra política
La acción liderada por los parlamentarios de Chile Vamos generó malestar en el oficialismo.
Desde La Moneda, incluso, calificaron el requerimiento como una "maniobra política". "Nosotros hemos cumplido y acatado plenamente el fallo", dijo el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, quien agregó que "aquí hay una maniobra política. No le veo otro fundamento a esta presentación, porque lo que el Gobierno hizo fue acatar el fallo y dar cumplimiento al mismo, como corresponde en un Estado de Derecho. Espero que el TC así lo determine".
Por su parte, la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, estuvo en permanente contacto con autoridades y abogados entendidos en la materia. Según señalaron desde el Ejecutivo, en los próximos días se conformará el equipo que liderará la defensa del Gobierno, que, aseguran, estará conformado principalmente por abogados constitucionalistas. Además, varios miembros del oficialismo plantearon ayer la opción de que la presentación del requerimiento esté fuera de plazo. Esto, porque según señalaron se debería considerar el 6 de abril como la fecha del despacho de la reforma, y no el pasado 28 de junio. "La pretensión de los parlamentarios de derecha es extemporánea, puesto que lo que se pretende es impugnar la constitucionalidad de prácticamente toda la ley, lo que debieron hacer una vez despachada esta por el Congreso", indicó el abogado que lideró la defensa del Gobierno ante el primer requerimiento, Francisco Tapia.
Treinta
páginas contiene el documento que alude a la inconstitucionalidad de la reforma laboral.
"El Gobierno no está cumpliendo el fallo del tribunal; lo está desacatando y está formulando un claro desafío a la supremacía constitucional que el tribunal debe cautelar". ANDRÉS ALLAMAND Senador RN
"El Gobierno instala el monopolio sindical, siguiendo las instrucciones de la CUT y así restándoles derechos a los trabajadores no afiliados". HERNÁN LARRAÍN Senador UDI
"Nosotros hemos cumplido y acatado plenamente el fallo (...). Aquí hay una maniobra política". MARCELO DÍAZ Vocero de Gobierno
"Tengo la convicción de que en Chile vamos a tener Titularidad Sindical. Si no pudo ser ahora, será mañana". RICARDO LAGOS WEBER Presidente del Senado
Argumentos
Ironía y desacato: Se afirma que el proyecto vuelve a dejar a los trabajadores sin el derecho a negociar, lo que califican como "toda una ironía y desacato".
Considerando 63: En dos ocasiones se hace referencia al considerando 63 del fallo del Tribunal del pasado 27 de abril, que señala que "las constataciones de inconstitucionalidad a las que este Tribunal ha llegado son incompatibles con cualquier disposición transitoria o accesoria a las normas impugnadas en este requerimiento".
Titularidad de facto: Se indica que la Presidenta ha provocado "que se termine enviando un proyecto que establece la titularidad de facto a favor de los sindicatos, con la excusa de que 'el TC no nos puede obligar a legislar'".
Veto presidencial: El documento asegura que con la tramitación del veto lo que hace el Gobierno es "desconocer e incumplir" la sentencia del Tribunal.
