Diario Estrategia
El riesgo de un posible 'despotismo administrativo' debido a graves vulneraciones a pilares fundamentales de la institucionalidad eléctrica nacional advirtió un informe de la PUC sobre el proyecto de ley que aborda esta materia, el cual se encuentra en trámite en el Senado.
El estudio fue elaborado por los investigadores Alejandro Vergara Blanco, Gerardo Sanz de Undurraga y Esteban Cañas Ortega, abarcando tanto al organismo coordinador como al Panel de Expertos y a las atribuciones que se otorgan a la Administración.
Si bien se reconoce un 'gran trabajo' en el diagnóstico participativo de deficiencias en el rubro de transmisión de energía eléctrica, los académicos advierten que con las modificaciones a la iniciativa original se exacerban las potestades de las entidades públicas del sector eléctrico, específicamente la Comisión Nacional de Energía (CNE), confiriéndole un grado de supremacía respecto del nuevo órgano coordinador y del Panel de Expertos, ya que la exime del control de Contraloría. Por ejemplo, la actual calificación de las instalaciones que efectúa el Ministro de Energía mediante decreto tomado de razón, la realizaría la CNE a través de resolución exenta.
Este punto y otros relativos al Panel y a la CGR, a juicio de los juristas, requieren del quórum de rango orgánico constitucional (4/7 de los congresistas en ejercicio) y ser revisado obligatoriamente por el Tribunal Constitucional una vez aprobado y antes de su promulgación.
Además, el proyecto faculta al Secretario de Estado para declarar la inaplicabilidad de un dictamen del Panel mediante resolución y sin expresión de período, vulnerando así la independencia en el ejercicio de la jurisdicción del organismo.
A ello se suma que el autogobierno de la instancia de coordinación queda prácticamente eliminado, ya que no tendrán participación representantes de las compañías eléctricas ni podrán designar a los directores integrantes.
A juicio de los catedráticos, 'al parecer, lo que se busca a través del proyecto, es que sea la Administración y no un órgano jurisdiccional, especializado e independiente, quien tenga la última palabra en los conflictos'.
