El Líbero on-line
La querella interpuesta por la Presidenta Michelle Bachelet ha generado un intenso debate sobre la legitimidad de que un Jefe de Estado inicie una acción judicial contra un medio sin poner en peligro la libertad de expresión. Ello en especial considerando que Chile es el sistema más presidencialista de América Latina. Nunca tal acción se entenderá a título personal, ni en calidad de ciudadano. La libertad de expresión no solo se pone en riesgo con censuras explícitas –que por lo demás son más propias de democracias más debilitadas que la nuestra- sino a través de descuidos o acciones deliberadas a nivel institucional.
Se ha dicho durante estos días que la Presidenta se enfrenta a un grupo periodístico poderoso, por lo que mal podría ponerse en riesgo la libertad de prensa. Se trata de un argumento que contradice la historia de la libertad de expresión en el mundo. Solo recordemos lo que expresó uno de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos en el famoso caso New York Times versus Sullivan (1964): "Si la exigencia de responsabilidad legal se relaciona con la crítica política porque daña la reputación de un servidor público en su calidad de tal, entonces ningún ciudadano podrá con seguridad sostener nada sino esconder sus críticas sobre el gobierno y sus funcionarios". ¿No se ha calculado el efecto de la querella en las voces que tienen menor fuerza? ¿Qué actitud espera la Presidenta de parte de los medios regionales, pequeños portales digitales, blogueros y twitteros que piensen criticarla? Precisamente quienes no son los "poderosos" son quienes más sufren con esta querella. Ellos no tendrán la fuerza –económica y política- para enfrentar a la Primera Magistratura. El denominado "efecto intimidante" es la primera y más grave consecuencia de la decisión que tomó la Presidenta.
Pero hay otra defensa que hacen los colaboradores de la Presidenta a su acción emprendida esta semana: ¿tenía Bachelet que seguir enfrentando cuestionamientos y presuntas faltas éticas de los medios? Si la Presidenta tenía preocupación por la buena salud de las decisiones éticas de los medios de comunicación, con una acción de tal magnitud no ha hecho sino distraer cualquier debate que pudiera encaminarse en esa dirección. Nuevamente se olvida otro criterio asentado por largos años, que consiste que en una democracia se espera que la autoridad tenga una mayor exposición a la crítica: justa o injusta, respetuosa y e incluso la más irreverente. Tal principio ha quedado asentado en varios fallos, entre los cuales había que citar uno reciente por su aplicación directa en Chile, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Menem con la revista "Noticias" (considerando N°47).
Independiente de que la Presidenta tenga la posibilidad como cualquier ciudadano de interponer querellas, este lamentable episodio ha demostrado una falta de análisis acerca del impacto que tendría sobre el debate público en general. Que sea un "poderoso" el querellado no hace sino empeorar el efecto del libelo sobre el resto de los ciudadanos, que preferirán callar o medir sus críticas a la Jefa de Estado. En lo demás, no queda más que esperar que nuestras autoridades judiciales confirmen los principios esenciales en materia de libertad de expresión frente a una acción tan inusual en un país que se encontraba recién ascendido a la categoría de "libre" en materia de libertad de prensa (Freedom House).
