El Demócrata on-line
El Estado chileno y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) se encontrarán este jueves en una reunión organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para buscar una "solución amistosa" al conflicto que los enfrenta desde 2012, año en que el Movilh demandó a Chile ante esta instancia internacional tras la negativa del Estado a celebrar el matrimonio de 3 parejas homosexuales debido a que el Código Civil establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Sin embargo, aunque ambas partes lleguen a un acuerdo, y el gobierno presente posteriormente un proyecto de "matrimonio igualitario", su discusión y deliberación quedará en manos del Congreso.
Un escenario similar ocurrirá en el caso de que ambas partes no lleguen a un acuerdo y la Comisión decida presentar este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Si la Corte falla en contra del país —como lo ha hecho 8 veces antes— podría aconsejar al Estado que cambie su legislación. Sin embargo, nuevamente dicha decisión requerirá del voto de los legisladores, es decir, la CIDH no puede obligar al país a modificar la ley y cualquier cambio pasará por la aprobación o rechazo del Congreso.
Para analizar ambos casos, El Demócrata consultó a los abogados Carmen Domínguez, directora del Centro de Familia UC y Sergio Fuenzalida, coordinador del Programa de DD.HH. de la Universidad Central.
Si el Estado y el Movilh llegan a un acuerdo amistoso
Si La Moneda cumple el preacuerdo estipulado con el Movilh meses antes —en el que además contempla derogar artículos considerados discriminatorios en el Código Civil y Penal— y fija fecha para presentar el proyecto de ley matrimonio homosexual, finalmente su eventual aprobación quedará en manos del Congreso. "El Estado no puede comprometerse a modificar su legislación, sólo a enviar un proyecto de ley", explica la abogada Carmen Domínguez, doctora en Derecho y directora del Centro UC de la Familia.
En esta línea, el abogado Sergio Fuenzalida coincide con esa posición."El Estado es obligado a llevar adelante las gestiones correspondientes para alcanzar un resultado, pero en rigor el resultado no está garantizado", agrega el experto.
Si no hay acuerdo y se sigue un juicio ante la Corte Interamericana de DDHH
En el caso de que el Gobierno de la Presidente Bachelet no llegara a una "solución amistosa con el Movilh", es probable que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elabore un informe donde analizará los hechos y establecerá que ciertos Derechos Humanos están siendo vulnerados. Ese es el procedimiento que comúnmente se sigue en estos casos, explica el doctor en Derecho Constitucional Sergio Fuenzalida.
Ante esto, le pide al Estado que repare esta situación. Y aquí se pueden dar 2 escenarios:
- Que la Comisión publique el informe para que quede constancia pública de que el Estado vulnera los DDHH, lo que tiene un carácter mas bien simbólico.
- O que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicie un juicio contra el Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( ya que el Movilh por si solo no podría presentar el caso ante esteorganismo internacional).
En el escenario de que se comience un juicio contra el Estado, la abogada Carmen Domínguez prevé que el resultado será condenatorio para el país. "Conociendo como ha fallado en otros casos y el perfil y pronunciamiento de los jueces que componen el tribunal ante estos casos", el proceso completo puede durar en promedio de 7 a 10 años.
Y de fallar en contra, las sanciones que se podrían establecer contra Chile son: indemnizaciones económicas en contra de las víctimas, indemnizaciones simbólicas y garantías de no repetición. "Las sanciones tienen carácter de obligatorias y vinculantes para el Estado", aclara el abogado Sergio Fuenzalida
En el caso específico de las garantías de no repetición, Fuenzalida explica que "la CIDH podría exigir al Estado que modifique la legislación en materia de matrimonio para que otras parejas homosexuales no lleguen a estas instancias".
Pero nuevamente, la eventual modificación de la normativa, quedará en manos del Congreso chileno, ya que previamente se debe presentar un proyecto de ley, el que debe ser votado para su aprobación.
