Diario Pulso / Lignum on-line
Estte domingo se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, que se instauró en 1972 con el fin de sensibilizar respecto a esta materia. La fecha coincidió además con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, que llevó a la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma). 44 años después, la autoridad local en la cartera, Pablo Badenier, da cuenta de cuáles son los desafíos en materia medioambiental.
La primera meta es el crecimiento y fortalecimiento del reciclaje. A días de la promulgación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), Badenier dice que esta iniciativa legal, que busca formalizar una industria del reciclaje en Chile, 'nos fija el norte desde el punto de vista de reglamentación que se requiere en nuestro país. El mismo establece un plazo máximo de 12 meses para tener un sistema de reciclaje más robusto, al cual deben concurrir distintos actores con incentivos para reciclar más y poder disminuir la demanda por rellenos sanitarios que actualmente existe'. Para hacerse una idea, hoy llega a relleno sanitario del orden de 7 millones de toneladas de residuos sólidos domiciliarios. 'Estimamos que con esta ley en vigencia, al quinto año Chile va a poder tener tasas de reciclaje del orden del 30%', agrega el jefe de la cartera del Medio Ambiente.
Otro desafío que Badenier establece tiene que ver con la calidad del aire, sobre todo si se considera que hoy, el 87% de la población del país está expuesta a áreas con concentración promedio anual de material particulado 2,5 superior a la norma. Incluso, hay estudios que señalan que la contaminación atmosférica es responsable de al menos 4.200 muertes prematuras a nivel nacional cada año. 'Desde 2014 a la fecha se encuentran plenamente vigentes planes de descontaminación para localidades como Andacollo, Talca, Chillán, Osorno, Coyhaique y Temuco. Esto es parte de la política pública permanente con medidas de carácter estructural que nos permite ir disminuyendo las emisiones y, por ende, las concentraciones de material particulado'.
Los planes se desarrollaron sobre localidades que tenían carácter latente o saturado. 'Hoy, 10 millones de compatriotas viven en zonas saturadas o latentes, nosotros pretendemos en un plazo entre seis y diez años cumplir todas las normas primarias de calidad de aire. Es decir, bajar las concentraciones a nivel de cumplimiento de la norma y que la contaminación atmosférica deje de ser un factor relevante en el caso de muertes prematuras', señala Badenier.
Al respecto, el vicedecano de la facultad de derecho de la Universidad Católica y ex subsecretario del Medio Ambiente, Ricardo Irarrázabal, señala que se están produciendo niveles de contaminación muy graves prácticamente en todas las ciudades desde Rancagua al sur y 'el instrumento que le hace frente a esta situación es bastante débil. Los artículos en que está regulado son muy pocos y, de alguna manera, lo que le falta es un blindaje legal que permita introducir herramientas más agresivas para el control de la contaminación'. El académico enfatiza en aquellos de tipo económico como permisos de emisión transables o impuestos ambientales que no sean recaudadores, sino que realmente generen un cambio en el comportamiento ambiental.
El tercer punto, según Badenier, es combatir el cambio climático. El 21 de mayo pasado, en su cuenta pública, la Presidenta Michelle Bachelet dio a conocer el compromiso del Gobierno de crear la Agencia Chilena de Cambio Climático en la modalidad de comité Corfo. 'Se trata de crear una institucionalidad flexible y liviana, pero que nos permita como Estado emprender de mejor forma los desafíos del cambio climático. Hemos dictado planes y políticas nacionales de adaptación y mitigación. Además, hemos comprometido la creación de una agencia que permita implementar las políticas tanto de mitigación como de adaptación y lo hacemos a través de un comité, porque creemos que es relevante la integración pública y privada para poder emprender estos desafíos'.
Materias pendientes
La instauración de un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas es clave para Bárbara Figueroa, directora de WCS Chile y de la reserva natural Karukinka. 'Ésta es la única pieza que le falta al ministerio del Medio Ambiente para estar completo y otorgaría al Estado una agencia que tuviese como mandato único velar por la conservación, restauración y promoción del patrimonio natural de chile. Hoy esa agencia no existe, no hay ninguna que tenga como único mandato aquel. Además, ésta fue una de las sugerencias para que nuestro país ingresara a la OCDE'.
Sin embargo, ayer se dio un paso importante en la materia. El Congreso despachó el Derecho Real de Conservación, proyecto de ley que se hace cargo de fortalecer la conservación privada, facilitándola. Ya no será necesario comprar un predio, sino que se establece una especie de 'servidumbre ambiental' (como se le denomina en EEUU), donde un interesado en conservación paga para que el dueño del predio no explote un recurso natural (ver recuadro).
Del mismo modo, Saavedra enfatiza en fomentar la inversión en el capital natural. 'Estamos entre los países que menos invierte en el mundo en materia de conservación de biodiversidad. Las áreas protegidas del Estado -poco más del 20% del territorio-, casi no tienen implementación efectiva de algún tipo. No hay planes de manejo ni monitoreo o inversiones. Hay que avanzar en la efectividad más allá de las buenas declaraciones, para que las cosas ocurran de verdad. La naturaleza no miente, tenemos los ejemplos a la mano. ¿Cómo vamos a enfrentar los embistes del cambio climático? con recursos. Chile tiene hoy una inversión ridícula en materia de conservación', dice la directora de WCS Chile.
Irarrázabal destaca como otra materia pendiente urgente, la designación de los ministros del Tribunal Ambiental de Antofagasta. Tiene que ver con terminar el proceso de institucionalidad ambiental. Actualmente, existe el tribunal de Santiago que de alguna manera está subrogando al de Antofagasta porque está conociendo causas que le corresponden a la región, donde es muy necesario tener un tribunal porque evidentemente la situación ambiental del lugar es muy distinta a lo que ocurre en las zonas centro y sur.
Recuadro
4.200 muertes prematuras a nivel nacional cada año produce la contaminación.
El 21 de mayo, la Presidenta dio a conocer la creación de la Agencia Chilena de Cambio Climático.
La creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas es clave para la conservación.
¿Qué ha pasado? En el marco del Día Mundial del Medioambiente se plantea una serie de desafíos para nuestro país como mejorar la calidad del aire y establecer mecanismos eficientes de conservación.
¿Por qué ha pasado? Por el impacto en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo de los diferentes ecosistemas presentes en nuestro país.
¿Qué consecuencias tiene? Disminuir las enfermedades y muertes a raíz de la contaminación, además de promover entornos sustentables.
Base de datos
30% de residuos que llegan al vertedero se reducirían al cabo de cinco años tras la implementación de la Ley REP.
100.000 elefantes africanos fueron asesinados entre 2010 y 2012, lo que da cuenta de la importancia de instaurar políticas de conservación en todos los países, tema de este año en el Día Mundial del Medioambiente.
¿De qué se trata el Derecho Real de Conservación?
Ayer, la Cámara de Diputados aprobó con 103 votos el proyecto de ley que establece el Derecho Real de Conservación, un nuevo instrumento del ordenamiento jurídico que tiene por objetivo proteger y resguardar el patrimonio ambiental de nuestro país. Éste surgió hace varias décadas en Estados Unidos bajo el nombre de servidumbre ecológica como un mecanismo legal y voluntario que permite al dueño de un área natural destinarla a la conservación, sin perder el derecho de propiedad sobre ésta. En ese país existen más de 3 mil propietarios que han usado esta herramienta, conservando por esta vía más de 20 millones de hectáreas.
El Derecho Real de Conservación se constituye de forma voluntaria a través de un contrato entre el propietario de un terreno y otro, quien es el titular del derecho. A fin de concretar el objeto del derecho, en el contrato debe establecerse al menos uno de los gravámenes establecidos en la ley, entre ellos la restricción o prohibición de destinar el predio a fines inmobiliarios, comerciales, industriales o de otro tipo. Así también como la obligación de hacerse cargo o de contratar servicios para la mantención, descontaminación, reparación o administración, entre otros, y la obligación de ejecutar o supervisar un plan de manejo para el uso racional y sostenible de los recursos naturales de dicho terreno.
