El Mercurio
El proyecto que modifica el Código de Aguas tiene en vilo a los agricultores, quienes sienten que estaría en peligro su patrimonio ante la posibilidad de perder la propiedad de los derechos de aprovechamiento de aguas que poseen, al establecer que en adelante estos se entregarán como concesiones y por períodos de 30 años. Alegan que esa posibilidad genera inseguridad y se convierte en freno para las inversiones.
Frente al tema del momento en el sector agrícola -además de la reforma laboral-, Alejandro Vergara Blanco, abogado experto en derechos de agua, plantea que siempre es importante revisar las regulaciones, porque las legislaciones quedan escritas y la realidad es evolutiva.
"Hoy, dentro de las regulaciones que se intenta cambiar una es el reconocimiento del derecho humano al agua, que nadie podría negarse a ello, lo importante es que eso se haga sin afectar los derechos existentes, y si es que hay alguna afección, esta sea muy razonada y muy limitada", plantea Vergara, socio del estudio Vergara y Cía., profesor de la Pontificia Universidad Católica y director del Centro de Derecho y Gestión de Aguas.
En su opinión, el proyecto de reforma tiene materias positivas, que enfrentan necesidades regulatorias, hay otras que exhiben gran incoherencia e improvisación y pueden sembrar inseguridad en los titulares de derechos de agua, especialmente los agricultores".
Vergara insiste en que en el diseño de este proyecto faltó un diagnóstico completo y reposado ya que se intenta cambiar políticas que han estado incorporadas en la práctica de los agricultores.
Eso sí, el especialista destaca que el tema de la propiedad de los derechos ya asignados no debiera generar inquietud.
"Dadas las últimas noticias, en que la aprobación de la modificación de la Constitución no incorporó la eliminación de la garantía constitucional de la propiedad, podemos decir que no está en los planes, al menos directamente, una caducidad de los derechos de aguas existentes. Eso sería algo muy difícil en una democracia, porque es alterar casi completamente una de las garantías más importantes de la libertad que son las titularidades patrimoniales o de los particulares", señala Vergara.
Encuentra "extraño" el cambio de concesionar por un tiempo los nuevos derechos que se otorguen. Resalta que la regulación actual no hace diferencia entre derechos inscritos, creados por la administración, y los usos consuetudinarios que hacen agricultores o usuarios indígenas. Ambos tienen protección constitucional. El proyecto originaría un desequilibrio con títulos de primera categoría y otros de segunda.
"Si se llegara a originar esa diferencia, entre los titulares antiguos que tienen propiedad sobre el derecho de agua y los otros que son meros concesionarios, sería muy difícil observar una certeza respecto de quienes quieran obtener esos derechos de aprovechamiento de aguas que quedan sujetos a plazos de vigencia o respecto de los cuales va a haber una inversión de un particular con el riesgo de perder el derecho dentro de unos años".
Los pendientes
El especialista sostiene que en la propuesta se echa de menos una mirada a materias que se han quedado sin modificación o regulación.
Por ejemplo, las aguas subterráneas, que están reguladas en forma somera por el código de 1981, ya sea por la falta de conocimientos o también porque el legislador no le prestó la atención debida.
"Estas aguas han sido reguladas durante muchos años por actos internos de la Dirección General de Aguas o por un reglamento que ha tomado casi el lugar de una ley", dice.
Propone también un diagnóstico y una modificación o una regulación de los usos consuetudinarios, que son los propios de los agricultores, y de la regularización que se debieran hacer.
Y finalmente, considera que se debieran crear tribunales de aguas como una forma de resolución de conflictos. Destaca que así como se han creado tribunales hiperespecializados en lo eléctrico, en contratación administrativa y en lo ambiental, también se pueden crear estos tribunales, que fueron una recomendación que hizo el Banco Mundial, en un informe de 2013, y que han sido planteados también desde el punto de vista académico.
Ellos permitirían generan más certeza entre los usuarios
"La mayoría de los conflictos en materia de agua, no son entre los regantes en períodos de sequía tan graves como los que hemos tenido en los últimos años... La mayoría se da entre los usuarios individuales o las organizaciones de usuarios contra la Dirección General de Aguas y para ellos podríamos buscar órganos autónomos, muy especializados, o para llevar adelante políticas de regularización de los derechos de aguas", propone Vergara.
Pagar caro por el exceso, la propuesta para usar con eficiencia el agua
Luis Gurovich, especialista en riego, tiene una propuesta que dice no es parte de ninguna inteligencia mayor, pero en tiempos de reformas, considera que el país la necesita.
Plantea hacer en el riego lo mismo que pasa en la casa con la cuenta mensual cuando hay un consumo mayor de agua. "En Chile se paga por el agua que se usa en la casa y si uno gasta más que una cierta cantidad, le cobran mucho más caro por haber sobrepasado el nivel. Eso parece lo más lógico, pero en la agricultura chilena no existe. La persona que tiene derechos de agua puede usar 10 o 1.000 y no le pasa absolutamente nada. No tiene que pagar más. Así, no hay ningún estímulo real a que el agricultor la use eficientemente", señala.
Y, según cuenta, la cantidad de agua alcanza de más para todos los usos, lo que pasa es que está mal utilizada.
"Hay una muy mala eficiencia de uso, porque no tiene costo. Lo único que paga la agricultura por el agua es una cierta cantidad de dinero que permite mantener limpios los canales, independiente de lo que consuma", dice.
De ahí que su propuesta regulatoria plantee que se podría hacer que el nivel de requerimiento de agua por cada cultivo fuera gratis o a un costo muy bajo o subsidiado para los pequeños agricultores. Pero la persona que se pasa de ese valor recibiría, en palabras de Gurovich, "un palo grande en la cabeza". Eso haría que la gente sea más eficiente y cuidadosa con el agua.
El sistema, además, no tendría un costo demasiado elevado, ya que el gran desarrollo tecnológico para medir el agua haría relativamente fácil documentar cuanta agua realmente ha consumido un agricultor.
Gurovich señala que no se trata de establecer un impuesto, ni de cobrar por cobrar, sino solo de cargarle la mano a la ineficiencia.
"Esto no tiene que cobrarlo el Estado; es plata que debieran cobrar la asociaciones de canalistas, que son las que administran el agua, y sería para mejorar la infraestructura, uno de los grandes atrasos que tiene Chile", agrega.
