El Mercurio
Una serie de fallas en el sistema de monitoreo electrónico a través de la instalación de tobilleras -incluso algunas de ellas ponen en jaque el funcionamiento del mecanismo- es de lo que dan cuenta varios documentos oficiales de Gendarmería, a los que tuvo acceso "El Mercurio". Por ejemplo, se registra la caída del data center institucional por un corte de energía eléctrica y el retraso del seguimiento a través de GPS en las últimas semanas.
En el oficio 371, del 24 de mayo, se detalla un informe del asesor René Miranda al subdirector de Administración y Finanzas, donde le comunica de un corte de energía ocurrido el domingo 17 de abril en la Dirección Nacional de Gendarmería. "No existe un protocolo de pruebas medianamente riguroso que haya evitado el incidente" y que "no existe un servicio de soporte ni 24x7, ni atención por turnos 24x7, ni 24x5; solo la atención en horario normal". Eso significó que toda la plataforma "estuvo casi 48 horas sin funcionar", explica en su informe el ingeniero en informática.
Agrega, además, que "no existe una correcta configuración de los componentes de la solución para evitar una caída abrupta o súbita antes de llegar al sistema de alimentación de energía de respaldo, que no estaba disponible desde el tablero del empalme principal".
Pruebas insatisfactorias
Además, el mismo 24 de mayo el ingeniero Miranda envió otro informe a esa subdirección dando cuenta de que "las pruebas realizadas al sistema no cuentan con resultados satisfactorios en lo relativo a la libertad vigilada", pues "el sistema presenta un importante retardo en el despliegue (de) las imágenes en el sistema de los operadores".
Según el informe, la posición GPS no se refleja en tiempo real, que para los efectos del contrato es de un minuto del victimario respecto de su víctima cuando el acercamiento es más allá de la zona de exclusión de 2 km. La posición se refleja bien cuando el victimario se mueve a menos de 5 km/h. Pero "cuando se desplaza en bicicleta puede alcanzar una velocidad promedio de 25 km/h a 35 km/h, incluso una mayor velocidad". En ese caso, no refleja la imagen y los desplazamientos reales, dice.
Y mucho menos si se moviliza en moto u otro vehículo, pues el victimario "puede sacar un desplazamiento de varios kilómetros de distancia sin que esto sea reportado oportunamente al sistema".
Miranda acusa que "ha existido resistencia del equipo del telemático a informar de manera sensata estas observaciones. Más bien se han puesto en un rol de defensa de la empresa y de cubrir las debilidades que presenta el sistema".
Además, señala que el sitio de respaldo ubicado en La Serena "no cuenta con ninguna capacidad de sustituir la operación del sitio principal de Santiago, ni personal, ni el equipamiento con el que hoy día esas instalaciones cuentan".
Sistema subutilizado
A este escenario se suma un escaso uso para penas sustitutivas que demandan monitoreo electrónico a través de la instalación de tobilleras, de acuerdo a la abogada María Elena Santibáñez, académica de la Universidad Católica y profesora de la Academia Judicial, formadora de jueces.
Santibáñez explica que en momentos en que se discute el mecanismo de las libertades condicionales, hay una evidente lentitud en la aplicación de la vigilancia a través de este sistema, que permite el cumplimiento de condenas en libertad para delitos que, como máximo, no superen los 5 años y un día, en el caso de las penas mixtas.
La abogada muestra su sorpresa por esta situación, especialmente por el revuelo que causó el otorgamiento del derecho a la libertad provisoria por parte de las comisiones del Poder Judicial. "¿Qué es lo que hay detrás de esta concesión? El hacinamiento carcelario hace que los jueces en general quieran que salgan personas porque las cárceles ya no dan abasto".
Pero -dice- la posibilidad de otorgar pena mixta -en los casos en que los sujetos cumplan con los requisitos- debiera incentivarse "porque es una solución intermedia; además, podría salir antes, cumpliendo un tercio de la condena, y el resto queda sujeto a la vigilancia de la tobillera electrónica", explica.
Datos a los que accedió "El Mercurio" permiten señalar que hasta ahora el sistema en general tiene menos de 4.000 usuarios, en circunstancias de que debería estar en los 6 mil. Y a 2017, las personas que usen el sistema deberían ser unas 9 mil. En el caso de las penas mixtas, las tobilleras instaladas a febrero tendrían que ser unas 1.300. Hasta ahora hay menos de 60 usuarios.
El 13 de mayo, el subdirector técnico de Gendarmería, Carlos Espinosa Herrera, reconoció que en la actualidad hay vigentes 3.921 condenados monitoreados. "Sin embargo, es pertinente indicar que durante la vigencia de este sistema, más de 10.000 condenados han sido supervigilados mediante dispositivos telemáticos", explica.
Añade que es facultad del tribunal decretar el control del penado a través de este sistema. "En este sentido, el 70% del total de las condenas a la pena de reclusión parcial han señalado que su cumplimiento debe ser supervisado mediante un dispositivo telemático. En los restantes casos, el tribunal ha decretado el control a través de Carabineros de Chile o el sujeto cumple la pena de reclusión parcial en un recinto de Gendarmería".
Respecto de la no aplicación del monitoreo electrónico a la libertad vigilada intensiva, junto con reconocer que es un sistema actualmente disponible, "hasta la fecha los tribunales de justicia no han dictado ninguna condena de libertad vigilada intensiva con monitoreo telemático, por delitos sexuales y delitos cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar".
48 horas
Fue el lapso en que el sistema estuvo desactivado debido a los apagones por las lluvias del domingo 17 de abril.
Iván Álvarez, del caso FUT, fue condenado a cumplir pena mixta sin tobilleras
Uno de los casos que llamó la atención a la abogada María Elena Santibáñez, fue el del ex fiscalizador del SII, Iván Álvarez Díaz, quien fuera condenado por el delito de cohecho, fraude y lavado de dinero, concediéndose pena mixta. Para el cumplimiento de este tipo de penas en libertad, dice la académica, la ley es taxativa en que el sentenciado debe cumplirla con tobillera electrónica.
Sin embargo, Álvarez no la usa. Y el Plan de Intervención Individual remitido al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago el 14 de marzo pasado por Gendarmería (oficio 1647), no recomienda el uso de tobilleras. Por el contrario, propone control quincenal en dependencias del Centro Readaptación Social y una visita en terreno cada tres meses. La proposición fue aceptada por el juez Juan Manuel Escobar.
El subdirector técnico de la institución, Carlos Espinoza, explica que "tal como lo señaló el tribunal al momento de decretar la pena mixta, esta fue suspendida dado que el condenado se encontraba en prisión preventiva por otra causa, la que posteriormente fue modificada por arresto domiciliario. Esta situación hacía incompatible la instalación del dispositivo telemático".
No obstante, asegura que en el mes de mayo del presente año "Gendarmería de Chile tomó conocimiento del término de la medida cautelar señalada, razón por la cual se están realizando las gestiones para la instalación del dispositivo (tobillera electrónica)".
