El Mercurio
La controversia por el otorgamiento del beneficio de libertad condicional a cerca de 1.600 reos en todo Chile -polémica que comenzó el fin de semana, luego de que "El Mercurio" publicara que 788 presidiarios en la V Región habían recibido el beneficio, que corresponde al 90% de los postulantes- ayer siguió aumentando, cuando el Poder Judicial salió a defenderse de las críticas del Gobierno y de distintos parlamentarios respecto del tema.
Esto es debido a que las autoridades apuntaron que las comisiones de Libertad Condicional -que desde 2012 es solo integrada por funcionarios judiciales que hacen las visitas inspectivas a las cárceles y establecimientos penales, como también jueces de garantía y de juicio oral en lo penal- son las que finalmente tienen la decisión última de si otorgar o no este beneficio.
"Sabemos que esta es una facultad de los jueces, pero también sabemos que tenemos el legítimo derecho a acceder a información respecto a los criterios", señaló la ministra de Justicia, Javiera Blanco, agregando que "todos los años, el primer semestre, se lo entregaban en la V Región a 80 personas. Que pasemos ahora en un primer semestre en esa misma región -donde sistemáticamente era el 5% o el 10%- al 93% y tengamos 800 personas puestas en libertad, llama por lo menos la atención", agregó.
Blanco también hizo notar que, sumando los reos liberados en Santiago (568), hayan "salido 1.300 personas en libertad en dos regiones".
Responde Juica
Ante esto, fue el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, quien defendió la labor realizada por el Poder Judicial. "Quiero señalar que el motivo que tuvo el Ejecutivo por proponer el cambio (quitando de la decisión a los seremis de Justicia) se basó principalmente en el fin de reducir el elevado y generalizado nivel de hacinamiento e inhabitabilidad que había en nuestras cárceles y centros de detención, en los que se registra un promedio de 60% de sobrepoblación penal", explicó.
Y apuntó sus críticas al rol técnico que juega Gendarmería en este tema: "Los jueces se han basado únicamente por criterios de objetividad tal cual la ley lo disponía, y por lo tanto, deciden en esta materia sobre la base de una proposición de un órgano vinculado al Ministerio de Justicia, que es Gendarmería, la que propone de acuerdo a niveles de conducta a aquellas personas que cumplen con los requisitos objetivos que la misma ley establece". Complementó diciendo que aquí no había "ninguna cosa extraña ni oculta en materia de estas decisiones".
Juica agregó que "estamos hablando de un número insignificante comparado con la población carcelaria, no salió aquí todo el mundo libre, como se pudiera pensar", y descartó "un exceso en esta materia".
Sin embargo, en la tarde -mediante un comunicado- Gendarmería confirmó que su función es "elaborar el listado de aquellas personas que cumplen con los requisitos que la ley establece", el cual es presentado a la Comisión de Libertad Condicional de cada Corte de Apelaciones, pero que en el caso de Valparaíso, sugirieron "no otorgar el beneficio a 528 internos".
Sin embargo, complementaron, la Comisión, "en uso de sus facultades legales, decidió concederles el beneficio a 788 internos, incluyendo a aquellos que contaban con informe desfavorable por parte de Gendarmería".
Cambio de criterio en Valparaíso
En la V Región, las autoridades regionales siguieron dando explicaciones. La seremi de Justicia, Paz Anastasiadis, aseguró que Gendarmería no cuenta con facultades discrecionales para confeccionar el listado de postulantes al beneficio, ya que se limita a constatar quiénes en la población penal cumplen los requisitos formales, y enfatizó que es la Comisión la que examina los antecedentes y discrimina. "Ha habido un cambio de criterio considerable", dijo.
La citada comisión está integrada por seis jueces de la jurisdicción de Valparaíso, presidida por la ministra de la Corte de Apelaciones Silvana Donoso. El año pasado, cuando la comisión fue liderada por la ministra de la Corte María del Rosario Lavín, les concedió la libertad condicional a 118 beneficiarios. Donoso declinó explicar los criterios aplicados, señalando que en la tarde de hoy lo haría.
Desde Gendarmería se explicó que este año el proceso fue idéntico a los anteriores, y el intendente (s) de la región, Jorge Dip, desestimó que la disposición pueda tener un impacto en la seguridad pública, aunque no pudo precisar qué medidas de acompañamiento y reinserción se aplicarán a los reos beneficiados para asegurar que no vuelvan a delinquir.
Más control
Para los expertos en seguridad ciudadana y penalistas, la discusión va más allá de las cifras: "El problema es uno de gestión. De aquellos a los que se les está otorgando, se debe traducir en supervisión, de acuerdo a su nivel de riesgo. Se debe sofisticar el proceso de entrega", dice Ana María Morales, directora del área de sistema de justicia y reinserción de Paz Ciudadana.
María Elena Santibáñez, académica de Derecho Penal de la U. Católica, cree que "los requisitos se tienden a cumplir fácilmente, y lo que ha pasado es que se ha ido automatizando". En tanto, Tatiana Vargas, directora del Departamento de Derecho Penal de la U. de los Andes, opina que "es importante que los criterios técnicos sean adecuadamente establecidos, aplicados y fiscalizados".
REINCIDENTES
La ministra Blanco dijo anoche que tres de los liberados han sido detenidos de nuevo.
''(Los jueces) deciden en esta materia sobre la base de una proposición de un órgano vinculado al Ministerio de Justicia, que es Gendarmería, la que propone de acuerdo a niveles de conducta a aquellas personas que cumplen con los requisitos". MILTON JUICA, Vocero de la Corte Suprema
''Sabemos que esta es una facultad de los jueces, pero también sabemos que tenemos el legítimo derecho a acceder a información respecto a los criterios". JAVIERA BLANCO, Ministra de Justicia
''(La Comisión) en uso de sus facultades legales, decidió concederles el beneficio a 788 internos, incluyendo a aquellos que contaban con informe desfavorable por parte de Gendarmería". COMUNICADO DE GENDARMERÍA, explicando su rol técnico en el proceso.
''El problema es uno de gestión. De aquellos a los que se les está otorgando, se debe traducir en supervisión, de acuerdo a su nivel de riesgo. Se debe sofisticar el proceso de entrega". ANA MARÍA MORALES, Directora del área de sistema de justicia y reinserción de Paz Ciudadana.
32,1% de los postulantes en la Corte de Apelaciones de Santiago fueron beneficiados. Eso es 538 reos.
23,4% de los presos que tienen libertad condicional fueron reincidentes, según un estudio de Paz Ciudadana de 2013.
3.352 personas recibieron la libertad condicional en 2014, según cifras de Gendarmería. En 2012 fueron 2.276.
