El Mercurio Legal
Limpieza de canales y acequias, uso y gestión del agua en espacios públicos, cuidado de árboles y otras plantas, son algunas de las problemáticas que enfrentan las 350 municipalidades que existen en Chile. Estos asuntos se regulan principalmente en sus ordenanzas, las cuales son formuladas por el alcalde y aprobadas por el Consejo Municipal de cada comuna, lo cual resulta en una diversidad de criterios a lo largo del país.
Un grupo de académicos del Programa de Derecho Administrativo Económico (PDAE), del Centro de Derecho de Aguas (CDGA), y de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política —todos de la Universidad Católica—, liderados por el profesor Alejandro Vergara, decidieron investigar a fondo estas regulaciones municipales que afectan a toda la ciudadanía.
Por eso ya han comenzado a desarrollar el proyecto "Legitimidad democrática y alcances de las ordenanzas municipales", que abordará especialmente los casos del agua, territorio y sanciones. La propuesta consiste en diagnosticar, a través de casos concretos, la forma en que se ha materializado la potestad ordenadora municipal. Esta iniciativa fue presentada en el primer Ciclo de Talleres del XI Concurso de Políticas Públicas 2016, ante representantes del sector gubernamental, municipal y académico, donde se discutió el escenario actual de dichas ordenanzas.
"El ejercicio de la potestad ordenadora municipal requiere un análisis y revisión para lograr que las ordenanzas sean realmente un instrumento de ordenación interna legítima y carente de arbitrariedades y excesivas discrecionalidades", señaló Alejandro Vergara.
El estado actual de las ordenanzas
Uno de los invitados al taller, Cristián Román, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, expuso sobre el estado actual de las ordenanzas municipales en Chile, advirtiendo que "estas se encuentran en un crecimiento paulatino, en la cantidad y en la intensidad de las regulaciones que realizan. Son una manifestación, por una parte, de la legitimidad democrática y de la autonomía conforme a lo referido por el Tribunal Constitucional, pero al no contar actualmente con un control preventivo de legalidad, generan habitualmente, afectación de derechos fundamentales de los ciudadanos".
El estudio que realizarán los académicos UC incluirá una visión comparada con estos instrumentos municipales en España, debido a que, según el investigador del PDAE, Daniel Bartlett, esto es un "fenómeno global", por lo que "merecen ser estudiados desde una perspectiva comparada, que pueda ayudar a complementar las discusiones que se den bajo los mismos contextos fácticos y normativos".
La investigación se encuentra en su primera etapa —de un total de tres—, donde se analizó el estado del arte de la política pública y se está desarrollando una propuesta preliminar. En enero se realizó una jornada de equipos y en marzo, reuniones bilaterales con invitados. En julio se entregará un informe de avance a las contrapartes ministeriales.
En la segunda fase, en tanto, se pretende desarrollar la propuesta de política pública, para lo cual se realizará un segundo taller en agosto y se entregará el informe final en septiembre.
Por último, la tercera etapa consiste en la presentación y difusión de la propuesta de política pública a través de una actividad que se realizará en noviembre, y la entrega de un artículo para su publicación en diciembre. El objetivo final es presentar un libro de propuestas para Chile en marzo del 2017.
