El Mercurio
Hace dos semanas, el rector de la U. Católica, Ignacio Sánchez, recibió en la Casa Central a la ministra Adriana Delpiano y a los principales encargados de la reforma a la educación superior. Allí, por más de dos horas, las autoridades del Mineduc presentaron al Consejo de Rectores (CRUCh) los avances del proyecto que se trabaja desde 2014 y que sería presentado antes del 21 de mayo.
La exposición se basó en institucionalidad, superintendencia y acreditación. Esto motivó críticas de los rectores, que esperaban definiciones sobre el financiamiento, punto que consideran clave.
Tras la reunión, los directivos se comprometieron a analizar las minutas presentadas por el ministerio. En ese contexto, el rector Sánchez envió sus comentarios este lunes.
"La minuta conocida se centra en destacar el rol de las universidades estatales, lo que refleja una propuesta extremadamente estatista de la educación, por lo que no podemos aceptarla", es una de las principales críticas.
El texto de 13 páginas -trabajado con 23 autoridades, decanos y académicos del plantel- postula que "la diversidad de nuestro sistema requiere de la libertad institucional, de manera que cada institución se desarrolle". E incluye sugerencias para resguardar la autonomía en la superintendencia y en la acreditación.
Reunión
El lunes, el CRUCh sesionará de manera extraordinaria para ver los avances de la reforma.
Minutas "desconocen" el aporte de las universidades públicas del G9
En los últimos años, las universidades estatales han reclamado por un excesivo control y burocracia que les impide competir de igual a igual con las instituciones privadas.
En el documento, la UC sostiene que "hay consenso en que la institucionalidad vigente exige a las universidades del sector estatal una diversidad de normativas y reglamentaciones que hacen más rígida y compleja su operación".
Por lo mismo, indica que aunque estos planteles deben tener "suficientes mecanismos de control que cautelen su fidelidad a las finalidades que les corresponden (...), algunas de las reglas de funcionamiento limitan más allá de lo necesario la capacidad para desplegar su acción con eficiencia y eficacia".
Así, consideran "un acierto" algunas propuestas que apuntan a agilizar el trabajo de estas instituciones, como que se les libere del sistema de compras públicas o de tomas de razón de Contraloría.
No obstante, la U. Católica recuerda que "cuatro quintos de la educación superior son de carácter privado". Y en tal escenario, asegura, aunque el Estado debe apoyar el desarrollo de sus planteles, "esto no puede ser a expensas de dañar al resto del sistema universitario de carácter público".
Por lo mismo, el texto firmado por el rector Sánchez advierte que en las minutas del Mineduc se "desconoce" el aporte que hacen las universidades públicas del G9 (UC, UCV, UC del Norte, UC del Maule, UC Santísima Concepción, UC de Temuco, U. Austral, U. Santa María y U. de Concepción), "que aportan más del 50% de los bienes públicos del CRUCh en docencia de estudiantes vulnerables, investigación, formación avanzada de doctorado y compromiso con las comunidades".
Asimismo, indica que algunos de los conceptos que aparecen en los documentos del ministerio "a la vez que segregan, discriminan y desconocen la realidad de la construcción del sistema de educación superior".
El origen del documento
La respuesta de la UC fue analizada por 23 directivos y académicos, quienes conformaron una comisión asesora del rector para la redacción del informe final. La nómina es esta:
Directivos. Guillermo Marshall, Patricio Donoso, Paulina Gómez, Loreto Massanés, Bárbara Prieto, Ricardo Paredes (rector DOUC) y Kiyoshi Fukushi.
Decanos. Eduardo Valenzuela, José Miguel Sánchez, Carlos Frontaura, Lorena Medina y Juan Carlos de la Llera.
Académicos. Vladimir Marianov, Claudio Rolle, Andrés Bernasconi, Carlos Vio, Rafael Sagredo, Miguel Ángel Fernández y Pedro Rosso (ex rector).
Directores. Ignacio Irarrázaval, Carlos Williamson, Jorge Manzi y Judith Scharager.
Financiamiento: los recursos públicos deben ser concursables
Si bien la reforma ha generado diversas discusiones en el mundo educacional, una de las mayores dificultades tiene que ver con su financiamiento: hasta ahora no se sabe cómo operará el sistema de entrega de recursos estatales, ni mucho menos cuánto dinero habrá para implementar los cambios, dado el escenario económico actual.
Sin embargo, la U. Católica advierte que "no es adecuado ni realista proponer el estudio de una reforma al sistema de educación superior sin considerar la discusión del financiamiento y la incorporación de nuevos recursos al sistema".
Dar más financiamiento a la educación superior, agrega el documento, "es invertir en desarrollo económico y social del país, ya que mediante su rol formador de personas como de la investigación, creación e innovación, genera un gran aporte al desarrollo de Chile".
Y añade que "sin mayores niveles de financiamiento al sistema, no es posible pensar que se logrará un avance relevante en el aporte de las instituciones". Por ello, propone que "el financiamiento público debe ser tanto de continuidad como concursable", es decir, que las instituciones públicas -estatales y privadas- puedan tener acceso a esos fondos.
"Es preciso acrecentar los fondos a todas las instituciones que entregan bienes públicos al país, pues ellas son fuentes de generación de progreso y desarrollo cultural, científico, artístico y social", explica en el documento enviado al Mineduc.
Las universidades tradicionales no estatales del Consejo de Rectores -agrupadas en el G9- son críticas en este aspecto: sostienen que el Estado debe financiar a las instituciones que tengan un rol público, función que no se definiría según el tipo de propiedad del plantel.
Ampliación y creación de otro Consejo de Rectores
Según se estipula en las minutas, la reforma propondría la ampliación del Consejo de Rectores a universidades de alta calidad, previa aprobación de los planteles ya miembros.
Así, la UC -que hace un par de años propuso la apertura del Consejo- postula que el ingreso debiera ser "riguroso", y bajo criterios definidos por una comisión internacional independiente, "que debe evaluar los méritos de cada institución en términos de su estructura patrimonial, sistemas de admisión, carrera académica y participación universitaria, entre otros".
Y asegura que el CRUCh debiera estar constituido por universidades que "aportan bienes públicos, en especial a través de la investigación, creación de nuevo conocimiento, vinculación y compromiso con la sociedad y con las comunidades regionales".
Otra de las propuestas de la U. Católica, y que va en la línea con lo esbozado por el ministerio, es la creación de un Consejo de Rectores de instituciones técnicas profesionales, el cual debe estar abierto a centros estatales y privados.
Además, desde el Mineduc propusieron poner en marcha una red de Ues estatales, que funcionaría de manera paralela al Consejo de Rectores y también asesoraría al ministerio en materias contingentes.
Este punto fue rechazado en una primera instancia por las universidades tradicionales no estatales, pues el CRUCh perdería el peso que hoy tiene.
El documento de la UC postula que "si el rol del CRUCh se minimiza y subvalora, esta propuesta pierde su sentido".
Calidad: La nueva CNA debe dar garantías "de independencia del gobierno de turno"
La reforma reemplazará la actual Comisión Nacional de Acreditación (CNA) por una Agencia para la Calidad, que acreditará a las instituciones de educación superior.
La U. Católica opina que este nuevo organismo no debe ser definido como un "servicio público", como aparece en las minutas, sino que debe mantener la definición de "organismo autónomo" y con personalidad jurídica. Así, habría "una mayor autonomía que da mayores garantías a los actores de la independencia del gobierno de turno".
El documento también aborda la necesidad de revisar la integración del organismo: se explica que la actual CNA se estructura de forma "corporativa", por lo que sería mejor "definir requisitos para ser nombrado consejero, los que deben ser precisados en el cuerpo normativo".
Además, el plantel cree que, entre sus funciones, esta agencia debe acompañar a las instituciones, y que "la acreditación tendrá que vincularse a los procesos de autonomía". Así, una vez que una institución obtenga su autonomía -la que es otorgada por el Consejo Nacional de Educación (CNED)-, tendría un plazo de tres años para presentar su acreditación institucional.
Y a propósito del CNED, la U. Católica propone darle tres funciones específicas para destacar su rol en la educación: encargarle el seguimiento de los sistemas de información institucionales, coordinar el Sistema de Información de la Educación Superior (SIES) y servir de instancia de apelación de las decisiones que adopte la agencia, "para evitar judicialización de las decisiones de acreditación".
Si bien el plantel reconoce que se necesitan cambios, afirma que "esto no significa que deba 'partir de cero', sino que debe capitalizar la experiencia acumulada".
El riesgo de una "sobrerregulación" que vulnere la autonomía
Una institución que emergerá de la reforma es la Superintendencia de Educación Superior, que fiscalizará el cumplimiento de las normas que rigen al sistema. La UC -al igual que gran parte de las universidades- apoya la creación de esta institución y propone que sus autoridades sean elegidas a través de Alta Dirección Pública.
No obstante, critica que en la minuta aparezcan varios instrumentos "para fiscalizar no solo el cumplimiento de la ley, sino que también otras materias que dicen relación con el funcionamiento de las instituciones, que significan una sobrerregulación innecesaria y, en algunos casos, inconveniente, ya que vulneran su autonomía".
Dentro de las funciones de la superintendencia está supervisar la viabilidad académica y el cumplimiento del proyecto educativo.
Sobre estos puntos, la UC sostiene que aunque la superintendencia puede velar por la sustentabilidad financiera, "su competencia para juzgar la viabilidad académica parece incompatible con la autonomía de las instituciones y con las atribuciones de la Agencia de Calidad", que verá la acreditación.
Además, el texto que llegó al Mineduc postula que "no corresponde que una superintendencia fiscalice 'el buen uso de los recursos', ya que eso también podría afectar la autonomía".
Del mismo modo, propone una fiscalización "menos intensiva" para los planteles de mayor trayectoria y acreditación y una más exhaustiva para las instituciones recién creadas o que tengan dificultades de operación.
"Está ausente un análisis más explícito del contexto y trasfondo de la reforma, así como una visión de futuro respecto de lo que se espera del sistema de educación chileno, su tradición histórica y cuáles son los desafíos prioritarios que se deben atender en este ámbito".
