Diario Estrategia
En pleno Festival de Viña del Mar el humorista Edo Caroe recordó cómo parte de su rutina, que Sebastián Dávalos había eliminado toda, toda la información existente en su computador que usaba en su calidad de director del Área Socio-Cultural de La Moneda. Es la fuerza expansiva del caso Caval.
Y a los pocos días el país se entera de que el Gobierno por fin solicitó la renuncia al director Administrativo de La Moneda Cristián Riquelme. Este había sido fuertemente cuestionado precisamente -entre otras razones- por su responsabilidad en la destrucción de la información existente en el computador de Dávalos Bachelet.
Recordemos que después de que se tomó conocimiento de estos hechos la situación se agravó aún más cuando se dio a conocer la existencia del Decreto Supremo 83 de 2005 -del Ministerio Secretaría General de la Presidencia- el cual establece que "la periodicidad con que se realizarán los respaldos de los computadores personales de la institución que estén asignados a usuarios, deberá explicitarse y no podrá ser menor a un respaldo anual". Más aún la "información crítica" de todos los computadores de La Moneda se respalda diariamente, según se supo después.
El cuerpo normativo que regula los delitos referentes a la eliminación de información desde equipos computacionales es la Ley Nº 19.223 que "tipifica figuras penales relativas a la Informática", vigente desde junio de 1993. Dicha ley tipificó una serie de conductas relativas a los medios informáticos e Internet, como también, aquellos delitos cometidos mediante la utilización de estos medios.
El delito de sabotaje informático contemplado en el artículo 1º consiste en la destrucción o inutilización, maliciosamente –es decir con dolo- de un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes, o en impedir, obstaculizar o modificar su funcionamiento. Asimismo, es delito la destrucción o inutilización del soporte físico del sistema informático (hardware)".
Se castiga con la pena de presidio menor en su grado medio –de 541 días a 3 años a máximo de 3 años y un día a 5 años-. Si, como consecuencia de estas conductas, se afectaren los datos contenidos en el sistema, se aplicará esta pena en su grado máximo.
Fue el propio hijo de la Presidenta Bachelet quien solicitó borrar todos los archivos del disco duro horas antes de renunciar a su cargo de director sociocultural de la Presidencia. Así lo declaró Luis Escalona Venegas, jefe de Informática de La Moneda ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por el Caso Caval. También señaló que se le preguntó a Dávalos si quería respaldo de la información y él dijo que no. Quedó con esto acreditado el dolo en la acción de Dávalos.
Según la declaración de Luis Escalona, después de eso nadie habría tenido acceso al computador hasta que fue incautado en marzo de 2015 por el OS9 de Carabineros, a solicitud del Ministerio Público. Esto, en una de las tantas diligencias que solicitó en el marco del caso Caval, en que se indagan presuntos delitos en el proceso de compra y venta de terrenos en Machalí por parte de dicha empresa. El informático declaró también que el equipo fue entregado al OS9 por el director Administrativo de la Moneda Cristián Riquelme.
Como se sabe, no obstante las pericias del OS9 de Carabineros, quienes sólo pudieron recuperar escasos archivos del computador laboral de Dávalos, ya que el disco se encontraba borrado y sin formato. En consecuencia, la única explicación posible es que alguien haya intervenido el equipo. ¿Quién? Todas las pistas apuntan a Riquelme.
Constatado por Carabineros la destrucción de la información, el equipo fue enviado la Brigada del Cibercrimen de la PDI. Esta, en octubre de 2015 finalizó los peritajes que realizó al computador. Según se informó, se pudo recuperar toda la información que estaba dentro y que había sido borrada, quedando así el delito en carácter de frustrado.
A todo esto se suma de que Ciper reveló el pago de más de $417 millones de pesos en 3 años correspondientes a contratos con el Estado de empresas ligadas a Riquelme a través de su cónyuge, las que realizaron negocios con el Estado para vender insumos médicos. Se debe investigar todavía si en estos hechos existen actuaciones ilícitas. Solo una vez terminadas se podrá sancionar al responsable. Pero de ser efectivas las denuncias y haber irregularidades en estas compras que curiosamente fueron efectuadas por trato directo, estaríamos en presencia del delito de tráfico de influencias.
No obstante lo anterior, Riquelme recibió el amplio respaldo de la Presidenta Bachelet. "No solo es una persona de confianza, sino que él cuenta con toda mi confianza, creo que es una gran persona, muy honesta, muy trabajadora, un gran jefe", agregando que "Creo que no hizo nada ilegal, pudo haber cometido errores de no haber estado encima de ciertos procesos que inició, pero que no constató de que estuvieran formalizados", señaló la Jefa de Estado.
Creemos que esto es una demostración más de que el Gobierno no entiende lo que ocurre en el país. No entiende que la reforma laboral si elimina el derecho a reemplazo en huelga podrá traer graves consecuencias a las empresas, no entiende que si impone una negociación interempresa para micro y pequeñas empresas, impone la realidad de una compañía a otra, no entiende que derogar la Constitución Política por otra cuyo contenido no se sabe, afecta gravemente la estabilidad económica del país.
