El Mercurio
Una discusión que se enfocó en las bases económicas de la Constitución vigente y que abordó los aspectos que debiera incluir la nueva arquitectura económica en una futura Carta Fundamental se desarrolló ayer en el seminario "Orden público económico y nueva Constitución", que organizó Clapes UC.
A la misma hora, en CasaPiedra, Icare desarrolló otro seminario sobre la misma materia y también con expositores de alto nivel. Es más, dada la relevancia de la materia, tampoco estuvo ausente de un encuentro organizado por la Sofofa la UDD, donde el economista Óscar Guillermo Garretón también abordó los riesgos de la reforma.
Entre los expositores del primer seminario, estuvieron el ministro del Interior, Jorge Burgos, el director de Clapes UC y ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Varios de los panelistas aseguraron que los cambios que se pretenden dar deben ser ágiles, con el fin de no perjudicar las inversiones en el país.
El ministro Burgos destacó que "constituiría una hipocresía ignorar que existen inquietudes respecto del tema del orden público económico y sus contenidos en una nueva Constitución". Sin embargo, restó dramatismo al proceso.
Burgos dijo que "hay quienes ven en el proceso constituyente una amenaza al tipo de economía que ha caracterizado al país durante los últimos 25 años" y señaló que las preocupaciones "caen en el extremo de una regresión hacia modelos de economía anacrónicos". Y si bien afirmó que la indeterminación de los contenidos es algo natural de todo proceso constituyente, acentuó que hoy "existen antecedentes más que suficientes que permiten desechar la existencia de esa amenaza".
Asimismo, el jefe de gabinete enfatizó que la economía nacional se organiza en torno al mercado y al Estado, y que ambos tienen funciones cruciales en el desarrollo del país. También sostuvo que "la prudencia demanda que entremos en un proceso constituyente, así como la prudencia debe guiar ese proceso".
Descarta partir de cero
El director de Clapes UC y ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, indicó que aún es oportuno preguntarse si es necesario reemplazar la Carta Magna vigente o solo basta con reformarla. Explicó que sería un error "empezar de una hoja en blanco", porque se debe considerar que "la Carta Fundamental de 1980 -que ha permanecido vigente durante los últimos 35 años- ha contribuido al desarrollo de la economía reduciendo la pobreza, que en 1990 era de 40% y que en 2013 se redujo al 15%".
Por esta razón, explicó que parecería "desproporcionado" elaborar una nueva Constitución. "Tenemos un problema de expectativas que consideramos preocupante", sostuvo Larraín al referirse que gran parte de la ciudadanía espera que se solucionen inconvenientes pendientes, como educación o salud, por medio de una nueva Constitución.
Déficit fiscal
El primer panel lo moderó el subdirector de "El Mercurio", Juan Jaime Díaz, y en él participaron el investigador de Cieplan y ex ministro de Hacienda, Manuel Marfán; el director ejecutivo de Econsult, José Ramón Valente; y el abogado Arturo Fermandois. Marfán explicó el caso de la Constitución de Colombia de 1991. Indicó que el texto garantizaba diversos derechos sociales. Sin embargo, a fines de los 90, el Gobierno aumentó su déficit fiscal y esas garantías fueron insostenibles. Marfán advirtió que "las constituciones más garantistas demandan más recursos fiscales, pero no dicen cómo financiar los derechos".
En tanto, Valente afirmó que "hay soberbia" al pretender elaborar una Constitución desde una hoja en blanco en un país que ha decidido estar integrado al mundo que funciona con ciertas reglas financieras.
Para Arturo Fermandois, existiría una coincidencia ciudadana en torno al orden público económico. Sostuvo que es improbable que alguien discuta instituciones tan arraigadas como el derecho de propiedad, la autonomía del Banco Central o el derecho a emprender actividades económicas. Afirmó que las bases constitucionales no deben ser un límite a los derechos económicos de las personas, sino que deben asegurar su libre ejercicio.
El segundo panel lo moderó el decano de la Facultad de Derecho de la UC, Carlos Frontaura, e intervinieron el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y ex contralor general, Ramiro Mendoza; el abogado Javier Couso; y su par Miguel Ángel Fernández.
Mendoza explicó que el peligro y la desconfianza de una nueva Constitución están en que esta incluya muchos derechos sin contemplar métodos para hacerlos justiciables. Para Couso, existe el riesgo de que la Carta Fundamental incluya muchos derechos. "En constituciones fácilmente reformables, una agenda económica demasiado ambiciosa lleva a constantes reformas", sostuvo. En tanto, Fernández planteó que una próxima nueva Constitución debe reforzar el derecho de propiedad y que debe profundizar las libertades.
