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Tras la querella interpuesta el lunes por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra de seis personas involucradas en el caso Caval, entre ellas la nuera de la Presidenta Bachelet, Natalia Compagnon, se abren posibilidades para futuras acciones legales.
"La querella habilita la investigación por un delito tributario, por lo que la Fiscalía debería realizar diligencias específicas para acreditar los hechos constitutivos de un delito tributario. Tras ello, la Fiscalía debiera estar en condiciones de solicitar una formalización en contra de estas personas u otras que considere que forman parte de los mismos hechos denunciados por el SII", explica Marisa Navarrete, ex jefa de litigación penal del SII y ex fiscal.
Además, Compagnon y los otros querellados pueden ser citados a declarar por el Ministerio Público, "pero pueden no declarar nada ni aportar ningún antecedente porque están en su derecho de guardar silencio", acota Navarrete.
El SII acusa a los dueños de Caval (Compagnon y Mauricio Valero) como autores del delito tributario previsto y sancionado en el inciso primero del artículo 97, N°4, del Código Tributario, que guarda relación con la presentación de declaraciones maliciosamente falsas. Si bien arriesgan penas que van desde los 541 días a 3 años y un día, Jaime García, profesor de Derecho Tributario de la Universidad Andrés Bello, dice que "es muy difícil que vayan a la cárcel porque, en este caso, la pena es menor a cinco años. Entonces no hay un tema de cumplimiento efectivo de la pena privado de libertad".
María Elena Santibáñez, abogada penalista de la UC, es más directa: "Todas estas personas van a poder salir con procedimiento abreviado, o en algunas casos hay salidas alternativas, a excepción de los funcionarios públicos".
Informe unánime
Los doce miembros de la comisión investigadora del caso Caval, tanto los parlamentarios de la Nueva Mayoría como de la oposición, aprobaron por unanimidad el informe emitido sobre la compra de los polémicos terrenos en Machalí, que entre sus principales conclusiones determinó que la empresa Caval "era una suerte de empresa de lobby que utilizó sus influencia para generar cuantiosas ganancias, a través del tráfico de influencias y el uso de información privilegiada". El diputado PS Juan Luis Castro dijo al respecto que "hemos estado de acuerdo en respaldar un solo informe que motive a la justicia a perseguir y castigar a quienes usaron el nombre de la Presidenta (Bachelet) para hacer un negocio falaz".
El informe además señala que en el crédito entregado por el Banco de Chile a la empresa de Natalia Compagnon hubo "tráfico de influencias", y se cuestionó el actuar del alcalde de Machalí, José Miguel Urrutia, quien señaló no haberse percatado del cambio de uso de suelo de los terrenos comprados por Caval en dicha comuna de la sexta región. Además se hizo presente una "censura" a la permanencia en su puesto del actual administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, por su responsabilidad en el borrado del computar de Sebastián Dávalos, tras dejar su cargo al mando de la Dirección Sociocultural de la Presidencia.
