El Mercurio
El Gobierno se refirió ayer a la resolución de la Corte Suprema de solicitar directamente a la OEA informar por la situación de los presos políticos en Venezuela (Leopoldo López y Daniel Ceballos; ambos, líderes de la oposición), la cual consideró "sin precedentes, de complejidad, y que va a ser objeto del análisis que corresponda".
Fue el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, quien salió a responder sobre este fallo, haciendo una prevención: "Antes de emitir juicios sobre el fondo, corresponde que analicemos detenidamente dicho fallo".
Igualmente, en el Gobierno explican que precisamente uno de los aspectos que deben cotejarse es precisamente si el Poder Judicial ha intercedido en las atribuciones del Ejecutivo.
La resolución fue emitida el lunes por la Tercera Sala del máximo tribunal que decidió -en fallo dividido de tres votos contra dos- pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que constante in situ el estado de salud y privación de López y Ceballos y luego evacue un informe a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) respecto del cumplimiento de los tratados internacionales sobre la materia.
Los ministros también rechazaron unánimemente el recurso de nulidad interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de la sentencia del 18 de noviembre pasado, donde la Tercera Sala del Máximo Tribunal solicitara -por intermedio del Gobierno- a la CIDH para que acudiera a los recintos donde están los dos presos venezolanos.
Al interior de la Suprema explican que podrían haber notificado directamente del fallo de noviembre a la CIDH, pero que no lo hicieron por respeto al Gobierno.
Esto, porque entendieron que cancillería no tendría problema en tramitarlo, ya que el 24 de julio pasado se les envió un oficio del recurso de protección interpuesto para que se notificara al gobierno de Venezuela. El director de Asuntos Jurídicos (S) de la cancillería, Álvaro Arévalo, no tuvo problema en hacerlo, y les informó que se cumplió la solicitud en los oficios ese mismo día y del 31 de agosto, dirigidos a ese país por intermedio de su embajada.
Expertos: "Extralimitación" entre poderes
Profesores de derecho internacional concuerdan en que hay una interferencia entre los dos poderes. El director del Departamento de Derecho Internacional de la UC, Hernán Salinas, dice que "la representación del Estado la tiene el Presidente de la República, entonces una primera conclusión preliminar me parece que la sentencia interfiere" en la conducción de las relaciones internacionales.
El académico de derecho de la Rutgers University de EE.UU., Jorge Contesse, comenta que "el gran problema que tiene esto es que la Corte Suprema se extralimita en sus competencias y atribuciones constitucionales", y agrega que "yo no veo cómo es posible que la Corte Suprema no pase a través de los canales institucionales para contactarse con la CIDH. Eso no lo había visto nunca".
A juicio de Judith Schönsteiner, académica y directora del Centro de Derechos Humanos UDP, un Estado o una organización no puede obligar a realizar un informe a la CIDH. "Puede sugerirlo, pero siempre la Comisión mantiene su imparcialidad para decidir qué hace y cuál es la herramienta", comenta.
En tanto, el abogado Ciro Colombara -quien ha patrocinado causas en la Comisión- dice que el fallo pone en "una situación inédita a la CIDH, a la que no se ha visto enfrentada hasta ahora, pero ésta decidirá de manera independiente si hace o no lo que la Corte Suprema de Chile le plantea".
Parlamentarios piden mayor coordinación
Dentro del mundo parlamentario hay consenso en la importancia del fallo, pero también piden que haya claridad en las atribuciones por esta materia entre el Poder Judicial y Ejecutivo. "Jurídicamente la Corte Suprema puede dirigir un oficio directamente a la CIDH, y esta no tiene ninguna obligación al respecto", dice el presidente del Senado, Patricio Walker (DC), quien agrega que "me parece que debido a que la Presidenta de la República es quien conduce las relaciones internacionales, es deseable que exista una coordinación de la Corte Suprema con el Ejecutivo".
En tanto, el senador UDI Juan Antonio Coloma cree que "es un cambio copernicano en la defensa de este tipo de DD.HH. Me parece correcto que exista esa defensa, pero no tengo claro si la forma es la más adecuada".
Jorge Sabag (DC), presidente de la comisión de RR.EE. de la Cámara de Diputados, señaló que si bien "hay una contradicción en la forma en que se transmite", llamó al Gobierno a seguir la línea de la Corte Suprema en defensa de los DD.HH. en Venezuela.
Quien preside esa instancia parlamentaria en el Senado, Francisco Chahuán (RN), considera que "es un fallo histórico y que generará un precedente en la protección de los derechos humanos y las libertades públicas".
