El Mercurio
Señor Director:
Recientemente trascendió a la prensa nacional que el Estado de Chile se encuentra presto a firmar un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de DD.HH. en relación con el caso sobre la imposibilidad de que parejas homosexuales contraigan matrimonio.
Tal noticia no ha generado revuelo, a pesar de que plantea serias interrogantes: ¿es legítimo que el Estado trate a puertas cerradas un asunto que interesa al país en su conjunto?, ¿estará el Gobierno accediendo prácticamente a lo mismo que demanda el Movilh?, ¿será este un modo en que el Gobierno utilizaría instancias internacionales para presionar en favor de una política partidista?, ¿no sería ya tiempo de que instituciones de defensa jurídica profesional se encarguen de este tipo de casos en contra de Chile, puesto que son un tema de país que trasciende el interés de un gobierno?
