Señal UC
En Miradas UC, el profesor y abogado de la UC Sebastián Donoso hizo una mirada crítica al conflicto mapuche. Una nueva institucionalidad, acompañada de un cambio cultural en la sociedad chilena, pueden ser claves para destrabar el conflicto. "Prefiero llamarlo 'cuestión mapuche'", asegura el académico, para quien el término "conflicto", conlleva una connotación violenta.
Daños a inmuebles, huelgas de hambre y problemas de gestión política han puesto el conflicto de la Araucanía como uno de los temas centrales de la agenda nacional. Un cambio de intendente y encontradas interpretaciones a la legislación actual aun no han logrado una reconciliación entre los involucrados.
El tema fue analizado en el programa Miradas por la profesora Soledad Puente, quien conversó con el académico de Derecho de la UC Sebastián Donoso. El experto planteó que para comprender la situación hay que dividirla cronológicamente en tres períodos. El primero de ellos ocurrió hace más de 500 años, con la llegada de los españoles a América. Más tarde, con la formación de la República de Chile el conflicto abarcó nuevas dimensiones. Actualmente nos encontramos el tercer período, clave para entender el drama que se vive hoy en la zona. Este período se inicia con la creación de la Ley Indígena en 1993, "la violencia como la conocemos hoy tiene que ver con la forma que se moldeó esta ley", asegura el experto en legislación indígena.
Casos como el de Vilcún, en el que agricultores e indígenas se vieron enfrentados "evidencian lo grave que puede ser que las personas crean que pueden tomarse la justicia por su propia mano, sea en el caso de las comunidades para buscar una reivindicación territorial o los agricultores para defenderse", asegura Donoso.
Más que "conflicto", se debe hablar de "cuestión mapuche", cree el experto en legislación indígena. "No me gusta hablar del 'conflicto', es entrar en la lógica de los medios de resaltar lo negativo; prefiero hablar de 'cuestión indígena', en donde la violencia es un elemento, pero hay que tener otros en consideración. (...) Esto no es un tema de la Araucanía, es un tema de Chile".
Para graficar la disputa, Donoso hace una comparación entre lo que sucede al norte y al sur del país. En el norte la mayoría de las tierras pertenece al fisco –realidad generada post Guerra del Pacífico-, no hay más partes involucradas. En el caso de la Araucanía, las tierras son de particulares descendientes de colonos chilenos y extranjeros. "En el sur, como no puedes obligar legalmente a los particulares a vender las tierras, se recurre a hechos violentos", explica el profesor.
El tema de la tierra es uno de los tópicos centrales de la Ley Indígena. Según el académico, la ley sitúa a la tierra como "el fundamento principal de la existencia y cultura de los pueblos indígenas", lo que fomenta una legislación poco flexible. Para él, esta es una ley 'atrevida' ya que de por sí es difícil establecer con claridad el "fundamento principal" de una cultura. Aun así Donoso piensa que la tierra es uno de los puntos centrales de la cuestión, "especialmente para grupos humanos que han desarrollado a una vida relacionada a la tierra en un estado natural".
Otros puntos de la cuestión son las obligaciones que debe cumplir el Estado a raíz de la Ley Indígena. Una de ellas es su deber de proteger las tierras indígenas, lo que establece determinadas limitaciones para los dueños de estas. Los poseedores de predios indígenas no podrán venderlos a terceros no indígenas, darlas en comodato o prendarlas a un banco. La propiedad de las tierras se establece como "colectiva", o sea, de toda la comunidad. Esto, para Donoso, genera que "la comunidad, que tiene poco que hacer con la tierra, llegue a acuerdos informales con terceros".
En la legislación también se establece que es el deber del Estado el ampliar las tierras indígenas. Esto se hace a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, institución que posee un fondo de 115 millones de dólares para comprar tierras a particulares y entregárselas a indígenas. En su estatuto, se establece que la CONADI tiene la facultad de "financiar mecanismos que permitan solucionar problemas de tierras". Para el académico lo difícil es establecer con claridad qué es un problema. "Es un problema una toma de un campo? Sí ¿Es un problema que el aeropuerto de Temuco no pueda inaugurarse porque una comunidad indígena se lo toma y dice a la CONADI 'yo tengo una reivindicación histórica que usted no me ha respondido'; eso es un problema, sí".
"La ley indígena genera un incentivo perverso a la violencia en la medida que las comunidades saben que su demanda tiene una respuesta más rápida si se genera un problema, en donde la violencia juega un rol clave", dice Donoso.
Para solucionar la disputa, el abogado fija tres puntos clave, partiendo por la formación de una nueva institucionalidad.. Donoso cree en la creación de "mecanismos de dialogo entre el Estado, los indígenas y la sociedad civil". Según él, los indígenas quieren dialogar con altas autoridades, no con funcionarios, lo que fomenta la violencia para lograr tal objetivo. Para evitar esto se hace esencial la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas. Y piensa que los pueblos originarios también "tienen el desafío de cómo representarse ante el Estado y el resto de la sociedad". El segundo punto corresponde a la representación legislativa que tienen los pueblos indígenas en el Congreso. Donoso toma en cuenta la constitución del pueblo chileno, la que consta con un 10% de indígenas, por lo que para él es necesario que haya parlamentarios que representen a ese fragmento de la sociedad. La arista cultural completa el triángulo de medidas que para el abogado son necesarias para destrabar la cuestión indígena. "Chile tiene un problema con el tema indígena; hay una división en la sociedad, oscilamos entre el más profundo desprecio y la mayor idealización de los pueblos indígenas. Así nos va a costar mucho reconciliarnos como país", advierte Donoso.
El tema de fondo va más allá de las leyes, cree el profesor. "La gran mayoría de los chilenos no está orgulloso de sus raíces indígenas". Para revertir esto el docente cree esencial fomentar una educación que promueva la integración entre los chilenos.
