Diario Estrategia
Tal como habíamos advertido desde estas páginas, la investigación en contra del nuevo Fiscal Regional de Antofagasta Alberto Ayala, por los presuntos delitos de revelación de secretos y tráfico de influencias fue sobreseída. Se trataba de la investigación de la supuesta filtración que habría realizado dicho Fiscal, en ejercicio de su cargo, en medio de los casos Penta y Soquimich al entonces Ministro del Interior Rodrigo Peñailillo. Si el Fiscal Ayala no fue ¿quién hizo entonces las filtraciones? Probablemente uno de los jugadores de las sillas musicales que algunos fiscales ocupan al interior del Ministerio Público donde, estando prohibida la reelección de un fiscal regional después de expirado su período de ocho años, se elude dicha norma eligiéndolo en ese mismo cargo pero en otra región, rotando así el cargo en todo el país. Para esto, deben tener algún nexo o cercanía con el fiscal nacional pues es éste quién los nombra a su arbitrio, desde una terna para postular al cargo que elabora la Corte de Apelaciones respectiva, en la cual no resulta difícil tener cabida.
Pero mencionemos otros antecedentes. Esta investigación se inició después de las declaraciones del ex subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas. Éste señaló que la información habría sido filtrada directamente por un fiscal, lo que habría motivado los reclamos del entonces Director del Servicio y también parte inhabilitada para conocer de esa investigación, Michelle Jorrat. Era evidente que el proceso sería sobreseído porque no se ordenó una investigación administrativa en forma previa a la investigación criminal. Con esto se buscó ayudar al Fiscal Ayala, ya que para lograr una condena en materia penal se requiere un estándar de prueba mucho más alto que para establecer la responsabilidad administrativa. ¿Quién lo ayudó? Basta leer en Internet y constatar que la opinión pública apunta como responsable al saliente Fiscal Nacional Sabas Chahuán. Es que quién estuvo a cargo de la investigación al Fiscal Ayala fue el prosecutor Manuel Guerra Fuenzalida. El sobreseimiento se produjo el 26 de octubre pasado y con fecha 13 de noviembre pasado éste fue designado como nuevo Fiscal Regional Metropolitano Oriente por los próximos 8 años.
Quién lo designó en este cargo fue Chahuán. El "premio" se lo entregó éste rápidamente antes de entregar el cargo. La carrera del fiscal Guerra tenía méritos para tal designación, pero el apresuramiento en deja en claro el esfuerzo de Chahuán por proteger a los verdaderos responsables de las filtraciones, las que son constitutivas de delitos tan graves como los de revelación de secretos y posible tráfico de influencias. Por otra parte, también se debe considerar que el 8° Juzgado de Garantía de Santiago adelantó para el 27 de noviembre la audiencia de procedimiento abreviado en contra del ex Senador de la UDI Jovino Novoa por presuntos delitos tributarios -financiamiento irregular de algunas campañas políticas, la cual inicialmente estaba prevista para el 4 de diciembre. El cambió de la audiencia se decretó a petición de las partes, porque Chahuán en esta última fecha ya habría dejado su cargo. ¿Por qué este involucramiento personal?
El mismo Fiscal Chahuán aseguró que ex Senador Novoa no se expone a penas de cárcel. Esto después de haber afirmado inicialmente que los delitos tributarios contemplaban severas penas de prisión, fundamentando en éstas el arresto domiciliario total como medida cautelar. ¿Por qué este cambio de criterio? ¿Por qué lo expuso al escarnio público y ahora desea establecer personalmente que los hechos imputados no tenían tal gravedad?
Recordemos además, que en una decisión muy cuestionada, el Fiscal Chahuán decidió asumir personalmente la investigación. En efecto, el cargo de Fiscal Nacional es de designación del Presidente de la República, a propuesta de una quina de la Corte Suprema y con acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. Por tanto, quienes participaron en su elección son personas que en los casos mencionados se encuentran ligadas directa o indirectamente y en ellos el Fiscal Chahuán decidió intervenir directamente.
Se pone en duda entonces la independencia y la autonomía del Ministerio Público. Y surge la interrogante de por qué "se interviene" la labor de los fiscales a cargo de estas investigaciones, quedando sin resolver las causas de las filtraciones en estos casos. No cabe duda que todos estos hechos causan un enorme daño al Ministerio Público y al sistema de persecución penal en general. Esperemos que el próximo Fiscal Nacional ya electo sepa revertir estas conductas. Una nueva lección de este caso es que se necesita crear un órgano independiente al interior del Ministerio Público para que investigue este tipo de irregularidades. Quién investiga a un par, debe ser al menos su superior jerárquico, ya que de lo contrario no puede realizar una labor independiente.
